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miércoles, mayo 18, 2022
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A fin de mes, Caso se baja del bondi

La firma Caso S. A. anunció a los trabajadores y al Municipio que el 30 de noviembre dejarán de circular las unidades del servicio de transporte público. La situación viene desde julio pasado, cuando la empresa acordó con el Ejecutivo la continuidad para hallar una solución que no está a la vista. El servicio fue adjudicado por diez años en 2008 pero será abandonado por “motivos de fuerza mayor”. En el Gobierno analizan llamar a nueva licitación o hacerse cargo por su cuenta de garantizar el transporte a 70.000 pasajeros por mes.

 

El sábado fue el día en que lo comunicado en julio pasado se puso en marcha. Caso S. A. notificó a sus empleados de La Perla Buses que el 30 de noviembre será el último día en que el servicio de transporte público en el partido de San Pedro tendrá a esa empresa como protagonista.
El lunes por la tarde, la carta documento ingresaba a la Municipalidad. “Por razones de fuerza mayor no imputables a la empresa”, señala el texto y detalla que las “causas tienen que ver puntualmente con: 1º) la pérdida de subsidios que legalmente corresponden y que no se nos otorgarán a partir de noviembre de 2010 (S.I.S.T.A.U.); 2º) el no tratamiento del municipio del aumento de tarifas con la celeridad necesaria para atenuar los continuos aumentos de los costos; 3º) la caída arbitraría del volumen de litros recibidos mensualmente de gasoil diferencial y considerable aumento de los costos de este gasoil diferencial; 4º) la compleja situación del tránsito en la ciudad de San Pedro que nos expone a continuos accidentes”.
La renuncia de la empresa Caso S. A. a continuar con el servicio que obtuvo por licitación el 24 de enero de 2008, luego de varias idas y vueltas, por diez años, para cumplir con el transporte público de pasajeros en todo el partido de San Pedro, incluidas las localidades y la línea urbana de la ciudad, fue anunciada en julio pasado a través de una carta documento en la que la firma expuso al Municipio su deseo de retirarse y los motivos a los que obedecía la decisión.

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Plazo cumplido
Pasaron meses desde el anuncio de la empresa y desde entonces no hubo demasiados avances que permitieran hallar solución a una situación que no fue prevista como debiera en el propio pliego de la licitación, ya que la empresa puede retirarse del servicio con abonar apenas 75.000 pesos por un seguro de caución, cosa que en el marco del volumen de la inversión realizada para lo que su titular calificó como “un negocio que salió mal”, no es demasiado.
La intención primigenia de la empresa era desactivar el servicio el 31 de julio, aunque tras una serie de reuniones con representantes del Ejecutivo decidieron continuar durante cuatro meses más, hasta fines de noviembre, para que hubiese un lapso suficiente en el que el Municipio decidiera qué camino tomar, teniendo en cuenta que una de las posibilidades legales es que para garantizar el servicio se pueden incautar las unidades y continuar con los recorridos, y además el propio Jorge Caso había manifestado que estaba dispuesto a “donar” los colectivos para que el Estado local se hiciera cargo.
Sin embargo, nunca hubo avances al respecto. La comisión fiscalizadora del transporte público dispuesta en la ordenanza de concesión y creada por decreto se reunió pocas veces durante todo el año y sólo una desde que se conoció la noticia de que la ciudad se quedaría sin el servicio que utilizan unas 70.000 personas por mes, según estimaciones de la propia empresa.

No hay “caso”
“Hace cinco meses que venimos con conversaciones con el Municipio para tratar de encontrar una solución, nuestra intención siempre fue preservar las fuentes de trabajo y que los pasajeros no tengan ningún inconveniente”, dijo el Contador José Geogeghan, asesor de la firma Caso S. A., quien señaló que el Estado local no ha hecho su parte para que la empresa pueda continuar con el servicio.
“A partir de marzo había un reempadronamiento del Sistau, uno de los subsidios que recibimos. La municipalidad debía realizar un reempadronamiento que no se realizó. A partir del mes de noviembre no vamos a recibir ese subsidio”, detalló.
El subsidio en cuestión corresponde al Sistema Integrado de Transporte Público, por el que según datos de la Secretaría de Transporte la empresa Jorge Alberto Caso S. A. tiene asignado $ 7.682,90 en octubre de 2010, suma similar a los últimos meses, pero sensiblemente inferior a los que corresponden entre marzo y junio.
“No sabemos si el municipio empezó a hacer algo para renovarlo”, señaló Geogeghan. Se refiere a lo que indican los considerandos de la Resolución 33/10 del 17 de marzo pasado: “Corresponde requerir a las jurisdicciones la actualización de los datos que sirven de base para efectuar la distribución de las compensaciones tarifarias, como así también de la documentación que permita validar los datos informados por dichas jurisdicciones”.
Esa Resolución, empero, también dice en su articulado resolutorio que son los beneficiarios del Sistau quienes “deben proceder a actualizar la información de base”. De todas maneras, el Secretario de Gobierno Juan Benseny dijo desconocer qué tipo de gestiones debía hacer el Municipio al respecto.
Por Compensaciones Complementarias Provinciales, la firma concesionaria del transporte público local tiene asignado para octubre $ 44.369,48, según los datos publicados por la Secretaría que dirige Juan Pablo Schiavi.
Hasta allí suman 52.052,38 pesos, monto similar al que desde la compañía señalan como el total deficitario mensual. Ello implica que, sin el subsidio, se estaría ante una pérdida de más de 100.000 pesos por mes.

