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jueves, junio 24, 2021
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Giovanettoni va por el recorte de bonificaciones absurdas

El intendente avanza en la reducción de gastos en sueldos y va por el denominado “festival de bonificaciones” que cobran sin control efectivo los funcionarios, sindicalistas, profesionales, familiares y punteros de toda índole. El año pasado, los salarios se llevaron el 75 por ciento del Presupuesto y el Gobierno quiere reducir esa variable. Una consulta a la Asesoría General de Gobierno habilita el plan que tienen en el gabinete.

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Todos los miembros del gabinete del intendente Fabio Giovanetoni, en especial los abogados José Macchia y Victoria Vitale pero también Roberto Borgo y Martín Baraybar, están abocados al estudio de lo que este semanario denominó “festival de bonificaciones” y analizan una por una, agente por agente, con los decretos en la mano y las consultas pertinentes a la Asesoría General de Gobierno respecto de la posibilidad de instrumentar lo que el Secretario de Economía advirtió el año pasado en las reuniones del Comité de Crisis ante los oídos sordos de concejales y sindicalistas.

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Al recorte en la bonificación por gastos y funciones que sufrieron primero los directores y luego los secretarios –Giovanettoni dispuso que ningún funcionario cobre por ese ítem más del 60 por ciento ni que se lleven más de 20 mil pesos de bolsillo– ahora es el turno de revisar otras tantas que forman parte del imparable festival al que algunos llaman “derechos adquiridos” pero que, ostensiblemente, se llevan fondos del Estado que no son más que beneficios que resultaron de acomodos, parentela, relaciones políticas y, en los mejores casos, de no ser quitados a pesar del cambio de tareas.

Uno de los temas más importantes a revisar es el famoso decreto 48/08, que regula bonificaciones y tiene un artículo dedicado a los títulos cuya redacción permite incluir cualquier papel firmado por una Universidad o Instituto reconocido por el Ministerio de Educación, aunque no tenga nada que ver con el área en la que se desempeña el agente en cuestión.

Pelea por el título
Esa bonificación, por ejemplo, tiene todavía a funcionarios políticos como el Director de Asesoría Letrada José Ignacio Macchia entre los máximos beneficiarios, que cobran el mayor porcentaje posible, el 90,9 por ciento, algo que también perciben los exfuncionarios Juan Kasta, Javier Silva, además de un exdirector ahora Jefe de Departamento del mismo sector y una empleada que revistó en la Secretaría de Gobierno pero por portación de apellido político fue trasladada cuando se apagó la estrella de su paraguas.

La implementación del decreto 48/08 y la amplitud de su redacción hicieron que en algunos períodos ciertos hombres y mujeres pudieran sumar sus títulos “aunque sea de piano, costura o computación” – como permite el decreto-, mientras otros debían esperar su turno. Luego, otra política de Recursos Humanos frenó el ingreso de todo tipo de papelitos para intentar avanzar en la detención de la sangría de recursos por ese lado.

Sin embargo, los intentos más serios se encontraron con la resistencia de los sindicatos, los sindicalistas, ciertos personajes políticos y la debilidad del gobierno de Guacone. Todos aprovecharon y mucho.

La idea es equiparar y que cada uno tenga su bonificación relacionada a los estudios que emprendió, pero que nadie supere el 50 por ciento en total. Para ello, evitarían la acumulación de títulos del mismo nivel y la suma de los sucesivos, estableciendo una escala que crezca desde el secundario hasta el posgrado universitario.

En tiempos de crisis puede sonar “justo y necesario”, pero es imaginable que un empleado municipal que aspire a un Doctorado –máximo nivel posible en la vida académica– engrosará las filas de la “fuga de cerebros” en busca de reconocimiento monetario a su intelecto.

Basta de choferes sin vehículo y trabajos particulares
Así entienden empleados y sindicalistas las bonificaciones: “son derechos adquiridos” que deben permanecer en los recibos de sueldo desde el momento de su emisión y para siempre. Así se explican ciertas situaciones extrañas que La Opinión ya reveló en otras oportunidades, como la existencia de más de 140 choferes que cobran premio por conducción (manejar un vehículo), incluidos aquellos que lo único que conduce son las mesas directivas de los sindicatos.

Las recomposiciones salariales permiten calcular que sólo por ese ítem el Gobierno paga más de 250 mil pesos mensuales. Dentro de esos 140 “choferes” hay muchos que, en efecto, tienen a su cargo un vehículo. Sin embargo, hay otros que, como dijo alguna vez en sesión el exconcejal Martín Pando, no se sabe si manejan “un autito a control remoto” en la oficina en la que se desempeñan.

En este caso, un dictamen de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia indica que los municipios están autorizados a pagar el premio por conducción sólo a aquellos que efectivamente trabajan con un vehículo a su cargo. “Si salen todos juntos, chocan”, sostuvo un empleado del Hospital.

