Habrá aumento de tasas en el Presupuesto 2018
El Gobierno elevó un pedido de prórroga para presentar los proyectos de ordenanza. Mientras aguardan la proyección macrofiscal del Ministerio de Economía, afinan el lápiz para establecer un incremento en tasas y derechos que no asfixie a los contribuyentes, permita mantener o mejorar la recaudación y sume a quienes todavía no pagan por los servicios que brinda la Municipalidad.
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Esta semana el Gobierno de Cecilio Salazar debía entregar el paquete de proyectos del Presupuesto 2018, que incluye ordenanza fiscal, impositiva y cálculo de recursos y gastos. El secretario de Economía Mario Sánchez Negrete pidió un mes de prórroga al Concejo Deliberante.
El Ejecutivo pidió que se lo autorice a demorar la presentación el 4 de diciembre, ya que “el Ministerio de Economía se encuentra demorado en la elaboración de las pautas macrofiscales” para el año que viene y estima que “estarán disponibles para fin del mes de noviembre”.
De la información de Provincia depende la mayor parte del presupuesto sampedrino, que todavía tiene una dependencia importante de la coparticipación, aun cuando desde la Secretaría de Economía aseguran haber aumentado la recaudación propia del 19 al 32 por ciento del total de los ingresos.
Habrá aumento de tasas
Que en el paquete del Presupuesto 2018 el Gobierno propondrá –y aprobará sin problemas, puesto que el oficialismo tiene mayoría absoluta en el Concejo Deliberante– aumentos de tasas y derechos.
Aunque no tienen establecido el porcentaje –o si lo tienen prefieren no comentarlo aún–, el plan es avanzar en un proceso que permita que las tasas dejen de ser deficitarias, como lo siguen siendo en la actualidad, incluso desde la emisión, es decir aunque pagaran todos los contribuyentes.
Sánchez Negrete aspira a lograr para la tasa de Alumbrado, barrido y limpieza una lógica de aumento similar a la que aplicaron en servicios sanitarios, de manera tal de que haya una diferenciación y que “pague más el que más puede”, aunque ello deba vincularse con la contraprestación que supone la tasa y el sentido de igualdad de derecho: mismo precio por mismo servicio.
Las escrituraciones que se firmaron en el último año permitirán el ingreso de nuevas cuentas fiscales, aunque la mayoría son personas de escasos recursos a quienes, en un contexto inflacionario y de aumentos de tarifas de servicios esenciales como la luz y el gas, les costará hacer frente al nuevo compromiso.
El Ejecutivo aspira a que los barrios que se vieron beneficiados con el plan de pavimentación de 400 cuadras y con la obra de agua que garantizará presión, comiencen a cumplir con sus obligaciones.
En el país donde los salarios y las condiciones laborales no mejoran en relación al costo de vida, la aspiración podría quedar en mera expresión de deseo.
Una propuesta alternativa
No por minoritaria y por cumplir con la premisa de que “el de la tribuna siempre tiene razón” suena descabellada la propuesta que elevaron los concejales opositores del Frente Renovador, Ariel Ramanzini y José Luis Tirelli, para que el incremento de tasas no supere el “aumento otorgado para los empleados municipales de manera escalonada o en su defecto el índice de inflación previsto por el Indec”.
Los tres aumentos que percibieron los municipales fueron de 7, 5 y 4,5 por ciento para cada uno de los primeros tres trimestres, respectivamente, lo que suma un 16,5. El Indec informó a fines de septiembre una inflación acumulada del 17,6 %.
La perspectiva inflacionaria para el año está muy lejos del 17 % que había proyectado el gobierno, cuyos operadores ya advierte que cerrarían en alrededor del 24, aunque el Panorama Económico Mundial del FMI la ubica en 26,9 por ciento.
La propuesta analiza que a raíz de la situación económica recesiva del último año y medio, “mucho comercios cerraron sus puertas” y “muchos vecinos perdieron su fuente de ingresos”.
“La idea de las tasas es que lo vecinos puedan abonarlas, siendo una retribución por el servicio prestado, y no entrar en mora”, explicaron en los considerandos los ediles massistas.
Semanas atrás, el mismo bloque opositor había propuesto que se condonen las deudas de ABL, Servicios Sanitarios y Derecho de Construcción que posean quienes tengan una única propiedad de ocupación permanente, que no supere los 60 metros cuadrados edificados y cuyos propietarios acrediten no poder pagar lo que deben.
El proyecto fue elevado luego del debate desatado por la idea de condonar una deuda de alrededor de 270 mil pesos de la exclínica San Martín, a pedido de Coopser, nuevos dueños del sanatorio, sobre el que el oficialismo dio marcha atrás a pesar de haber dictaminado favorablemente.
El año pasado, el gobierno difundió un “mapa de la cobrabilidad” de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza que daba cuentas de que los sectores sociales más postergados eran los que mayor deuda acumulaba. Había allí más de 11 mil contribuyentes deudores.
Sánchez Negrete, que trabaja en un mapa similar con todos los gravámenes, asegura que esa situación mejoró. Sabe que hay sectores a los que les resulta complicado pagar el costo actual y saldar la deuda. Aunque no hablan de moratoria, trabajan para “encontrarle la vuelta” al asunto.
