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viernes, abril 23, 2021

Habrá reclamo en la Justicia por la falta de aumento para concejales

Un grupo de exediles impulsa la medida. Se trata de personas que se jubilaron como tales y que en el último año no percibieron aumento, a raíz del decreto de Giovanettoni que creó la categoría cero. Exfuncionarios que también gozan del retiro tampoco habían cobrado y ahora, con el nuevo régimen, gozan de un incremento importante. Dudas sobre futuros reclamos por la falta de pago de la antigüedad.

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La dieta de los concejales está congelada en 25.772,93 pesos desde que Fabio Giovanettoni creó la categoría cero para calcular el sueldo del intendente y de los representantes del cuerpo deliberativo. Ello implicó que además de los ediles en funciones, los jubilados tampoco vieran reflejado en sus haberes los aumentos que perciben los trabajadores municipales.

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En San Pedro, los concejales cobran el máximo posible de dieta, 3,5 veces el salario mínimo de un trabajador ingresante con 40 horas. Desde el decreto firmado el año pasado, esa categoría cero queda “desenganchada” de los incrementos, lo que valió quejas diversas.

En principio, aunque sin hacer mucha alharaca, los ediles en funciones no vieron con buenos ojos la reducción. El presidente del HCD Mario Barbieri -quien al igual que Rodolfo Trelles no cobra dieta pura sino un porcentaje de dos tercios por ser docente jubilado- señaló que no computar los aumentos implicaría además resentir las cuentas del cuerpo, que se calcula en base a lo que cobran sus miembros.

Si mucho se discutió sobre lo que deben percibir en concepto de “indemnización” los representantes del pueblo en el poder deliberativo, poco se dijo respecto de cómo impactaba la decisión de no aumentar las dietas en aquellos que tienen su jubilación ligada a sus años en una banca.

Un grupo de ellos, asesorados por un abogado de afuera y una profesional local, irán a la Justicia para reclamar los porcentajes caídos que no percibieron.

Judicializarán el reclamo

Los exconcejales que están jubilados y tienen sus haberes relacionados con sus años de banca que manifestaron su queja lo hicieron primero ante el bloque del PJ-Frente para la Victoria, desde donde su presidente Rodolfo Trelles confirmó las conversaciones al respecto.

Trelles señaló que “muchos se jubilaron con aportes mínimos” y que en la actualidad “cobran alrededor de 9 mil pesos” promedio. Para el presidente del bloque, se trata de una situación complicada que deberá dirimir la Justicia.

Los jubilados entienden que el decreto de Giovanettoni que perjudica sus haberes violenta el principio de movilidad de los retirados, el que tiende a la conservación del poder adquisitivo de los agentes pasivos y que está consagrado en la Constitución.

Con esos argumentos, los exconcejales que dejaron de cobrar aumentos desde que se creó la categoría cero irán a la Justica en procura de restitución de los montos que dejaron de percibir por el congelamiento de las dietas.

Una biblioteca para cada lado

Como en cada tema que concierna a la disputa judicial, hay posiciones de uno y otro lado del entuerto. Este caso no escapa a la regla. Se nota al revisar la amplia jurisprudencia que existe en relación al debate sobre la movilidad jubilatoria y su vinculación con salarios que puedan haber sido reducidos.

Si se entiende a la garantía de la movilidad de los haberes jubilatorios en conjunción con los principios de indemnidad y progresividad, es cierto que no se admite otra interpretación que no sea preservar o mejorar esa remuneración a percibir, que fue definida de acuerdo a la asignada al mejor cargo tomado como base al momento de otorgarse el beneficio.

Del otro lado, hay jurisprudencia que define la necesidad de que exista “proporcionalidad entre los sueldos del personal activo y los haberes de los pasivos razón por la cual deben considerarse no sólo los aumentos sino también las reducciones” o, como en el caso en análisis, los congelamientos.

De este lado del mostrador, el análisis es, por un lado, que hay que garantizar la subsistencia del sistema previsional. La Corte Suprema de la Provincia tiene como doctrina que “la garantía de movilidad debe traducirse en una razonable proporcionalidad entre la situación de jubilado y la que resultaría de continuar el afiliado en actividad”. De la misma manera, la Corte nacional ha sostenido invariablemente que “debe existir un necesario equilibrio entre la remuneración de quien está en actividad y los haberes de la clase pasiva”.

Otros reclamos posibles

Quienes se jubilaron como exfuncionarios -secretarios y directores- tampoco gozaban de aumentos desde 2013. Era política de Guacone no darles aumentos a los funcionarios, al menos al básico, desde que se enteró de la crisis que atravesaba.

Muchos de ellos también pensaron en ir a la Justicia. Pero desde que asumió Salazar se vieron beneficiados, porque los básicos se duplicaron. El nuevo intendente incrementó ese ítem y eliminó bonificaciones, lo que provocó menos ingresos de bolsillo para los funcionarios, pero la duplicación de cada cálculo que tienen esos sueldos como base, entre ellos las jubilaciones.

El Ejecutivo también podría recibir un llamado de atención producto de la falta de liquidación de la antigüedad del personal que ocupa cargos políticos. De la misma manera, la reducción del sueldo del intendente por decreto no respeta el mandato que establece la Ley Orgánica respecto del cálculo a utilizar.

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