Otro caso que este semanario expuso y que el Ejecutivo se apresta a revisar es el de las “dedicaciones exclusivas”, que van, aproximadamente, de los 1.200 a los 3.000 pesos, y suman en total más de 70 mil que hay que abonar mensualmente.

Son entre 25 y 30 empleados de diversas áreas a quienes sus superiores pueden convocar en cualquier horario y deben estar presentes. Aquí figuran el sindicalista César Parzón, el exsecretario de Gobierno Javier Silva, varios trabajadores del Hospital y algunos del Concejo Deliberante, entre ellos uno que factura aparte por casi todos los servicios que presta, sobre todo si se los pide el Ejecutivo.

Entre los profesionales de la salud hay varios casos que perciben un porcentaje sobre el básico que oscila entre el 20 y el 70 por ciento relacionado con sus “funciones”, aunque no tienen jefaturas a su cargo o tareas especiales que ameriten el pago de ese plus.

Derechos que son derechos
Las diferencias de al menos cuatro de los cinco sindicatos con el Gobierno son importantes. Para los pensadores liberales, la “cuestión de la restricción del poder sindical” es fundamental. En Argentina, para el peronismo, su fortalecimiento siempre fue bandera y razón de ser, siempre y cuando tengan objetivos en común, lo que alimentó la denominada “burocracia sindical”. Cuando esa confluencia desaparece, son muchos los que gustan recordar informes del FMI que señalan la relación entre la caída de la tasa de sindicalización y el aumento de la renta empresaria.

En San Pedro no faltaron dentro y fuera del gobierno quienes en tiempos de paro municipal o médico destacaran que la baja tasa de afiliación hizo que la huelga “ni se notara”. Algunos de ellos dicen defender los derechos de los trabajadores. Otros, se sabe, están más acostumbrados a violentarlos. De ambos hay en todos los mostradores, incluso dentro de las propias asociaciones gremiales.

Libertad y libertinaje: sindicalismo y poder
San Pedro tiene cuatro sindicatos municipales y uno de profesionales de la salud, que nuclea a médicos pero también a psicólogos y trabajadores sociales de Desarrollo Humano, gracias al “regalito” de Dalmy Butti que cedió sin medir las consecuencias económicas. Algunos empleados están afiliados a más de un gremio y para la Asesoría General de Gobierno no hay impedimento alguno al respecto pero para el empleado hay diferencia en dinero. En algunos casos están afiliados a dos, tres y cuatro gremios y por lo tanto el aporte de dinero de su exiguo sueldo es mayor. “¿A cuántos gremios debo afiliarme?” es la que pregunta que cualquier trabajador se hace y la respuesta es sencilla: Al que mejor representa y más beneficios ofrece. Es impensable que un empleado del sector privado admita más de un descuento de cuota sindical.

La otra cuestión que resiente los bolsillos del trabajador es la de los códigos de descuento, que habilita a los sindicatos a ofrecer todo tipo de servicios que luego se cobran a través de la retención que, en la actualidad, el Gobierno paga a los gremios “tarde pero seguro”.

Esos servicios van desde préstamos de dinero –que tienen un punto oscuro relacionado con los prestamistas o usureros que facilitan el efectivo que manejan los sindicatos–, la venta de electrodomésticos, de mercadería, viajes de turismo, entre otros.

Hay casos de empleados que del total de su salario a veces sólo perciben unos pocos pesos porque pidieron dinero o compraron algo que necesitaban o le ofrecieron como “oportunidad sindical”.  Esto implica cierto incentivo al consumo desmedido que proviene de aquellos que, se supone, existen para velar por sus derechos.

Durante el gobierno de Julio Pángaro, el por entonces Secretario Coordinador Eduardo Descalzo, redactó un instrumento administrativo que permitía descontar del salario sólo hasta cierto porcentaje, por lo que dejaba en manos de los propios empleados la decisión de pagar o posponer sus deudas con los sindicatos, algo que en el gabinete de Giovanettoni podría tener como base si se toma el trabajo de buscar en sus archivos el mecanismo que le dio a los trabajadores la posibilidad de recuperar el manejo de su propio sueldo y recuperar el nivel adquisitivo. Los memoriosos saben que ahí  se cortó un gran negocio y las explicaciones las tuvieron que dar en el gremio que abusaba no solo del dinero de sus representados sino de mantenerlo circulando con buenas tajadas para algunos dirigentes. Los empleados municipales cumplieron con sus deudas pero también comprobaron que los montos que les descontaban diferían con lo que se pagaba al proveedor aún siendo un banco, allí se vieron cara a cara con sus representantes y entendieron que había muchas dudas sobre “los endeudamientos”. Por entonces una reconocida casa de electrodomésticos también entendió que el dinero de sus ventas no había llegado a sus manos, no por falta de retención a los empleados sino porque se “demoraba” en el bolsillo de un poderoso referente.

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