Giuliana y Miguel:Tragedia, violencia y dudas
Dos adolescentes de 16 años muertos. La violación sistemática de las leyes vigentes. Una pueblada que terminó en desmanes que provocaron pérdidas irrecuperables en las dependencias municipales. Una comisión investigadora conformada por un Concejo Deliberante opositor que busca la suspensión del Intendente. La cobertura mediática nacional y lo más importante: los testimonios de quienes realmente vieron qué pasó.
Eran aproximadamente las 6.00 de la mañana del domingo cuando la historia de la vecina ciudad de Baradero cambió para siempre. La luz del día aún no había asomado. Un estruendo se escuchó en la esquina de Anchorena y Gallo. Una moto, una camioneta, dos adolescentes de 16 años y dos inspectores de tránsito. La muerte y el después, el caos, la mentira, las versiones cruzadas.
La Opinión reconstruyó la historia de una mañana terrible a partir de múltiples testimonios, muchos de los cuales prestaron declaración ante el Fiscal Marcelo Manso, quien por estas horas analiza con cautela y muchas dudas la multiplicidad de versiones sobre el hecho, incluyendo las exageraciones que aparecen en los medios de alcance nacional, relatadas por vecinos que se prestaron a contar más o menos, sin haber estado en el lugar.
Reconstrucción fidedigna
Este semanario está en condiciones de brindar una reconstrucción lo más fiel posible sobre lo que pasó esa madrugada, teniendo en cuenta el contraste de múltiples fuentes y el análisis riguroso de lo que cada uno de ellos dijo.
Hay unos ocho o nueve testimonios presenciales del hecho que resultan similares y además dan por tierra con otros, de cuya veracidad es necesario comenzar a dudar en la medida en que no sólo no coinciden con los que aseguran haber estado en el lugar, sino que además no guardan relación entre sí.
La historia puede comenzar a relatarse desde el boliche Punta Madero, ubicado en Santa María de Oro y Sáenz. Allí más de mil baraderenses disfrutaban de la noche del sábado, entre ellos una importante cantidad de menores de edad que manifestaron ingresar siempre sin ningún problema y comprar bebidas alcohólicas sin ningún tipo de restricción.
Allí estuvieron Giuliana Giménez y Miguel Portugal, entrañables amigos de la Escuela Industrial, ambos de 16 años. También habrían estado un grupo de cinco amigos que al salir del boliche fueron por facturas y presenciaron el accidente en la esquina fatal.
A las 5.30 Punta Madero bajó la música y encendió las luces. De a poco, la gente se fue desconcentrando. Cuatro varones menores de edad y una chica llegaron a la esquina de Anchorena y Gallo y decidieron, como cada madrugada de sábado, comprar facturas en la panadería del supermercado chino de mitad de cuadra. Tres quedaron en la esquina, sobre la vidriera de la librería “Papel y Tijera”.
Los testimonios coincidirían en que por calle Gallo venía una moto Gilera Smash 110 naranja y negro que circulaba a unos 50 ó 60 kilómetros por hora. Por calle Anchorena venía la camioneta Ford 110 blanca que conducía Oscar Luján Micucci, empleado del área de Inspección General, vestido con el uniforme de la Municipalidad y en el vehículo oficial, acompañado por Luciana Romero, también inspectora de tránsito.
Los testimonios más fiables consignarían que el impacto se produjo como consecuencia del cruce entre ambos vehículos, descartando las versiones de “encierro” o “persecución” que se manejaron desde el principio.
Si cabían dudas sobre cuáles eran los testimonios reales entre tantas versiones encontradas, La Opinión accedió a una información irrefutable: entre el grupo de adolescentes que asegura haber visto el accidente hay un joven en cuya memoria esa madrugada dejará un recuerdo imborrable: Giuliana, al ser despedida de la moto, antes de que su cabeza diera contra la mampostería, causándole la muerte inmediata, golpeó contra él y le produjo una fractura en la rodilla.
