Hay embarazadas que abandonan controles porque no tienen para pagar los análisis
Todos los estudios que no se practican en el laboratorio local deben pagarse. Las embarazadas son informadas acerca del costo y de que hay mecanismos para acceder de manera gratuita. Aun así, muchas dejan de asistirse, con los riesgos que ello implica. El Servicio Social interviene cuando los médicos advierten la situación, algo que no siempre pasa. El programa Sumar garantiza la gratuidad.
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Aunque el Estado nacional garantiza desde 2004 todas las prestaciones médicas priorizadas para bebés, niños, adolescentes y adultos sin recursos, que carecen de obra social, una preocupación vinculada a una gran cantidad de embarazadas que no cumplen con ciertos análisis, instalada entre profesionales de la salud atentos a su trabajo que ven que hay otros que no lo están tanto, reveló que por falta de dinero hay prácticas elementales y obligatorias a las que esas futuras madres no se someten.
En el último año hubo varios casos que ganaron estado público porque terminaron en muertes o abortos espontáneos que pusieron en riesgo la vida de las mujeres. En cada uno de ellos había un denominador común: la falta de controles. Por lo general, porque la propia paciente deja de ir al Hospital o los Centros de Salud, lo que implica además que no hubo quienes se percataran de ello para poner en marcha el protocolo previsto.
Profesionales preocupados
Entre los profesionales de la salud que tienen un seguimiento ordenado y concienzudo de sus pacientes surgió la alerta tras detectar embarazadas que dejaron de ir a control porque no se habían hecho algunos análisis obligatorios. Se trata de prácticas que no se hacen en el laboratorio del Hospital y que se envían a uno fuera de la ciudad.
Ello significa que tienen un costo extra y que son prestaciones no cubiertas por el programa Sumar, creado como Nacer en 2004 y ampliado en 2012, que garantiza cobertura médica pública en todo el país y mediante el cual el Estado nacional inyecta recursos en los hospitales públicos.
Como hay que pagarles a los laboratorios, se les informa a las pacientes el costo –que deben abonar ellos– del análisis en cuestión. En el listado de más de 150 estudios que no se hacen en el laboratorio público están los precios: van de 45 a 1500 pesos, los hay de 65, de 100, de 130, de 290, de 350, de 1200.
En el sistema de salud pública local hay mecanismos para garantizar que quienes no pueden hacer frente al pago accedan de todas maneras. Sin embargo, algo falla.
Problemas presentes y futuros
El programa Sumar garantiza diversas coberturas. Entre ellas, los controles prenatales a embarazadas. Hay análisis que son fundamentales para detectar cualquier problema que pueda surgir mientras cursan el embarazo o una vez que nacieron los bebés.
Toxoplasmosis es uno de ellos. En San Pedro no se hace, por lo que hay que enviarlo a un laboratorio en Buenos Aires. Entonces, hay que pagarlo; porque Sumar no lo cubre. Cuesta unos 55 pesos. “La gente que no tiene para comer no los paga”, aseguró uno de los profesionales que expresó internamente su preocupación por el tema.
Si la embarazada no tiene los análisis, no irá al control. Su embarazo puede estar en riesgo y no lo sabe. Si hay alguna enfermedad que podría haberse evitado, será otra vez el sistema de salud pública el que deba hacerse cargo, porque allí irá la madre con su niño a atenderse.
“Hay gente que tiene que contar la plata para ver si los hijos comen de noche. No se les puede preguntar si tienen 50 o 100 pesos para pagar un análisis”, reflexionó una médica.
En la calle, un joven que espera junto a su pareja su primer hijo le dijo a La Opinión: “Necesito ayuda. Mi mujer tiene que hacerse unos análisis, porque está embarazada. No sabemos bien para qué son, pero valen como 100 pesos. Yo cobro un decreto de 4000, pago 2500 de alquiler, no llego a fin de mes”.
El protocolo para garantizar el acceso
Para estas prácticas que no se hacen a nivel local, es decir que no se pueden cargar al programa Sumar –que funciona como una especie de obra social para el pago desde Nación al municipio–, hay un protocolo que permite el acceso gratuito, solventado por el Estado local.
“Toda práctica hospitalaria la cubre el plan Sumar. Lo que es extra, si la gente no lo puede pagar, lo paga la Municipalidad. Muchas cosas las autoriza la cooperadora y lo paga”, explicaron desde el Estado local personas que trabajan directamente con el tema.
Para ello, el caso debe llegara a las trabajadoras sociales, quienes hacen una visita al hogar de la paciente, en el caso de los análisis para embarazadas, confecciona un informe social y lo eleva a la Dirección Administrativa del Hospital o a la Secretaría de Salud si la asistencia fue en un centro de atención primaria; una vez autorizada la práctica, se envía al laboratorio, que factura al municipio.
“Siempre y cuando se las detecte; porque, si los casos no llegan a las sociales, la gente no se las hace”, explicaron quienes conocen el mecanismo de cerca.
La preocupación de profesionales que son prolijos y están atentos a lo que denominan su “fichero cronológico” es que hay colegas suyos que no cumplen con el protocolo previsto.
Es decir que hay médicos que no hacen el seguimiento que les corresponde. Los controles son uno al mes al principio del embarazo y cada tres luego. El protocolo, cuando se detecta que alguna paciente faltó, es pedir las visitas sociales, para que intervengan las asistentes.
Las prácticas, entonces, podrían ser siempre gratuitas para quienes no pueden pagarlas. El problema es que mucha gente no sabe, se va a la casa sin hacerse el análisis y nadie se ocupa de que se enteren que es gratis.
El elefante del Estado
En los centros de salud la situación es más complicada aún. Allí se toman las muestras de sangre para los análisis, pero los pagos sólo pueden hacerse en el Hospital. “Si no fuiste antes de las 10.00, se pierde, lo tiran. Las enfermeras dicen que ellas no pueden manejar plata”, contó una mujer que sabe cómo funciona.
“El sistema falla porque hay muchas vueltas”, reconocen quienes forman parte. Las trabajadoras sociales, por ejemplo, no van todos los días al mismo centro de salud. Incluso a algunos van una vez por semana.
Así, la capacidad del Estado para garantizar el acceso a la gratuidad de las prestaciones se ve reducida.
Un ejemplo: si una embarazada va a un control y le dicen que tiene que hacerse un análisis que cuesta 150 pesos y no lo puede pagar, tiene que esperar a la semana siguiente a que llegue la trabajadora social, la visite y haga el informe social; una semana más tarde, ese expediente llegará a la Secretaría de Salud; otra semana más habrá que esperar para que la profesional regrese con la autorización, para que luego la paciente se someta a la extracción de sangre, que irá al laboratorio de Buenos Aires, llegará una semana después, que es cuando le avisarán a la embarazada que debe ir al Hospital –desde el Bajo Tala o Las Canaletas, por caso, en remis, moto o lo que pueda– para pagar y luego recién recibir el resultado para ir al control.
