“Galatti firmó la orden de compra adelante mío”

El caso de las órdenes de compra truchas con las que fueron estafados varios proveedores municipales que no cobraron da un giro importantísimo puesto que uno de los “clavados” tenía mucho para decir y se animó a contarlo a La Opinión luego de que recibiera llamados poco amistosos para “pedirle” que cuando vaya a declarar lo haga de manera distinta a lo que la realidad le hizo vivir.
Se trata de Fernando Cortez, un joven propietario de un taller de electricidad del automóvil, quien realizó trabajos con insumos comprados a través de las órdenes que llevaban sello apócrifo y firma trucha del exsubsecretario de Salud, Julio Caraballo.
Cortez se acercó a La Opinión luego de que su nombre apareciera en la edición de la semana pasada, donde se detalló en exclusiva la testimonial de Caraballo, que nombró a este mecánico como quien hizo los trabajos con los repuestos comprados en el comercio de Ramón Daviña.
Cortez indicó que él no tomó intervención en la reparación del Peugeot 405 que en la denuncia de Borgo señalan como similar al de Pedro Dimayo, el constructor al que le entregaron los materiales que otros comercios buscan cobrar tras darse cuenta de la estafa.
En una breve entrevista ofrecida a este semanario, Cortez quiso aclarar la situación y señaló: “Hay quienes dicen que a mí me pagaron. Eso no es así”. También dijo: “Dicen que yo hice una reparación eléctrica y no, lo que yo hice fue un cambio de correas al Palio Adventure de Marina Galatti, que rompió las correas de distribución y la poly-v”.
En ese marco, el mecánico disparó contundente: “Fui a la casa de Marina Galatti y ella me hizo la orden de compra, la firmó y la selló. Le pregunté por qué decía ‘Julio Caraballo’ y me dijo que ellos se manejaban así. Entonces fui a lo Daviña, me dieron el kit de correas y realicé el trabajo. Todavía me deben 2.500 pesos”.
Cortez se animó a hablar puesto que debe declarar ante la Fiscalía cuando lo citen y ya recibió advertencias que no fueron sólo las llamadas telefónicas. El día que explotó la situación en los medios, le rompieron las puertas y los vidrios de su Fiat 128 estacionado en la calle.
El testimonio del mecánico Fernando Cortez involucra directamente a la exdirectora del Hospital Marina Galatti, a quien Borgo señalaba en su denuncia ante el Fiscal Manso como sospechosa de la irregular situación detectada ya que tenía acceso a los talonarios robados y además aparecía la cuestión ligada a la reparación de un automóvil similar al suyo con repuestos comprados con esas órdenes de compra.
Así, se abre un panorama que permitiría llegar al fondo del caso, en el que por los cálculos que se desprenden del análisis de los remitos a los que tuvo acceso este semanario hay cerca de 35.000 pesos que diversos proveedores no cobraron a pesar de haber entregado la mercadería.
Se trata de órdenes de compra a través de la que entregaron materiales las firmas Bronzetti S. A., de hierros estructurales; Casa Botta, por cerámica, inodoros, puertas, ventanas y grifería; Electricidad San Pedro, por cables, fichas y una farola; SP Seguridad Industrial, por zapatos, pantalones, ambos y chaquetas; Pinturería San Pedro, por 40 litros de pintura, solventes, lijas y pinceles.
La causa la lleva adelante el Fiscal de la UFI 8 Hernán Granda, quien hasta el momento sólo tomó declaración a Caraballo, quien amplió la denuncia que hizo oportunamente ante Manso, junto al administrador del Hospital Roberto Borgo.
Además de Galatti, las denuncias involucran a Pedro Dimayo, el constructor a cargo de la obra de ampliación de la sala de Oncología del Hospital, señalado por los comerciantes como quien pidió los presupuestos e hizo los pedidos, y un hombre de apellido Romero, que sería empleado de aquel y quien retiró la mercadería.
Hasta ahora los materiales no aparecieron, los proveedores no cobraron, y en el entorno de Galatti siguen sosteniendo que todo es una jugada para perjudicarla luego de que Caraballo ganara la pulseada que mantenía con ella desde que rompieron relaciones producto de una serie de convenios con el Pami que ella quería implementar y que perjudicaría los intereses profesionales del exsubsecretario.
Mientras tanto, en la Municipalidad ya está redactado el decreto para iniciar un sumario administrativo contra la exdirectora.

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