Vecinos de la zona del barrio Hermano Indio, que a diario sufren el accionar de bandas delictivas que aslatan, roban y hasta usurpan viviendas, enviaron a la redacción de La Opinión más imágenes de niños y adolescentes posando con armas, que se exhiben en las redes sociales.
Fue luego de que este medio publicara la historia de un chico de 12 años que posó con un revólver calibre 38, considerado "arma de guerra" por la ley, lo que provocó una denuncia del secretario de Seguridad Eduardo Roleri y dos allanamientos negativos en el barrio, en busca del arma.
En las capturas de pantalla que remitieron vecinos aparecen otros adolescentes que posan con pistolas, escopetas, tumberas y otras armas de fuego. Quien recorra sus muros de Facebook se encontrará con celebraciones de asaltos y alusiones al consumo de drogas.
“Todas las noches lo mismo. No se puede más con esta gente”, repiten los vecinos, que hablan de casa quemadas, de puertas “reventadas a tiros”, de disparos a toda hora, de televisores, carteras, computadoras, celulares, motos, bicicletas y un sinfín de elementos robados dentro y fuera de los límites del barrio que alimentan el consumo de estupefacientes, los mismos que, a fin de consumir y pagar sus dosis, se enrolan en las redes de distribución de drogas.
“Son una banda en el Herman Indio. Viven robando carteras, de todo. Hay menores y mayores”, contó una mujer que los sufrió, los denunció y vive atemorizada. Otras personas de la zona señalaron lo mismo. Incluso hablan de tres bandas enfrentadas entre sí.
Se trata de niños y adolescentes cuya trayectoria de vida está signada por la violencia, la falta de horizonte, la imposibilidad de soñar una realidad que no sea aquella en la que están inmersos sin que nadie –o casi nadie, para ser justos– se acerque a contarles que otro mundo es posible.
En general, la única respuesta del Estado es la policía. En el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, organismo que depende de la Secretaría de Desarrollo Humano que conduce la trabajadora social Karina Chiarella y cuyo coordinador es su hermano, Andrés Chiarella, suelen decir que necesitan "un oficio judicial" para intervenir.
La ley dice que deben “facilitar que el niño que tenga amenazados o violados sus derechos acceda a los programas y planes disponibles en su comunidad” y que es de su competencia “recibir denuncias e intervenir de oficio ante el conocimiento de la posible existencia de violación o amenaza en el ejercicio de los derechos del niño” y “planificar y supervisar las alternativas tendientes a evitar la separación del niño de su familia o guardadores o quien tenga a su cargo su cuidado o atención”.
