Fallo a favor de la libertad de informar

Un fallo de la Justicia de San Nicolás favoreció al derecho a la libertad de información al rechazar una demanda que el ex futbolista Eduardo Gustavo Artesi inició contra La Opinión luego de que este semanario publicara detalles sobre un festival organizado por él en la ciudad y que resultó un verdadero fraude para las instituciones en nombre de las que ese evento tuvo lugar.
Artesi reclamaba un resarcimiento económico de 88.000 pesos por “daños y perjuicios”, ya que consideraba que el artículo publicado el 21 de diciembre de 2005 fue una “afrenta contra su persona, su honor y reputación” provocado por “un comportamiento desaprensivo del periodista y de la Directora del periódico, sin preocupación sobre la falsedad o no de la noticia”.
El ex futbolista organizó un partido en el Estadio al que vendrían personalidades del fútbol que ni se habían enterado a jugar “a beneficio” de instituciones que no recibieron nada y con el apoyo de la Municipalidad que tuvo que hacerse cargo del “tendal” que dejó Artesi, quien además salvó su jornada merced al sorteo de una pelota firmada a través de una improvisada rifa.

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Rechazado
La Justicia desestimó la causa iniciada en septiembre de 2006 por el ex futbolista y rechazó su demanda, toda vez que consideró los argumentos esgrimidos por La Opinión a través de su abogado Benito Aldazabal, que sostuvieron que en el semanario “sólo se ejerció el legítimo derecho de informar y publicar las ideas por la prensa en relación a un evento o acto público”.
En ese sentido, el Juez aseguró que “no obran elementos de juicio objetivos que puedan desnudar no ya la falsedad de la información, sino al menos la existencia de errores o conceptos equívocos en la publicación periodística”, por lo que aparece imposible determinar la exactitud o no de lo publicado.
“No resulta posible acceder a la verdad de lo sucedido, o extraer siquiera mínimamente indicios que digan de la falsedad o equívocos derivados de la información brindada por la publicación en conflicto”, sostiene el Juez, fundado en que la jurisprudencia existente para este tipo de casos pone sobre el denunciante la responsabilidad de colectar los elementos probatorios necesarios para fundamentar sus afirmaciones.
La Justicia rechazó así el reclamo monetario de Artesi, ya que no hay elementos que permitan dar cuenta de negligencia por parte del medio de comunicación ni que haya existido “real malicia” a la hora de publicar la nota; esto es: que el semanario supiera la inconsistencia de la información y aun así la haya hecho pública, “con el fin de calumniar o injuriar”.
Artesi también reclamaba por la aparición de fotografías suyas en esa edición. El Juez entendió que él fue quien “posó para las cámaras” ese día, por lo cual “no puede luego agraviarse por la publicación de su imagen en medios gráficos en el contexto del suceso por él mismo organizado”.

Sentar precedentes
Este fallo contribuye al libre ejercicio de la profesión de periodista por cuanto se hace eco de lo argumentado por este semanario en su descargo, donde señala que el hecho de que alguien tenga una opinión o expectativa diferente respecto de lo ocurrido, “no lo autoriza a reclamarle suma alguna, ya que la diferencia de opinión es un derecho casi absoluto”.
Aquí la Justicia sienta un nuevo precedente respecto de cómo deben analizarse situaciones como estas, en las que hay dos derechos en pugna: la libertad de prensa y el resguardo de la intimidad, el honor y la imagen.
En efecto, el Juez sostiene como “firme convicción” suya que en el caso hay una “trascendente orfandad probatoria” cuyos “ingredientes de demostración” resultan “inhábiles para acreditar siquiera sus presupuestos de hecho básicos”.
La legislación vigente en el país señala que “no basta que la información sea errónea y aún lesiva para el honor de una persona para que ésta tenga derecho a que le sea reparado el perjuicio causado” sino que “comprobado el exceso informativo, quien pretenda el resarcimiento deberá demostrar la culpa o negligencia en que incurrió el informador conforme el régimen general de responsabilidad”.

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Por qué baila el mono
La Opinión lleva varias causas en su contra de estas características, en las que ha salido airoso en virtud de haber tomado los recaudos pertinentes a la hora de publicar en sus páginas, cuyas notas no siempre son del agrado de todos.
Ahora, afronta una demanda por medio millón de pesos donde comparte denuncia con La Radio y el sindicato docente Suteba, iniciada por el destituido Director de la Escuela Industrial Sergio Romero, junto a Félix Prego y Amílcar Fasce, dos involucrados en irregularidades administrativas.
Romero fue acusado por madres, alumnos y docentes de presuntos casos de acoso hacia adolescentes, sobre lo que todavía hay iniciado un sumario en el Ministerio de Educación bonaerense, cuyo avance será determinante para el destino de una causa penal en la que él mismo se involucró en su momento y en la que le dictaron falta de mérito.
Romero reclama dinero porque considera que las publicaciones de este semanario lo afectaron en su honor, pero no reclama por “calumnias e injurias” sino que dio una vuelta más: asegura que esa información le provocó “daños psicológicos” a su persona, producto de haber mancillado su “buen nombre” en la sociedad local.
La Justicia tiene en sus manos el caso y la semana pasada habrían terminado las declaraciones testimoniales. El relato de madres que aseguran que sus hijos fueron acosados por Romero podrían ser determinantes no para el destino del dinero a pagar, sino de la verdad que debe revelarse una vez más con toda su amplitud: qué pasó en la Escuela Industrial mientras Romero estaba a cargo de la dirección.
En el caso de Fasce y Prego aún se desconocen cuáles son sus motivaciones más que el dinero pretendido. La defensa del medio en este caso está a cargo del Dr. Nicolás Macchia, quien supone que con las declaraciones de los testigos citados es suficiente como para cerrar un caso que lamentablemente el sistema educativo “demoró”, premiando al responsable de aquella escuela con su permanencia dentro del sistema aunque sin posibilidad de tener contacto con menores.
Las “madres coraje” que se animaron a exponer sus casos a La Opinión y La Radio y los jóvenes alumnos que fueron víctimas de las irregularidades no pueden sentir lo mismo ya que ellos han sido quienes verdaderamente han sufrido el “daño psicológico” que ahora no sólo Romero sino también Fasce y Prego reclaman en dinero aunque sigan percibiendo sus remuneraciones del Estado y tengan el privilegio de “litigar sin gastos”.

Calumniar e injuriar
El resarcimiento económico suele ser una de las principales formas de acallar a la prensa. La jurisprudencia, empero, señala que las demandas no pueden poner en peligro la continuidad de los medios de comunicación, aunque continúa como uno de los elementos de presión más importantes.
Desde que la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner despenalizó esta figura para los casos de interés público, el periodismo esquivó la espada de Damocles que amenazaba con un horizonte de cárcel, tras una larga lucha que tuvo como caso resonante el de Eduardo Kimel, condenado por su investigación sobre la muerte de los curas palotinos en la iglesia de San Patricio, durante la Dictadura, en cuyo marco mencionaba a un Juez. Desde Carlos Menem a Néstor Kirchner, todos los presidentes se habían comprometido y no habían cumplido.
Todavía queda el camino para avanzar sobre la cuestión de las demandas civiles, para evitar el ahogo económico. También restan más medios capaces de asumir la responsabilidad que les compete, porque a veces no hay “real malicia” aunque sí “real impericia” o “real pereza”.

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