Estudian denuncia penal por trabajos en zona de islas

Tres máquinas trabajan incesantemente desde la semana pasada en una isla frente al sector concesionado a la empresa Forestadora del Delta, de Carlos Eisler, en la zona de la bajada de Los dos Pinos, al norte del barrio Las Canaletas, donde esa firma tiene una balsa trasbordadora que fue aprobada casi sin objeciones en el Concejo Deliberante otorgándole exclusividad para un servicio que la embarcación municipal había dejado de prestar.
Las tareas son para la construcción de terraplenes en un área natural protegida que, a pesar de ser propiedad privada, debe ajustarse a la normativa vigente que pide estudios de impacto ambiental para la intervención del terreno.
Varias áreas del gobierno municipal encendieron la alarma luego de detectar los trabajos de las máquinas y solicitaron la intervención del Organismo para el Desarrollo Sustentable (Opds), espacio gubernamental provincial que tiene a su cargo las cuestiones ambientales. Sin embargo, todos olvidaron que algunos de los actores fueron observadores pasivos cuando esta norma se aprobó en el Concejo.
En efecto, en la Municipalidad no ingresó ninguna solicitud, aviso o comunicación respecto del desarrollo de esas obras, que por otra parte necesitan autorización, estudio de impacto ambiental mediante, según lo establece la resolución 29/09 del Opds. Así lo confirmó el Secretario de Obras Públicas Pedro Restelli.
En ese sentido, la normativa indica que todo proyecto que conlleve una o más tareas u obras de tipo endicamiento, embalses, polders, dragados, refulados, excavaciones, creación de lagunas, derivación de cursos de agua, modificación de costas, desagües naturales, cotas en superficies asociadas a valles de inundación y cursos de agua o ambientes isleños, deben ser sometidos a procesos de evaluación por las autoridades competentes.
El Director de Turismo Fabián Bianchi manifestó su preocupación por el tema y señaló que en el Gobierno municipal, desde las áreas de Legales, Gobierno y Producción trabajan en la conformación de una denuncia penal para que cesen las obras y haya una certificación plena respecto de si pueden o no llevarlas adelante.
“Sin estudio de impacto ambiental no pueden hacer nada”, señaló Bianchi, quien recordó que el acuerdo firmado con Parques Nacionales obliga a la Municipalidad a solicitar o tomar intervención frente a casos como este. “La idea es que se frenen las obras para que la Justicia y el Opds determinen si lo pueden hacer o no”, dijo el funcionario.
Por su parte, el Director de Asesoría Letrada José Macchia indicó a La Opinión que en el gobierno están “viendo las normas aplicables y la legislación para tomar una determinación” respecto a los pasos judiciales.

Ads

Amenaza en las islas
Lo cierto es que las islas se ven amenazadas no sólo por este caso concreto o uno similar que tiene lugar en la zona de Vuelta de Obligado, cuyas islas son jurisdicción de Entre Ríos y donde también se vieron máquinas “terraplenando”.
“Dentro de 10 ó 12 años no tenemos más islas, esto es un desastre”, dijo un baqueano que vio el trabajo de las máquinas y aseguró que esos terraplenes “hacen que el agua no se quede en las islas, pero perjudica a la costa, se viene todo para acá”.
Otros habitantes de la zona manifestaron que “hay islas donde sembraron soja, esto es cualquier cosa” y despertaron una vez más su preocupación por las fumigaciones con glifosato, algo en que las autoridades también trabajan y que podría generar importantes novedades en las próximas semanas.

Amigos del poder
Forestal del Delta es propietaria de la isla en cuestión, que obtuvo cuando compró parte de la quiebra de la ex Celulosa Jujuy. En 2006 presentó un polémico proyecto para que le cedieran terrenos en la costa, que fue aprobado y luego generó una resistencia vecinal que obligó a trasladarlo 800 metros del lugar original.
La ordenanza que le cedió ese espacio a Eisler por quince años con opción de un período igual más fue aprobada por la mayoría barbierista, en medio de reclamos de la oposición.
Un alto funcionario de ese gobierno dijo a este semanario que si bien “no hubo nada espurio”, sí había “una muy buena relación entre el intendente y el empresario, no había por qué desconfiar”. Ahora, el mismo funcionario sostiene que “es una locura lo que han hecho ahí”.
La ordenanza otorgó un permiso de uso y ocupación de ese terreno, aunque no especificaba medidas. El destino era la “construcción de una terminal sobre el continente de una balsa-trasbordador” y quedó “prohibido ser utilizado para transporte de ganado, colmenares y/o almacenamiento de cereales y /u oleaginosas”. Los vecinos sostienen que mucho de ello no se cumple.
Esa norma autorizaba el comienzo de las obras pero exigía “completar los requerimientos que la autoridad de aplicación solicita antes de un año de la promulgación de la presente, debiéndose notificar fehacientemente a este Honorable Concejo Deliberante la finalización del trámite, bajo apercibimiento de caducidad automática de la concesión”. La Opinión consultó a varios concejales que señalaron no saber nada de esa notificación.

Ads

Ads

Ads