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domingo, septiembre 19, 2021
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Gualtieri no será vecino de Canaletas

Tras una reunión con lugareños, el Municipio se comprometió a accionar contra los concesionarios que tienen vencidos los plazos para explotar tres predios en Las Canaletas. “Nos lo pidió la gente del barrio”, dijo Barbieri. La empresa de Gualtieri había comenzado a trabajar en uno de ellos y generó polémica.

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La zona de Las Canaletas es centro de la opinión pública desde que la semana pasada maquinarias de la empresa de Ignacio Gualtieri, hijo de Salvador y sobrino de Victorio, comenzaran a trabajar en un predio cedido por Ordenanza a Jorge Andrés Kovacs para la construcción de un astillero.
El debate tuvo lugar cuando los vecinos reclamaron que la concesión estaba caduca porque los plazos dispuestos habían vencido y la Ordenanza de cesión de espacio a la Cooperativa del barrio señalaba esos lugares como espacio público.
Los predios cedidos eran tres, el de Kovacs, uno a nombre de José Manuel Fasce y otro para Renón Almada. En esos lugares se realizaría la “construcción de un amarradero y guardería de lanchas”, “servicios complementarios a tal explotación como lavadero y taller de reparaciones”; un “astillero para pequeñas naves fluviales”; y un “taller naval para la reparación de barcos de mediano porte”, según la Ordenanza.
Sólo el de Kovacs mostró algún avance, con la construcción de un galpón. Sin embargo, el proyecto no avanzó y los plazos se vencieron. Aun así, la empresa de Gualtieri se instaló en el lugar y comenzó a trabajar para acondicionar el predio.
Ante eso, los vecinos se reunieron en el lugar, pusieron carteles rechazando la instalación y convocaron a una asamblea para el sábado, en la que debatieron sobre el tema y convinieron presentarse ante la Municipalidad el lunes.
Durante la semana, la Municipalidad recibió al concesionario y a Gualtieri: “Les pedimos que pararan todo en función de la demanda del barrio. Ahora comenzamos las tareas administrativas y legales para cumplir con el pedido del propio barrio de restituir esos terrenos al dominio público”, explicó el Intendente.
“Hay que privilegiar los intereses de la gente del barrio por sobre todas las cosas. No vamos a hacer nada contra su pensamiento. Cuando se dio la concesión, pensamos que era útil para el barrio, si ahora no lo es, lo analizaremos como corresponde, en conjunto”, había dicho el mandatario la semana pasada.
El lunes por la tarde, unos cincuenta vecinos del barrio y de otros puntos de la ciudad, junto a organizaciones sociales de la ciudad, se presentaron en las puertas de la Municipalidad bajo la consigna “defendamos el espacio público”, pidieron hablar con el Intendente, que los recibió en su despacho junto a Secretarios y Concejales. “Estábamos dispuestos por la realidad económica del país a esperar un tiempo”, una vez vencidos los plazos; “pero la gente del barrio opina que no es prudente que sigamos con la idea de tener allí un astillero y vamos a hacer lo que el barrio quiera, vamos a cumplir con la promesa electoral de escuchar a los vecinos”, dijo Barbieri tras la reunión.

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Las especulaciones
En el barrio había posiciones encontradas entre aquellos que consideraban que la obra debía retirarse y los que opinaban que el astillero podría generar algunos puestos de trabajo.
También se levantaron sospechas sobre el futuro del predio. La presencia del apellido Gualtieri obligaba a pensar en la relación con la zona de islas, donde la familia de empresarios tiene hacienda, siembra soja y alambró predios cuyos habitantes consideraban propio por derecho de posesión histórica.
Los trabajadores del lugar dijeron la semana pasada a La Opinión que en las Islas Lechiguanas la empresa posee “58.000 hectáreas y esto viene a ser un taller central, o sea un obrador donde vamos a guardar máquinas y todo lo necesario”, alimentando las sospechas de puerto paralelo en el lugar, para carga y descarga de cereal y animales, algo que preocupaba a los vecinos por el intenso movimiento de camiones que podría acarrear un progresivo y rápido deterioro del camino.
Aún no hay acuerdo sobre si destinarán un nuevo espacio para el proyecto del astillero, pero en las próximas semanas el lugar deberá ser desalojado y trabajarán en proyectos que transformen ese espacio en un paseo público para toda la comunidad.
Al cierre de esta edición, un grupo de vecinos juntaba firmas para apoyar la instalación del astillero. Uno de sus voceros es Gregorio Roscio, quien escrituró en la zona un terreno donde alquila a turistas por 200 pesos el fin de semana, sin entregar factura y violando la ordenanza a través de la que compró el terreno.
En la mañana de ayer se lo vio reunido con un conocido dirigente radical con asiento en la zona, con quien tiene relación política por compartir militancia en la UCR y que lo llevó a integrar la lista de Concejales en 2005, siendo suplente hasta diciembre.

Las escrituras
Los vecinos del barrio Las Canaletas sostienen desde hace mucho tiempo un pedido de regularización dominial de los terrenos que ocupan desde hace décadas en la zona. La Comisión de planeamiento, ocupación de suelos y obras del Concejo Deliberante estudia un proyecto de Ordenanza para que los habitantes del lugar accedan a la posesión legal de los terrenos que ocupan.
El proyecto indica que la regularización dominial se hará a través de la venta simbólica de los terrenos, tasados por fuera de los valores de mercado, a precios que los vecinos puedan pagar.
“En aquellos casos que el informe socio económico del grupo familiar lo justifique, por vía de excepción debidamente fundada las ventas podrán realizarse a un cincuenta por ciento de la tasación”, dice el texto del proyecto de ordenanza, y agrega: “En caso que la venta se efectúe en cuotas mensuales, previo estudio socio económico que así lo justifique, las mismas no podrán superar en ningún caso el veinte por ciento del total de los ingresos del grupo familiar”.
Buena parte de los vecinos está conforme con los lineamientos generales del proyecto y aturdan expectantes la resolución que tome el Concejo. El tema fue planteado en la reunión del lunes con Barbieri. Habían planteado algunas dudas que están en consideración.
El Intendente aseveró que aquellos que demuestren en un informe socioeconómico firmado por profesionales de las Ciencias Sociales que no estén en condiciones de hacerse cargo de la erogación, sólo pagarán los gastos administrativos que insuma el proceso. Aquellos que estén en condiciones, pagarán el total de la tasación que haga el Colegio de Martilleros local, tal como hizo con otros terrenos fiscales que fueron vendidos a particulares que demostraron permanencia en el lugar y no poseían otro bien inmueble.

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