Frenaron otro desalojo y el Gobierno nacional interviene para comprar el terreno

La Justicia falló a favor de uno de los propietarios de los terrenos tomados de manera masiva en 2010, en medio de un escándalo político con falsas denuncias de instigación contra dos concejales. La orden de desalojo tenía como fecha el pasado viernes, aunque la intervención del Gobierno nacional logró posponerla al menos hasta el 27 de agosto próximo.
Por ello el Director Nacional de Tierras (DNT) Roberto Perito, dependiente del Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, llega una vez más a San Pedro, para encabezar gestiones que permitan solucionar el problema de hábitat social de las 16 familias involucradas y la restitución del bien enajenado por la fuerza al propietario.
El plan es seguir los pasos que ya siguió la DNT con los predios propiedad de Norma Atrip y la familia Corvino: acordar la compra por parte del Estado nacional para que luego los ocupantes puedan regularizar su situación, a todas luce precaria y no sólo desde el punto de vista legal.
Para ello, Perito llega personalmente para tener al menos dos reuniones: una con el Fiscal Manso, a cargo de la causa; la otra con el dueño del terreno para intentar alcanzar un acuerdo.
El desalojo estaba previsto para el viernes pero el Juez de Garantías otorgó el pedido de prórroga para esperar las gestiones del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Para ello, hubo que presentar un escrito, de cuya redacción participaron el Movimiento de Tierra y Vivienda que conduce Antonio “Tony” Correa, el Jefe Distrital Dante Paolini y la Dirección de Asesoría Letrada municipal.
Cerca del dirigente social aseguran que el Municipio no se habría ocupado mucho del tema, lo que repercutirá en la posible no concreción de otra de las reuniones previstas para la llegada de Perito: con representantes del Gobierno de Pablo Guacone.

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Una cuestión de “voluntad”
Tony Correa aseguró a La Opinión que en este tipo de negociaciones “todo depende de la voluntad del propietario” y que “el Estado nacional pone el dinero” para que la gestión llegue a buen puerto, que el propietario no pierda su bien y que los ocupantes del terreno puedan adquirirlo de manera legal.
El predio en cuestión está entre las calles Las Provincias, La Laguna y Brenan. Allí viven 16 familias que no coinciden en general con las que tomaron, lotearon y construyeron precarias viviendas en 2010. Muchas de ellas fueron víctimas de la “especulación inmobiliaria” –que reproduce en los barrios lo que otros en el centro o la zona costera–, y compraron con lo poco que tenían un techo donde guarecerse.
“Estamos tratando de intervenir para que ambas partes sean beneficiadas”, señaló Correa, quien confía en que las negociaciones pueden llegar a buen puerto, como en los otros dos casos señalados.
En caso de que el propietario acceda, lo más probable es que la Dirección Nacional de Tierra pida que la prórroga vigente para el desalojo, hasta el 27 de agosto, se haga extensiva por 90 días, de manera tal de tener tiempo suficiente para los trámites correspondientes.

El riesgo de especular
De resolverse merced a la intervención de la Dirección de Tierras, este sería el tercer caso en que familias que tomaron un terreno pueden acceder al hábitat social gracias a que el Estado nacional paga por el predio a los dueños.
En ese marco, es necesario analizar que muchos terrenos usurpados en la zona del CIC y alrededores se han visto depreciados sobremanera en los últimos años, producto de la instalación de barrios de viviendas sociales sin la planificación ni el acompañamiento municipal necesario, lo que los transformó en territorio de conflicto.
No sería descabellado pensar que a muchos de esos propietarios les convenga finalmente venderle al Estado, de manera de asegurarse una operación inmobiliaria que no podrían hacer tan fácilmente recuperando la posesión del predio.
Nace allí la pregunta sobre la especulación de algunos que hasta podrían preferir que les usurpen los lotes o incluso hasta instigar ellos mismos una acción de esas características y garantizar una venta segura en un par de años.
Al respecto, Tony Correa analizó: “Yo no tengo conocimiento de una cosa así, puede ocurrir, pero no lo sé”. En ese sentido, señaló: “Lo que nosotros nos fijamos es que la gente no quede en la calle, si esa maniobra se hace no lo sabría decir, no tengo conocimiento, aunque hay cosas que llaman la atención siempre que hay usurpaciones masivas”.

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Una oficina para Tony
El Gobierno de Guacone firmó un convenio con la Dirección Nacional de Tierras en mayo de 2012, cuando Roberto Perito llegó para encauzar el caso Norma Atrip.
“El Estado nacional nos está facilitando una herramienta que nos va a ser muy útil en todos los conflictos que se están dando en diversos barrios y vamos a conformar un equipo de trabajo que se aboque a este tema”, dijo en ese momento el entonces Secretario de Gobierno Pedro Restelli.
Sin embargo, desde entonces nunca avanzaron demasiado en el plan de urbanización de asentamientos y regularización de situaciones como las relatadas en esta página.
Desde la Federación de Tierra y Vivienda que a nivel nacional conduce Luis D’elía apuntan contra el Municipio y su falta de palabra ante una de las cláusulas para la firma de ese convenio: la conformación de una oficina en la Dirección de Viviendas local, con Tony Correa a la cabeza.
Esa oficina, que sería montada por la propia Dirección Nacional de Tierras, se ocuparía exclusivamente de este tipo de temas y de una serie de programas que esa área del Gobierno nacional posee. Nunca quedó claro si del pago por la tarea de Correa se haría cargo el Municipio o la DNT.

Alerta por nuevas usurpaciones
Durante el fin de semana, la Secretaría de Desarrollo Humano advirtió a la Policía respecto de versiones que indicaban que podría haber usurpaciones en el terreno frente al CIC donde está la casa del Envión, ya tomada por una mujer y sus hijos desde hace un mes.
Ese predio fue cedido por el Ejecutivo en comodato a la cooperativa La Nueva, que preside Adrián Jury, para la construcción de un galpón donde desarrollarán talleres. A raíz de la advertencia municipal, hubo patrullajes preventivos.

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