Fiscalía analiza denuncia por coimas en areneras
Un empleado municipal denunció que en octubre de 2011 le impidieron cumplir con su tarea de sancionar a los camiones areneros con sobrecarga. Sostuvo que “un chofer dijo que el dueño de la empresa ya tenía todo arreglado con el Municipio” y que pagaban 10.000 pesos por mes para que no los controlen.
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La acusación llegó a manos de la Secretaría de la Dra. Gabriela Ates en la mañana de ayer y sorprende el tiempo que el empleado dejó pasar para que se conozca una maniobra que ahora formará parte, no sólo de una investigación sino de un sumario administrativo cuando la fiscal lo derive al Municipio.
De las areneras que trabajan en San Pedro sólo una admite que “pierde dinero y competitividad” porque trabaja con todo en regla y no despacha camiones con sobrecarga. No hace declaraciones y mantiene el bajo perfil a la espera de un tiempo en el que se normalice el escandaloso tráfico del único recurso minero que posee la zona y que produce grandes dividendos.
El empleado municipal denunciante indica en su escrito que “en la segunda semana del mes de octubre de 2011…” mientras se realizaban trabajos de inspección en la zona de las areneras recibieron un llamado en el que se señalaba que había una gran cantidad de camiones que salían con sobrepeso.
Por ese motivo acudió junto a otro agente a realizar un operativo de control en inmediaciones de la estación de servicio Petrobrás, el mismo lugar en el que perdió la vida hace exactamente cuatro años el niño Mauro Vázquez al caer bajo las ruedas de un camión, producto de la gran cantidad de arena que había en la banquina por la que transitaba en su bicicleta.
Allí detuvieron a un camión “de la empresa Los Portugueses de la ciudad de Monte Grande” por exceso de peso.
La parte más llamativa del escrito dice textualmente: “…el camionero manifestó que el dueño de la empresa tenía todo arreglado con el Municipio. Que el dueño de la empresa venía en su vehículo particular (una 4 x 4) atrás del camión. Que al parar el camión, el dueño de la empresa Los Portugueses llama por su Nextel al dueño de la empresa donde había cargado arena (Sr. X) para que hablara con el denunciante. Que el dueño de la arenera le manifiesta exaltado (teniendo el altavoz prendido) que tenía que dejarlo pasar porque tenía todo arreglado con “su jefe”. Manifestó que cada una de las empresas areneras pagaban $ 10.000 (pesos diez mil) mensuales a su Jefe para que no los controlaran y que además “estaban poniendo para la campaña”. Que de esta conversación fueron testigos…” y menciona a su compañero de trabajo y al chofer.
Las acusaciones siguen con lo que sucedió un día después cuando, junto al mismo trabajador municipal, procedieron a labrar una infracción a un “camión batea blanca, con exceso de peso, que fue conducido al corralón municipal. Que luego de llegar recibe el llamado por Nextel de otro empleado de la Subsecretaría de Control y Defensa Civil, solicitándole que dejara libre al camión por orden del jefe Raúl Manchone. Que el denunciante manifestó que no lo iba a hacer. Al poco tiempo recibe otra comunicación de la misma persona convocándolo a una reunión con Manchone al día siguiente”.
Luego relata que “Manchone le increpa porque no acataba órdenes y había denuncia de celulares por varios inspectores que están coimeando. Que le consultaba por qué motivo iba a controlar camiones sin que se lo hayan ordenado”.
Hay que recordar que La Opinión publicó en sus ediciones del 05 y del 12 de Mayo de 2010 un amplio informe sobre las múltiples irregularidades que se detectaban en la carga de arena y en “el peaje” que cobraban algunos inspectores a los camioneros, sin que se abriese investigación alguna.
La denuncia que ahora analiza la Fiscal termina con un pedido: que se periten los teléfonos que acreditan esos dichos y comunicaciones citando como testigos a los inspectores que se encontraban en el lugar y escucharon la conversación.
Si los dichos se comprueban la situación de todos los agentes actuantes se verá complicada y por el mecanismo que habitualmente utiliza la fiscalía podrían ser citados a prestar testimonio los dueños de las empresas que operan en la ciudad. Será la oportunidad para quienes se han visto perjudicados por la maniobra y tienen sus papeles en regla, de mostrar las irregularidades que a diario soportan.
