Expedientes urgentes para autorizaciones tardías
Los últimos proyectos tratados por el Concejo Deliberante obedecían a urgencias del Ejecutivo. Tres eran autorizaciones para cosas que ya están en marcha: un programa de inclusión social, la obra de acceso por Oliveira Cézar y la central termoeléctrica.
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Cuando recibió el orden del día la semana pasada, un concejal bromeó: “Anduvo rápida la escribanía”. En sesión, otro lo planteó a viva voz. Es que los últimos expedientes tratados fueron urgencias del Ejecutivo que ingresaron semanas antes. Además, corresponden a temas que necesitaban rápido tratamiento porque eran autorizaciones pendientes para cosas que ya están en marcha.
Uno de ellos fue la declaración de área industrial a la zona de emplazamiento de la central termoeléctrica de Ruta 1001, que está en construcción. La ordenanza derogó otra que ya habían aprobado sobre el tema, redactada por el Ejecutivo, y en la que nadie había notado su falta de pertinencia, por lo que hubo que dejarla sin efecto.
La obra comenzó hace meses y desde Araucaria Energy aseguraron que el 1 de diciembre estará en funcionamiento. Se trata de un proyecto contratado por el Gobierno nacional para abastecer el sistema energético del país, no necesariamente el local, como dice la ordenanza en sus considerandos.
El presidente del bloque oficialista Iván Paz apoyó sobre su banca una agenda con el logo de la empresa, el mismo día que se aprobaba la autorización. Una mala puntería que en otros tiempos hubiera provocado un verdadero escándalo, pero que pasó de largo en el recinto, donde hay experimentados ediles que han visto pasar lobbystas de toda índole.
También aprobaron la convalidación del programa de Desarrollo Humano “Animate, vos valés”, que insume alrededor de 70 mil pesos y está en marcha hace tiempo. Oficialismo y oposición celebraron la iniciativa, los integrantes del cuerpo levantaron la mano y a otra cosa.
Prorrogaron el contrato con Tipsa, la empresa que cobra los derechos de publicidad y propaganda, puesto que el Gobierno reconoció que no llegó a marzo de este año –fecha impuesta por la prórroga anterior– a convocar a una nueva licitación o a hacerse cargo por sus propios medios de esa gestión. Ello implicó algunas críticas.
El Ejecutivo remitió para su tratamiento en comisión la declaración de interés público y pago obligatorio de las obras de pavimentación de Oliveira Cézar y 24 de Febrero, que pasó a la comisión de Presupuesto.
El costo de esa obra es de ocho millones de pesos, de los cuales el Gobierno nacional aporta seis. Los otros dos millones se pagarán con el Fondo de Obras Públicas Comunitarias, es decir que lo deben afrontar los frentistas.
Recién ahora, y con la obra casi terminada, el Gobierno remitió el proyecto de ordenanza.
