Está tomada la decisión para que la Coopser cobre la tasa de alumbrado
El Ejecutivo reavivó el debate y envió al Concejo Deliberante una propuesta de reforma a la ordenanza que habilitó en el 97’ a firmar un convenio con la cooperativa para que cobre la tasa de alumbrado público separada en un cupón troquelado. Amparados en una ley, la propuesta es sacar el párrafo referido al cobro separado de la tasa que permitía al usuario pagar una u otra y que haya un solo total. Se trata de un aumento importante, que en algunos casos puede llegar al 50 por ciento de lo que pagan actualmente.
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En el Gobierno municipal están decididos a que la Coopser sea quien se ocupe de cobrar la tasa por alumbrado y para ello ya habían firmado un acuerdo de intención al Oceba, enviando una carta documento y luego dieron el paso que faltaba, recurrir al Concejo Deliberante.
El expediente presentado propone una modificación a la ordenanza vigente, que fue sancionada en 1997 para que el Intendente Trelles pudiera establecer un convenio con la cooperativa, lo que no resultó dentro de los 120 días que establece como plazo la propia norma.
La modificación propuesta es nada menos que cortar el párrafo del artículo 2° que habla del “troquelado”. El texto actual de la ordenanza señala que el cobro de la tasa deberá hacerse con un troquelado que separe la factura del consumo domiciliario. Eso es lo que proponen borrar.
Ello significa que, si el oficialismo logra imponer la mayoría con la que cuenta y lo votos permiten aprobar la modificación, el socio/usuario/cliente de la Coopser se verá obligado a pagar una tasa cuyo nivel de cobrabilidad hoy es bastante bajo.
Ni más ni menos que lo siguiente: cada factura llegará a los hogares con los montos discriminados pero no separados para el pago. Cada impreso dirá lo que el vecino gastó en consumo, lo que debe pagar como fondo de obras públicas, los ítems de impuestos varios y uno que será “Ley 10.740”, que es la que permite a los Municipios obligar a las prestadoras a cobrar la tasa.
“Lo que luego se establece es cuál es el criterio, qué es lo que van a hacer cobrar, si es por frente o qué”, explicó el Síndico de la Coopser Oscar Silva, quien fue claro respecto a lo que dice la ley: “No tenés la posibilidad de no pagar, entrás en deuda eléctrica”.
La ley 10.740 fue hecha a medida de las necesidades de municipios que no alcanzaban a cubrir el gasto correspondiente y estableció la obligatoriedad por parte de las empresas que prestan el servicio. La única posibilidad de rechazarlo sería mediante una declaración de inconstitucionalidad, algo que en los años 90’ explicó en asambleas el Dr. Benito Aldazabal, abogado de Coopser.
Dudas para la implementación
En la Coopser hay preocupación, a pesar de que saben que no podrían negarse. Ya el flamante presidente Pablo Peralta sostuvo que “hay voluntad” para avanzar en el tema, aunque con cautela aguardan lo que pueda suceder en el Concejo Deliberante.
Allí, el Ejecutivo tiene los votos. Ello en la medida en que los diez concejales que forman parte de los tres bloques oficialistas manifiesten su apoyo, algo que no es seguro. El recuerdo del intenso debate que se vivió hace más de 15 años cuando se planteó el tema está vivo, y lo que puede generar en la población es por lo menos malestar.
Esto sencillamente porque al posible aumento de tasas en el 2013 se sumará la obligatoriedad encubierta que no sólo implica evitar una deuda y todo lo que ella lleva aparejado, sino además directamente el corte del servicio de energía eléctrica.
En la oposición analizan el proyecto presentado por el Ejecutivo, ya que deben evaluar si no hay contradicción con algún decreto que haya establecido el troquelado.
Cuestión de plata
Como se dijo, la cobrabilidad de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza no es la mejor. Vastos sectores de la población no pagan. Algunos, es cierto, ni tienen el servicio. Otros, lo que más lo disfrutan, tampoco lo abonan.
El cálculo inicial que manejan quienes estudian la implementación de la norma por fuera del Gobierno es que el mínimo sería actualmente de entre 18 y 20 pesos. Si aumentaran la tasa, algo que está previsto por una gestión deficitaria que quiere “sincerar” los montos para crecer en recaudación, podría irse a entre 25 y 30 pesos mensuales.
Una de las preocupaciones que se plantea es la desigualdad con el que no tiene medidor y además porque al sumarse al consumo domiciliario, encarecería mucho las facturas bajas, al punto de que quienes hoy pagan mínimos montos verían un incremento del orden del 50 por ciento.
Más deuda para el Municipio
Ya lo había advertido el Ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien antes de fin de año indicó a los gobiernos municipales que preparaban sus presupuestos acerca de una quita de subsidios que sobrevendrían si disponían incrementos en la tasa de alumbrado público.
La mayoría de los municipios, acuciados por la dependencia del poder central, se vieron en la encrucijada. Si no aumentaban la tasa, su recaudación se vería golpeada por la inflación, pero si lo hacían sufrirían el descuento. San Pedro, como tantas otras ciudades, decidió aumentar y esperar lo que sucediera.
Aunque la resolución ministerial fue firmada en noviembre del año pasado y notificada en febrero de este 2012, recién ahora la Coopser fue informada respecto de lo que debe abonar el estado local.
“En aquellos casos en que un agente distribuidor informe la ocurrencia de incrementos en las tasas por servicios generales referidas previamente, se reducirán en la misma proporción el volumen de subsidios aplicados a los consumos de energía eléctrica aludidos”, decía la resolución.
Así, el municipio debe pagar aproximadamente 70 mil pesos correspondientes a la quita de subsidios por haber aumentado la tasa para el corriente ejercicio, lo que pasa a ser un monto más de la ya abultada deuda que mantiene con la Coopser.
El próximo 10 de noviembre, el Gobierno debe abonar la cuota del plan de pagos acordado que ya generó un problema el mes pasado, en el primer vencimiento de esos compromisos.
Además, deberá pagar lo que corresponda al consumo del mes por alumbrado, mantenimiento y por las bombas de agua. A ello se suma esta quita de subsidio, lo que acrecienta las dificultades financieras del municipio.
