Hay más de 150 casas de alojamiento que no tributan
Una ordenanza que cumple ocho años estableció el marco normativo para el alquiler de viviendas, departamentos y habitaciones para turistas, reformulada y profundizada a fines de 2014. Una actividad irregular que implica muchos ingresos para sus propietarios pero poco para el Estado.
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La semana pasada, La Opinión reveló que el 60 por ciento de los establecimientos dedicados al alojamiento turístico carecen de habilitación, por lo que no tributan lo que corresponde al Estado por la actividad lucrativa que desarrollan. Por ineficiencia e ineficacia del registro y control o a causa de la burocracia y la falta de planificación las consecuencias las pagan los que están en regla.
San Pedro era una marca turística codiciada y pese a sus falencias lo sigue siendo. La nueva gestión tiene la difícil tarea de registrar, concientizar y controlar que los servicios que se prestan sean adecuados y que generen mejores igresos para que con dinero municipal se puedan encarar nuevos planes.
Los datos del relevamiento que hizo la Dirección de Turismo que conduce Pablo Ojea señalan que son alrededor de 160 las viviendas, departamentos o habitaciones de familia.
Entre los alrededor de 100 establecimientos dedicados a alojar turistas, el Gobierno calculó alrededor de 3 mil plazas que no están habilitadas y que forman parte de ese porcentaje que nunca se acercó a la Municipalidad. Tampoco la comuna en las sucesivas administraciones fue capaz de ordenar el sector y por ese motivo transferir la responsabilidad al contribuyente ha sido el hábito para justificar la inacción y el argumento “no pagan, no podemos prestar servicios”.
Hace algunos días la propietaria de un importante emprendimiento relató las vicisitudes por las que pasó para obtener su habilitación y contar con las constancias que acrediten las normas de seguridad. Aún teniendo sus papeles en orden soporta la competencia desleal de quienes no cumplen con requisito alguno.
Entre esos alojamientos “en casas particulares” hay algunos que cobran alrededor de 6500 pesos por entrar el sábado y salir el domingo, sea la cantidad de personas que sea para ocupar el espacio disponible -puede ser entre dos y 12, por ejemplo-, que pagarían alrededor de 3 mil pesos anuales si estuvieran habilitados, es decir menos de la mitad de lo que perciben por un solo fin de semana de ocupación.
Relevamiento y registro
Los datos que obran en la Dirección de Turismo indican que entre casas, departamentos y habitaciones en viviendas familiares, hay 156 emprendimientos de “alojamiento turístico alternativo”, tal como los denomina la ley nacional. Ello implica una capacidad de alojamiento de alrededor de 736 plazas que no tributan.
El Registro de viviendas y/o habitaciones destinadas al hospedaje de turistas fue creado en 2007, con el objetivo de poner en marcha un servicio de información e imponer una serie de requisitos fundamentales para la explotación lucrativa: ser titular dominial y no poseer deudas por tasas.
Eran tiempos en los que el crecimiento de la ciudad turística que propuso la gestión de Mario Barbieri era exponencial y el Estado se proponía, al fin, intentar un ordenamiento de los pequeños emprendimientos irregulares que nacieron al calor de las grandes inversiones.
El año pasado fue sancionada una modificación necesaria, tras notar que los establecimientos que quedaban enmarcados en esa denominación eran excluidos de la oferta turística oficial porque no cumplían con los mecanismos mínimos que exigen las leyes vigentes a nivel nacional y provincial.
Requisitos que nadie cumple ni controla
Al registro de 2007 se sumó, siete años después, la creación de un “reglamento”, que estableció tres clases con sus categorías, y definió: Casa, una única vivienda en un lote; casa quinta, una única vivienda en un lote, ubicada fuera del radio urbano; departamento, una o más unidades en un mismo lote, con patio y servicios compartidos; dormitur, habitación con baño privado, entrada independiente, pudiendo brindar otros servicios complementarios; habitación en casa de familia entrada y servicios compartidos, con baño privado o no, sin servicios complementarios.
La ordenanza señala que todos los inmuebles destinados a prestar servicios de alquiler temporario que se publiciten y/o comercialicen por cualquier medio deberán estar habilitados y registrados en la Dirección de Turismo.
Deben contar con libro de registros de pasajeros y de quejas. Seguro de responsabilidad civil por un monto no inferior a $ 350.000, con póliza endosada a favor del Municipio.
Además, prevé una serie de requisitos que sirven para que el turista pueda exigirlos cuando contrata, como la presencia de un botiquín, de agua para consumo, de equipo contra incendios y luces de emergencias, un baño por lo menos cada seis huéspedes, y cocheras, entre otras cosas.
Deben tener, por supuesto, registro en Afip y Arba, y la habilitación municipal debe estar, sí o sí, en temporada alta, desde el 20 de noviembre al 30 de abril, para no ser objeto de sanciones.
“Una vez habilitado cada establecimiento, deberá abonar la tasa de seguridad e higiene, y cumplimentar el pago de los vencimientos trimestrales y/o con cualquier otro requisito que en el futuro se establezca”, señala la norma.
Además hay un exhaustivo detalle de las comodidades que debe tener cada clase y categoría, desde los colchones, las camas, las sillas, la vajilla, entre otros elementos.
Faltan otros controles
Como ya detalló este semanario en ediciones anteriores, el descontrol en el exbalneario no cesa, ni siquiera después del ordenamiento que se impuso para el festival Mastai, cuando ese espacio público fue cerrado.
El fin de semana pasado pudo verse fuego de noche, algunas carpas, los baños abiertos y sin empleados que lo resguarden.
