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martes, mayo 11, 2021

A fin de mes hay indagatorias por la “mala leche”

A fines de la semana próxima están citados a declarar el titular del sector de suministros para planes sociales de la empresa, el responsable de su distribución en el Ministerio, el dueño del comercio y el Contador Corleto en su doble condición de funcionario municipal y del establecimiento. Hasta ayer, Hugo Salviolo, no había recibido su citación.

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En el mes de Mayo de 2005, el Centro de Comercio e Industria impulsó una denuncia que dio lugar a la apertura de una causa que comienza a definirse en estos días. Tras detectar un lote de cajas de leche pertenecientes a Planes Sociales que estaban siendo comercializadas en el Supermercado Sarmiento, la Justicia Federal comenzó una investigación cuyas consecuencias aún no están claras.
Mediante un dato proporcionado por un socio de la entidad, lograron comprar cajas de leche pertenecientes al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y obtener un ticket por esa compra que luego sirvió de prueba.
Entre los días 28, 29 y 30 de Agosto, desfilarán por el tribunal todos los involucrados en la causa; entre ellos, dos funcionarios municipales.
Se trata del Contador Municipal Oscar Corleto, quien en el día 11 de Mayo, cuando se realizó el allanamiento sobre el Supermercado Sarmiento, se presentó como contador privado de la firma, aunque después negó la vinculación y del titular de la cartera de Hacienda, Hugo Carlos Salviolo quien aparece como firmante de la habilitación, aunque hasta ayer por la tarde no había recibido la comunicación correspondiente que a todas luces parecía correcta, pero violaba disposiciones vigentes.
En el caso de Corleto, luego de pasar por varias instancias incluida la Corte de la Provincia, lo que intentan establecer, es si existió un incumplimiento de su deber de funcionario público porque se habría establecido que fue quien personalmente realizó ese trámite, ya que el dueño del Supermercado dijo ante la Justicia que nunca había estado en San Pedro y que, su firma aparecía en el expediente. Ante semejante afirmación se presume que los papeles fueron sacados del municipio para su tramitación o que la firma no se corresponde con la del titular del Supermercado. Por otra parte, en su condición de funcionario, estiman que no podía desconocer que “En el expediente administrativo hay un informe que dice que el supermercado no cumplía con la Ordenanza Nº 5144 vigente”. A ello, se le agrega como prueba que el 6 de Mayo, día en el que se realizó el allanamiento se hizo presente en el lugar.
En el caso de Hugo Salviolo, quien aseguró a este medio que el expediente de habilitación no tenía irregularidad alguna, suponen que su participación ha sido meramente la de firmar un trámite de rutina tras el paso por las áreas correspondientes. Sin embargo, está entre las personas que deberán presentarse ante la Justicia.

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Justos por pecadores
Aunque parezca mentira, la investigación iniciada derivó por dos carriles de análisis. El que cobra más repercusión es el de los funcionarios por el momento político que se vive, pero el que realmente importa es aquél que apunta a saber cómo, cuándo y dónde se perpetró una estafa contra el Estado argentino, utilizando leche perteneciente a planes sociales para ser comercializada en locales comerciales.
En ese sentido, conviene correr la mira del fusil y apuntar muy bien a quienes han medrado con dinero que pertenece a los ciudadanos y con seguridad, han obtenido cuantiosos beneficios por la falta de control de los organismos que deben monitorear, que la ayuda social llegue a sus destinatarios.
Es peligroso que los justos paguen por los pecadores, sobre todo si se leen los entretelones de una causa que estuvo parada durante más de seis meses por “falta de traductor chino”.
Entre los justos, está el Centro de Comercio que es el que descubrió la maniobra e impulsó la causa dedicando horas y viajes para declarar ante la Justicia y hasta puede eximirse a los que en distintas áreas tomaron el trámite de habilitación como una situación común, sin sospechar que quien tramitaba la apertura, era precisamente el Contador Municipal, cuya conducta siempre ha sido intachable, aunque en este caso parece haber incurrido en una incompatibilidad manifiesta.
Los pecadores, los que hicieron un negocio con la leche, aparecen a medias en el expediente, ya que sólo han sido citados, el dueño del comercio, el responsable del sector de fabricación de leche para planes sociales de la Planta perteneciente a lácteos Verónica y el titular del área del Ministerio que tenía a su cargo la distribución de las cajas de leche, Carlos Brizzi.
Se sospecha, que el de San Pedro no ha sido un caso aislado, sino un pequeño eslabón de una larga cadena que logró grandes ganancias “robando” las partidas que salían selladas con destino al Ministerio y comercializadas “en negro” con cadenas supermercadistas chinas.

Llegan los traductores
La última novedad en el expediente, está dada por la designación de los famosos traductores. Estiman que ahora, se podrá tomar correcta declaración a quienes adquirían las partidas de leche en polvo que compraba el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación cuya titular, Alicia Kirchner, ordenó también una investigación interna de la que siempre se negó a ofrecer detalles. Actitud que pone en duda, si realmente alguien fue sancionado por la hermana del presidente, ante tamaña estafa.
La indagatoria ante Villafuerte Ruzo no incluye a funcionarios de alto rango ni toma en cuenta los delitos que puedan haberse perpetrado contra los organismos de recaudación, ya que sólo se cuenta con un ticket del supermercado que vendió los productos pero no con la factura con la que se adquirió la “mala leche” que además tenía la particularidad de ser especialmente preparada con valores nutritivos superiores a los normales.

Leche Verónica
La firma láctea, tampoco ha aclarado demasiado sobre cómo pudo haber llegado la partida cuestionada a San Pedro. Según los distribuidores oficiales, nadie recibió esas cajas y es por ello que las miradas se posan en el circuito que va desde el centro de distribución del Ministerio a lugares del Gran Buenos Aires, donde este tipo de mercadería solía entregarse a punteros y titulares de numerosos comedores barriales. “El único citado por el Juzgado, es un directivo de apellido Piñeira”, sostuvo una calificada fuente de la Fiscalía, pero nada pudo adelantar sobre las licitaciones con las que la empresa abastecía al Ministerio y cómo era la facturación de las mismas.
Por lo que se sabe hasta el momento, Verónica, era la que se presentaba en las licitaciones convocadas por el Ministerio, pero luego las partidas se entregaban a la Provincia de Buenos Aires para su distribución.

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