Hartos de la inseguridad, en la zona rural apuntan a la fiscala Ramos

En las últimas semanas, los casos de inseguridad en la zona rural volvieron a ser materia de debate, sobre todo porque quienes habitan en el campo, hartos de situaciones con las que conviven a diario, retomaron la vía del reclamo ante las autoridades a raíz de hechos graves que sucedieron y sobre los que no obtuvieron las mejores respuestas.

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Primero fue una reunión con el comisario Alejandro Pildain, titular del Comando de Prevención Rural, quien comprometió refuerzos para los patrullajes. Aunque provisorio, el arribo de más efectivos para reforzar la tarea, fue tomado con beneplácito por los productores.

Luego, los señalamientos apuntaron a la Justicia, en especial a la fiscalía que conduce Viviana Ramos. Una serie de episodios tuvieron lugar en su turno. Uno de ellos colmó la paciencia de las víctimas, que ven en la burocracia judicial un escollo para la resolución de una problemática que, desde hace unos años, todos observan que desemboca en un mismo lugar: el barrio La Tosquera, donde aseguran que van a parar los animales faenados que son robados en los establecimientos.

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Vacas, toros, novillos, terneros, chanchos, aves de corral, herramientas de mano, plantines, alambrado, arros, ruedas, palos… cualquier cosa les viene bien a los ladrones, que suelen actuar de noche, pero a los que se los ve de día a campo traviesa, con perros y armas, en plan de caza, como si estuvieran en territorio habilitado.

Los relatos al respecto son recurrentes: a toda hora se ve cruzar a caballo a personas armadas que pasan acompañados por decenas de perros. Cuando se les advierte que llamarán a la Patrulla Rural, huyen. En algunas ocasiones, ni siquiera: contestan mal y hasta amenazan a quienes se les acercan para advertirles que están en una propiedad privada y que ello implica violar leyes vigentes.

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La semana pasada, un caso despertó la bronca de los productores: hubo dos detenidos que fueron liberados y a quienes les devolvieron la carne recién faenada que llevaban encima, porque desde la UFI 11 que conduce Viviana Ramos consideraron que no se podía establecer que fueran los animales que un productor buscaba junto a la policía tras ser víctima de un robo en su campo.

Todo comenzó tras el saqueo en el establecimiento de un productor en la zona del paraje Tablas. Los delincuentes pasaron por dos campos vecinos, robaron herramientas y un caballo, cortaron los alambrados y se llevaron tres vacas, seis terneros y un toro. Es la tercera vez que entran en su campo. Como cada vez que roban, llovía, es decir que las camionetas de la Policía y de los propios productores tienen dificultades para circular. Esta vez hubo hasta disparos de armas de fuego.

El productor siguió los rastros: desde la zona del aeroclub hasta La Tosquera. Las huellas estaban. Se llevaron los animales arreándolos. Estiman que ese recorrido puede haber durado alrededor de tres horas.

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El productor recorrió el barrio La Tosquera en busca de sus animales. “Tengo 40 vacas, hace tres años que empecé con esto y me llevaron el 10 por ciento de la producción. Para comprar el toro, hace dos meses, vendí seis terneros”, contó.
Los productores ahora también son detectives. Tienen que salir, con el riesgo que ello implica, a recorrer espacios donde se considera que están los delincuentes que les roban sus animales.

En el recorrido por la zona rural de La Tosquera, en inmediaciones de la fábrica papelera, hallaron rastros que daban cuentas de que habían arrastrado animales por entre el sembradío. Luego, encontraron a dos hombres con carne de una faena reciente.

La Policía Rural interceptó a dos personas, un mayor de edad y un menor, que iban en una moto, que luego se estableció no tenía la documentación en regla. En su poder llevaban bolsos en cuyo interior, en bolsas negras de residuos había carne.

Eran partes de un animal recién faenado y la sospecha fue que se trataba del ganado robado en el paraje Tablas. Incluso, la Policía Rural logró dar con un domicilio en el que estaría el resto de la carne correspondiente a los animales que le habían llevado al productor, que los acompañaba.

Juan Carlos Quinteiro, el propietario de los animales, fue a la Fiscalía luego de que la Policía Rural detuviera a dos personas con animales faenados. Le dijeron que como había un menor, no podía intervenir. Que fuera a la sede del Comando. Ahí estaban los delincuentes y la carne.

Desde la UFI 11 que conduce Viviana Ramos, en turno para la actuación judicial, les informaron que no podían acceder a la detención del mayor de edad porque no se puede certificar que esa carne sea de procedencia ilícita y mucho menos que se trate de los animales robados.

“La Fiscalía les dice que no los pueden detener porque no se sabe si son esos los animales. Es indignante”, se quejaron los productores rurales en grupos de WhatsApp en los que compartieron el hecho.

