Gas: hay que pagar y esperar la próxima factura
El tope del 400 por ciento dispuesto por el Gobierno nacional aparecerá en la factura del próximo bimestre, aunque rige para los consumos registrados desde el 1 de abril. Litoral Gas deberá descontar la diferencia en el siguiente período. La tarifa social puede pedirse, ya que el cruce de datos dejó a muchos potenciales beneficiarios afuera. El consumo se mantiene en sus niveles normales.
:format(webp):quality(40)/https://opinionsemanariocdn.eleco.com.ar/media/2020/08/litoral_gas_1280x768.jpg)
Para el gobierno nacional “Resulta conveniente y necesario adoptar las medidas tendientes a mitigar el impacto de la aplicación de los cuadros tarifarios aprobados” para el servicio de gas, por lo que rige, retroactivo al 1 de abril, el tope del 400 por ciento de aumento máximo para las facturas.
Lo que nadie dijo es que al tarifazo dispuesto hay que sumarle el fin de la medida cautelar que había frenado el aumento de 2014 para la región como consecuencia de una reducción de subsidios y es por ello que desde Enero algunos notan “subas” que ahora se multiplican.
Esto implica que el usuario sufrirá un incremento máximo del 400 por ciento, porcentaje que deberá compararse no con la factura del mismo período anterior sino con el agregado del aumento que no regía por la medida judicial que ahora quedó sin efecto.
Pagar para que después descuenten
Las facturas ya llegaron y el último vencimiento opera en 15 días. Los montos en muchos casos son exorbitantes y los vecinos llevan sus reclamos a las oficinas de Litoral Gas, donde se les informa que hay que pagar y que la diferencia que surja una vez aplicado el tope será descontado en la boleta del bimestre siguiente.
Así las cosas, las quejas se multiplican, porque los números finales sorprendieron a los usuarios que, aun a regañadientes, terminan por pagar.
“Los usuarios tienen que pagar la factura porque todavía no está instrumentada” la medida del tope del 400 por ciento, repite como un mantra el vocero de Litoral Gas José María González ante todos los medios que lo consultaron desde Rosario hacia el corredor del norte bonaerense tras el anuncio del Ministerio de Energía. El responsable de hablar en nombre de la empresa aclara cada vez que los descuentos se aplicarán según corresponda apenas lo instruya el Enargas.
El consumo local no baja
En San Pedro, a pesar del tarifazo anunciado y de que la primera factura con el aumento ya llegó, el consumo de gas no afloja, entre los alrededor de 11.000 usuarios registrados, un tercio de los que tiene Coopser para la electricidad.
El Gobierno nacional dispuso restricciones para las industrias, que afecta los dos usuarios de ese tipo que más consumen en la ciudad, Papel Prensa y Arcor.
Para comercios, Pymes, hoteles de turismo y clubes de barrio, el límite del incremento dispuesto es del orden de 500 pesos. Además, anunció el gobierno nacional, habrá un fondo de 200 millones de pesos como ayuda extra para comercios que usan el gas para elaborar, tales como panaderías, restaurantes, pizzerías, etc.
En San Pedro hay apenas una veintena de usuarios dentro de la categoría industrial, lo que llama la atención si se compara con los 405 que tiene registrados Coopser para el servicio de electricidad catergorizados como comerciales.
En algún momento, alguien pensó que era una “avivada” no declararse como usuario industrial o comercial y hacerlo como residencial. A ese alguien le siguieron varios. Ninguno se dio cuenta de que los hogares pagan el doble que los comercios.
Hay además los considerados “usuarios esenciales” como las reparticiones públicas, a quienes no se les puede cortar el servicio y tienen una tarifa diferenciada.
Muchas veces, autoridades locales tuvieron que interceder ante el gobierno provincial para que acelerara los pagos adeudados de dependencias bonaerenses como las escuelas.
La tarifa social se puede pedir
Al igual que con la electricidad, hay para el gas tarifa social, que contempla a jubilados y pensionados que cobren hasta dos veces el haber mínimo (un total de $ 8.598); empleados con remuneración bruta menor o igual a dos veces el salario mínimo vital y móvil (un total de $ 12.120); titulares de programas sociales; monotributistas sociales; empleadas domésticas registradas; beneficiarios del seguro de desempleo; y discapacitados.
Tienen que ser, claro, titulares del medidor, por lo que los inquilinos quedan afuera si sus locadores no acceden al beneficio.
Como Coopser, antes de la nueva modalidad, había registrados unos 600 jubilados que debían reempadronarse anualmente.
El cruce de datos que hace el Sistema de Identificación Tributario y Social (Sintys) no parece ser muy efectivo hasta el momento, salvo cuando el interesado es el que lo reclama. Muchos son los que van a las oficinas de Litoral Gas o de la Omic a plantear que podrían estar amparados por el beneficio, pero que sin embargo no aparecen automáticamente, por lo que deben hacer el trámite vía internet o por teléfono, a través de la línea gratuita 0 800 333 2182.
