Estiman que 1500 jubilados locales perdieron cobertura de remedios de Pami
El sábado en Sin Galera aparecieron diversos casos de personas afectadas por el recorte y a quienes les cuesta mucho pagar sus medicamentos. “Los tomo día por medio”, aseguró una octogenaria. Desde el sindicato de empleados del organismo calcularon que perdió el beneficio la mitad de los sampedrinos que lo tenía hasta el año pasado. Hay un trámite para solicitar una excepción “que es muy engorroso”.
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En medio de la polémica por la creación de una Fundación Pami que se alimentará de recursos del organismo, la problemática de jubilados que se vieron afectados por las políticas de recorte de prestaciones y entrega de medicamentos quedó expresada el sábado en el aire de Sin Galera, cuando una gran cantidad de abuelos sampedrinos llamó para contar su historia.
La restricción del alcance de la cobertura del 100 por ciento del costo de los remedios –que además pasó de 10 a cuatro unidades–, la eliminación de alrededor de 150 principios activos requeridos y las dificultades cada vez mayores para hacer trámites que permitan la obtención de prótesis y otras prestaciones fue expuesta por quienes sufren la situación a diario.
Cuando el Gobierno nacional hizo el anuncio de lo que denominaron “Plan de medicamentos sustentables”, la Fundación Soberanía Sanitaria advirtió que será “una barrera para el acceso a la salud que puede llevar a que muchos jubilados y jubiladas tengan que abonar las cajas ‘extras’ al verse en la necesidad de evitar el engorroso trámite por la demora que conlleva”.
En San Pedro, según reveló el delegado gremial del Sindicato Único de Trabajadores del Pami (Sutepa), Valentín Mastrángello, la mitad de los jubilados que percibían el beneficio lo perdió.
El año pasado el padrón era de tres mil beneficiarios. Es decir que unos 1500 abuelos locales dejaron de recibir la medicación gratuita.
“Tomo el remedio día por medio”
Los relatos son conmovedores. Carmen tiene 82 años. Vive con su esposo. Les quitaron la cobertura de cinco medicamentos. El motivo: tiene una casa a su nombre en San Pedro y aparece en la sucesión de un inmueble de su madre.
“A partir de este mes me quitaron todo. Fui a Pami a averiguar y me dijeron que tenía que ir a Arba, porque figura que tengo propiedades y que tengo que ir al Registro del Automotor a ver, no sé, si tengo una patineta a mi nombre”, se quejó.
Sabe que hay un mecanismo de excepción. Pero no tiene hijos ni nadie que pueda ayudarla con los trámites, que en las propias oficinas del organismo califican de “muy engorrosos”.
Ella sabe de qué se trata. Todos los meses tiene que ir al médico de cabecera, luego a la clínica San Pedro, luego a las oficinas de Pami y finalmente al hospital para que su esposo pueda aplicarse una inyección como parte de un tratamiento para una úlcera que tiene en una pierna. “Es la vuelta del caracol”, graficó.
A Beatriz le suspendieron dos remedios que suman 1.150 pesos en total. Tiene una casa y cobra una jubilación por encima de la mínima. Está afuera. “Ya van dos meses. Ahora tomo el remedio día por medio, para que me dure más”, aseguró.
A Emilse le sacaron toda la medicación. Lo contó entre lágrimas. Paga 400 pesos por mes de remedios. No le alcanza. Tiene una casa y cobra su jubilación y la pensión de su marido.
Qué dice la resolución
Sólo podrán acceder al 100 por ciento de la cobertura quienes tengan un ingreso menor a una jubilación mínima y media, es decir poco más de 9 mil pesos. No deben tener acceso a una prepaga, ser propietarios de más de un inmueble ni de un vehículo con más de 10 años de antigüedad.
Tampoco deben poseer “aeronaves o embarcaciones de lujo”, aunque en la práctica hay pescadores artesanales dueños de un simple trakker que ya no reciben los medicamentos.
Hay un “trámite de excepción”, pero es tan engorroso que muchos desisten. Pueden hacerlo quienes necesiten remedios cuyo costo supera el 5 por ciento de sus ingresos.
Necesitan una “revalidación médica”, un “informe social” y deben calificar en la denominada “escala de vulnerabilidad sociosanitaria”.
Todo ello implica ir al médico de cabecera, luego practicarse todos los estudios que certifiquen que todavía padecen la enfermedad por la que necesitan los medicamentos que venían tomando hasta que se los cortaron, remitir todo a Pami local, pasar por una auditoría social, elevar a la regional, donde pasará otros dos filtros hasta llegar al director ejecutivo, que es quien tiene la última palabra.