Los otros testimonios claves corresponderían a un grupo de adultos que circulaban en un automóvil marca Chevrolet detrás de la camioneta de Inspección. Tanto su conductora como los acompañantes asegurarían que venían por calle Anchorena, a una velocidad de unos 30 kms. por hora y que el móvil municipal circulaba a esa misma velocidad hasta que se produjo el choque, cuyas alternativas no alcanzaron a discernir en la medida en que venían detrás.
Estos testimonios claves coinciden también en que la camioneta dio la vuelta manzana, como se dijo desde el principio.
Contar el cuento
Lo que pasó después es historia repetida hasta el hartazgo. Una multitud enardecida la emprendió contra el vehículo municipal, destrozándolo e incendiándolo. Lo mismo hizo con la Municipalidad, ocasión que provocó la destrucción total del patrimonio público histórico de Baradero.
Documentación irrecuperable y mobiliario de distintas dependencias oficiales perecieron entre las llamas. Las calles de la ciudad se transformaron en un caos imparable ante la mirada atónita de un grupo de policías que no opusieron demasiada resistencia ante los hechos que se sucedían.
Desde allí, cuando el desastre se transformó en noticia de alcance nacional comenzaron a circular las versiones cruzadas. Lo peor fue que una importante cantidad de supuestos testigos presenciales fueron exhibidos por los canales de televisión narrando alternativas del hecho que contrasta con quienes realmente estuvieron ahí.
Decían tener filmaciones que nunca presentaron (anoche el Comisario Inspector Hugo Prado negó que alguien haya presentado un video a la policía) y hasta estarían preparando acciones judiciales contra el Fiscal Marcelo Manso (ver aparte), quien no habría tomado declaración a unos siete testigos que fueron llevados por otros que prestaron declaración, ente ellos el supuesto “Martín” que apareció de espaldas en la televisión asegurando haberlo visto todo.
Además trascendió, que entre los jóvenes que saliendo frente a las cámaras en medio del dolor, la tragedia y los ánimos caldeados de toda una ciudad, hubo un baraderense que hasta habría recibido 100 pesos tras prestar testimonio de espaldas ante un canal de televisión.
El “testigo” en cuestión habría asegurado lo que todo el mundo repetía sin estar seguros: que la camioneta había encerrado a los chicos que viajaban en la moto a propósito y que había presenciado el accidente. Después, se habría arrepentido del impulso que le produjo la idea de salir en la tele, pero ya era demasiado tarde, había hablado en cámara y guardado el billete, que a esta altura nadie puede saber con exactitud quién se lo habría dado.
Como este caso, los testimonios dudosos parecen estar a la orden del día. Entre ellos habría uno clave, que dice haber presenciado el accidente cuando viajaba en su moto por la misma calle que la camioneta, llevando consigo una videofilmadora con la que habría tomado imágenes del hecho.
En Baradero aseguraron que este “testigo” habría ido a declarar ante el Fiscal pero que no lo habría hecho luego de que le leyeran las penas que caben a quien emita falso testimonio. Sin embargo, ese mismo “testigo” se ocupó de contar que el Fiscal Manso no le “quiso tomar declaración”.
Culpas y responsabilidades
Los hechos que tuvieron lugar el domingo 21 de marzo quedarán en la memoria colectiva a invitarán a la reflexión constante respecto de las conductas ciudadanas de todos.
Los culpables de la muerte de dos adolescentes de 16 años y del incendio y pérdida del patrimonio público de Baradero será tema de la Justicia.
La evaluación sobre las responsabilidades nos corresponderá a todos los que a diario vemos cómo se violan sistemáticamente todas las normas que nos damos para la convivencia en sociedad.
Leyes de nocturnidad que prohíben el ingreso de menores y la venta de alcohol que nadie cumple y menos controlan; leyes de tránsito de las que la población se ríe y asevera que “no pasa nada”, hasta que pasa; trasnochadas decisiones de mano dura que aparecen cada tanto, especialmente tras lamentar accidentes fatales; y un sinnúmero de situaciones en las que todos los habitantes de ciudades como Baradero y San Pedro estamos involucrados.