Horizontes cercanos
Quedan pocas semanas para que la línea 501 sea desactivada y la carrera contrarreloj es para garantizar a los usuarios que podrán seguir contando con el servicio, especialmente quienes viajan desde las localidades, ya que la mayoría lo hace por trabajo.
“De nuestra parte hemos tratado de hacer una operación comercial con otra empresa, o encontrarle la vuelta con los empleados y también ofrecimos a la municipalidad para que se haga cargo del servicio”, dijo Geogeghan.
Por su parte, las autoridades municipales que manejan el tema evalúan los pasos a seguir. Al respecto, el arquitecto Pedro Restelli, Secretario de Obras Públicas y titular de la Comisión Fiscalizadora de Transporte, dijo a La Opinión que se reunirá con el Director de Asesoría Letrada Daniel Porta “para ver todo lo que es la posibilidad de llamar de nuevo a licitación y a partir de ahí, iniciar el pliego”. El funcionario reconoció: “En esta situación no nos queda otra”, aunque recordó que “de acuerdo a la ley orgánica podríamos hasta confiscar el servicio”.
Porta, por su parte, manifestó que “está previsto en las condiciones de la licitación que tenemos que evaluar y aceptar o denegar”, en relación a la carta documento que la empresa remitió al municipio con el anuncio del fin del servicio. “Hay una parte empresaria que tienen que cumplir, el contrato es por diez años. Aducen que el servicio es deficitario, pero eso es algo deberían haber evaluado, porque los subsidios no dependen de nosotros”, sostuvo el abogado.
Además de la posibilidad de llamar a una nueva licitación, en el Gobierno municipal analizan si es viable la absorción por parte del propio Estado local de la empresa, para garantizar el servicio a través de la creación de una Sociedad del Estado. Algunos sostienen que “si se paga más de medio millón de pesos para que nos junten la basura, por qué no pagar para que nos lleven la gente”, y alientan la necesidad de pensar en crear una tasa que sostenga el transporte público.
La empresa no está dispuesta a continuar cumpliendo con el servicio y el Estado debe hacerse cargo para garantizarlo. “Empezamos a armar un pliego nuevo de licitación, que lanzaremos cuando ellos dejen formalmente el servicio”, dijo Porta, quien también recordó que “si hay un incumplimiento de ellos, el Estado puede incautarles las unidades y hacerlas funcionar”.
En el análisis municipal consideran que los argumentos esgrimidos no representa un caso de “fuerza mayor” y, aunque dispuestos a aceptar que no hay retorno respecto del fin de la empresa al frente del servicio, “no todo tiene que ver con todo”.
“Una empresa que deja un servicio como este por causas de fuerza mayor paga a los empleados indemnizaciones por montos iguales a la mitad del total que pagarían si fuese un despido sin causa, que es lo que en realidad hay acá. El negocio no les funcionó y lo quieren dejar, están en todo su derecho, pero eso es otra cosa”, analizaron.

El Concejo pide voz
El HCD se hizo eco de la noticia que adelantara La Radio acerca de la decisión de Caso de abandonar el servicio a partir del 30 de noviembre. En ese sentido, el Concejal de la Coalición Cívica Matías Velo pidió al Presidente del cuerpo que convoque a una reunión extraordinaria para tratar el tema junto al Intendente y funcionarios.
Velo consideró que “se ha cometido un error grandísimo desde el comienzo al mezclar los servicios local con el de las localidades” y agregó: “Tenemos que garantizar el servicio a las localidades y que los trabajadores no se queden sin fuente de ingresos”.
El bloque del Acuerdo Cívico y Social que preside Martín Pando elevó un pedido de informes en el que solicitan conocer por qué no hubo reuniones del Comisión Fiscalizadora –que ni siquiera tiene los miembros asignados de cada bloque, hoy seis en el Concejo–; temas abordados en las reuniones con la empresa; si el Ejecutivo realizó gestiones para solicitar colaboración o asesoramiento frente a la situación planteada en julio; y quién debe “suscribir a información que debe ser visada por el Municipio para ser presentada ante el Sistau”.

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