Ferré no convenció a los portuarios
Tras una reunión mantenida con el Ministro de Producción de la Provincia y sus asesores, representantes del puerto local mantienen el estado de alerta. Las propuestas presentadas en el encuentro no convencieron a los portuarios, que consideran que el gravamen seguirá en pie y los perjudicará directamente. Hay versiones de cambios en el Consorcio de Gestión.
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Un nuevo capítulo se escribió esta semana sobre el conflicto portuario que desató la Ley de Reforma Impositiva impulsada por Scioli y que el Senado aprobó la semana pasada. El lunes, Eduardo Almada del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) y Pedro Slovinsky, del Sindicato Unido del Personal Aduanero (SUPARA) y Director del Puerto local, se reunieron en La Plata con el Ministro de Producción Martín Ferré, Diputados oficialistas, representantes de otros puertos y asesores del Ministerio para debatir la posibilidad de dar marcha atrás con el polémico artículo 26 de la Ley, que grava las actividades portuarias y es considerado como “la muerte de los puertos” por trabajadores y operadores portuarios de toda la provincia.
El encuentro tuvo lugar porque los portuarios de toda la provincia estimaron necesaria la modificación de ese punto de la Ley y tanto el Gobernador Scioli como el Ministro Ferré habían manifestado públicamente su voluntad de corrección, separando los puertos en grandes, medianos y pequeños, con la intención de reformular con ese criterio los gravámenes correspondientes. “Los resultados no fueron positivos”, según manifestaron los portuarios locales.
La propuesta
Las primeras palabras de Ferré fueron contundentes: el artículo no se puede vetar, como piden los portuarios. Tal vez el costo político que puede significar dar marcha atrás con una medida tomada no pueda ser soportado por una gestión que está siendo cuestionada por los manejos financieros deficitarios que atraviesa.
Los representantes de Bahía Blanca decidieron no escuchar más y se retiraron de inmediato. El resto permaneció en la reunión para encontrarse con una propuesta que los dejó desconformes. El gobierno provincial propuso no vetar el artículo, sino habilitar a los puertos a que graven hasta un 30 por ciento los movimientos y, a su vez, a girar a la provincia el 30 por ciento del total de la recaudación. “Si recaudamos tres millones, uno se lo lleva la provincia; cómo hacemos para pagar sueldos, dragar, es imposible”, manifestó un portuario.
“Si esto es así, le traigo la llave para que cierre usted el último candado del puerto”, le dijo Eduardo Almada al Ministro. La propuesta oficial no satisface y el pedido de todos los puertos es unánime: vetar el artículo.
San Pedro quizás…
Los representantes de toda la provincia coincidieron en señalar a San Pedro y Quequén como las localidades más complicadas por la medida. El descontento es extendido y el repudio a los diputados de cada ciudad portuaria que votaron a favor se escucha en cada aparición pública: “Levantaron la mano para enterrar los puertos”, se quejó un gremialista. Habrá otra reunión a la brevedad y existe la posibilidad de una nueva propuesta que llevaría a un cinco o diez por ciento lo que deba girar el puerto local y otros pequeños a la provincia de la recaudación, lo que habilitaría en buena medida un paliativo a lo que implica la Ley. “De saco y corbata no pueden decidir los destinos del puerto”, se quejaron algunos.
Nos equivocamos
Por su parte, el Diputado Provincial y ex Intendente de San Pedro Julio Pángaro manifestó que “hay receptividad para modificar el artículo, porque se reconoció un error”. Los portuarios manifestaron su enojo con el voto del sampedrino, que expresó su compromiso para que se contemple la situación del puerto local. Aún así, esta semana ganaron la calle unos volantes en la que acusan al Diputado de “traidor” y “títere del pingüino”. Norberto Mitelsky, productor agropecuario, Presidente de Federación Agraria y Concejal electo por el oficialismo local vertió el mismo concepto en el aire de La Radio: “Pángaro es un títere del gobierno nacional”, dijo. Eduardo Almada llamó “traidor” al Concejal Rodolfo Trelles, quien tuvo un duro cruce con la Presidenta del Concejo Norma Atrip mientras el Concejo discutía la resolución de repudiar la Ley. En medio de esa disputa, los representantes portuarios que asistieron a la sesión se retiraron, reprochando que lo que sucedía en el recinto no era “serio”. “Nosotros vinimos a buscar apoyo, no a escuchar peleas sin sentido. Somos 500 familias las que nos vamos a quedar sin trabajo”, dijeron.
Sobre el cierre de esta edición aparecieron versiones de posibles cambios en la presidencia del Consorcio de Gestión. Mariano Veiga dijo no estar al tanto y que él respetaba a todos los involucrados en el conflicto.