Las responsabilidades compartidas nos ocupan ante tamaña tragedia. Desde padres que permiten que sus hijos circulen en moto sin carnet y sin edad habilitante y asistan a boliches aunque esté prohibido, pasando por una sociedad que culturalmente se muestra propensa al discurso leguleyo pero que no desaprovecha ninguna oportunidad de violar las leyes sea para disfrutar el momento u obtener ganancias.
Nadie controló el boliche donde cientos de menores fueron a beber alcohol; nadie trabajó sistemáticamente en educación vial para que las acciones emprendidas para el uso del casco no sean las actitudes represivas que los vecinos de Baradero denunciaron una y otra vez contra el Director de Inspección; nadie parece haber reparado en múltiples causas cotidianas a las que sólo se les presta atención ante un hecho fatal y mientras dure la noticia, porque en poco tiempo, ya lo hemos visto en otros casos, los cascos que comenzaron a salir nuevamente a las calles y la indignación se transformará otra vez en desidia de la población que relajará una vez más los controles de las autoridades y las políticas de Estado que se supone vienen a darnos solución.
Nada justifica la muerte, nada justifica la pérdida de un hijo, de un amigo, de un hermano, nada. Ninguna bronca popular podría justificar el aprovechamiento para romper todo ante una situación en la que habrá culpables identificables, pero donde la responsabilidad nos toca de alguna manera a todos.
El domingo murieron dos pequeños que tenían el mundo por delante. Dejan en la sociedad argentina, que se indignó con razón por la situación, el amargo sabor de estar seguros que todos podríamos haber hecho algo posible para que estas cosas no pasen.
Nos queda la responsabilidad de que no vuelvan a pasar, el compromiso de asumirla. Giuliana y Miguel son esos mismos chicos que vemos por las calles de San Pedro a diario en moto, en los boliches, en los colegios.
Son los mismos hijos de esta sociedad que hacemos a diario entre todos. No olvidarlos puede darnos la fuerza para pensar que es posible modificar las condiciones para que no se repita. Y nos obligará a asumir la parte que nos toca a todos y cada uno, por ellos, por nosotros y por los que vendrán.
Apunten contra Manso
El Fiscal Marcelo Manso está a cargo de la causa. Fuente privilegiada, atendió a pocos medios durante el mismo domingo, entre ellos a La Opinión y La Noticia 1, cuando desmintió lo que la mayoría de los canales de televisión y los portales de noticias repetían sin cesar: “Declararon los inspectores y negaron todo”.
Manso explicó pasadas las 17.00 del domingo que los dos inspectores estaban libres ya que el delito es excarcelable, que nunca estuvieron detenidos sino sólo demorados, que los dos hicieron uso de su derecho a no declarar y que Oscar Luján Micucci estaba imputado.
Ese día, Manso explicó que los testimonios sobre el hecho son disímiles y eso genera dudas a la hora de abordar la causa, caratulada por mero trámite administrativo y de manera provisoria como “doble homicidio culposo”. Por otro lado, Manso señaló que aún “no están los resultados de las muestras de sangre tomadas a las víctimas y a los involucrados” y aseguró que “no se puede tomar determinaciones sobre la causa “ porque tampoco están los resultados de los peritajes, que por otra parte no son demasiados, ya que cuando llegó la policía científica los manifestantes no les permitieron desarrollar su trabajo y que la situación es complicada en la medida en que el incendio de la camioneta borró muchas huellas.
La actuación de Manso comenzó a ser puesta en duda por algunos sectores de Baradero. Sobre el mediodía de ayer circuló una versión en esa ciudad que el fiscal habría sido denunciado por algunos testigos, que lo acusan de haberlos increpado. Uno de ellos es esposo de una abogada y estarían detrás de las denuncias contra el Fiscal. Son los que habrían llevado una multitud de testigos que habrían sido desestimados producto de la falta de congruencia respecto de las más de veinte declaraciones que la Unidad Fiscal N° 5 de San Pedro tomó hasta el momento.
Las versiones indican que irían por un Jury de enjuiciamiento contra el recién asumido funcionario del Poder Judicial.