Para colmo de males, Fiscalía no sólo ordenó la liberación de los aprehendidos sino que además dispuso que se les restituyera la carne que se les había secuestrado, puesto que no consideraron que hubiera elementos para establecer que fueran parte de un hecho delictivo.

“La gente está podrida. El dueño de las vacas fue a Fiscalía, anduvo toda la mañana recorriendo los campos con la policía a ver si encontraba sus animales y todo termina en esto. La Policía Rural hizo su tarea, pero después todo terminó mal en la Justicia”, se quejaron productores.

“Resulta que el dueño de los animales tiene que salir a buscar a los chorros por los campos y la mujer se tiene que ir a ocupar de todo el papelerío, porque si los encuentran y no estaba la denuncia los liberan, y encima les devuelven la carne. Es indignante”, se quejó otra vecina de la zona rural.

Las quejas llegaron a las más altas esferas del gobierno y la Sociedad Rural de San Pedro, que preside Edgardo Salmoiraghi, emitió un comunicado en repudio de lo sucedido en relación al caso que titularon “¿Sólo ineptos?”.
“La policía cumple su función, pero al comunicarse con representantes de UFI 11 reciben como respuesta la exigencia de una denuncia que los propietarios no llegaron a formular antes, tal vez descreídos de alguna posibilidad de reacción”, indicaron.

“Los productores siguen llegando a la conclusión de que nadie podrá cuidarlos y se alejan. Los delincuentes comprueban una vez más que la política y la Justicia están de su lado”, cuestionaron desde la entidad.

Esperaban un ADN de la carne y el cuero, alguna acción que desde la Justicia les genere confianza y ganas de seguir. El relato acerca de lo que saben que les sucedería a los productores si son ellos los que circulan con animales sin la guía de ganado correspondiente resulta irrisorio: a ellos sí los retienen, los multan, les confiscan los animales.

Si llueve, hay miedo. Pasa en todo el distrito, en todas las zonas: desde El Descanso a Tablas, desde La Celina a Río Tala. Y todo, aseguran, va al mismo lugar: a La Tosquera, donde las huellas se pierden y con ellas los animales. Como en todo delito relacionado con cosas robadas, hay quien roba y hay quien compra el resultado del ilícito. Y eso tampoco se investiga.

El sábado a la mañana encontraron un caballo muerto y despellejado en la zona de ruta 1001.  Sospechan que fue robado. El domingo al mediodía apareció una vaca recién faenada en otro campo. Entre los ganaderos dijeron que la denuncia seguro sería radicada cuando cambie el turno de Ramos, aunque la asignación de la causa depende de la fecha en la que se comete el delito, por lo que de todas maneras le tocaría a esa fiscala. La misma que aún no entrega el informe oficial de lo que robaron en el edificio en Abril.

El sábado, Sin Galera logró comunicarse con la titular de la UFI 11 para solicitarle una nota al aire, tras hacer lo propio con productores, que expresaron sus quejas. Prefirió no responder preguntas durante el programa y dijo que ya había sentado su posición en otros medios, durante la semana: que hubo errores en el accionar de la Patrulla Rural, que el productor no hizo la denuncia antes de la detención de las dos personas, que el fuero de responsabilidad penal juvenil era el que debía intervenir, que ella no intervino de manera directa porque, una vez más, no estaba en San Pedro y actuó una instructora con la que se contactó por teléfono. Más o menos las mismas excusas de siempre.

Mientras tanto, en el campo la gente se conecta vía WhatsApp para avisarse cuando alguien pasa por su predio, instala cámaras de seguridad que al fin y al cabo sirven para la indignación de ver cómo el fruto de su trabajo cotidiano se va a manos de los delincuentes.

Algunos están armados y dispuestos a hacer uso de esas armas. La semana pasada, una viverista salió con una escopeta porque vio gente en su campo. “Estoy podrida”, dijo. A los pocos minutos, la Patrulla Rural encontró a una persona a caballo con similares características a la que señaló la mujer. Eran las 11.30 de la mañana. Uno de los jinetes se dio a la fuga. El otro fue interceptado por la policía. Era un hombre de 36 años domiciliado en Río Tala. Llevaba ocho perros galgos. Se le labró un acta en la que se le recuerda que no puede cazar sin autorización del propietario del campo y que está prohibido el uso de galgos para cazar liebres. Firmó el acta, recuperó sus perros, su caballo y se fue.

En el campo quedaron los productores, que decidieron radicar la denuncia penal por el caso. Allí dejaron asentada la necesidad de una amplia investigación, porque entienden que las personas que ingresaron a su propiedad podrían tener intenciones de cometer ilícitos, que a la noche escuchan sonidos extraños y que temen por su integridad física. Así viven en San Pedro los productores rurales.