Esperan que los chicos ratifiquen en cámara Gesell lo que contaron ante la psicóloga
La Justicia todavía no notificó a los padres acerca de la fecha en la que sus hijos deberán declarar bajo el sistema de cámara Gesell y Fiscalía espera que sea antes de la feria judicial. Cinco chicos pasaron por la entrevista previa. La Jueza supeditó su evaluación sobre la detención del imputado a esas declaraciones.
Pasó un mes y medio desde que padres del jardín del instituto Margarita O’Farrell de Maguire de Santa Lucía denunciaron al profesor de música de sus hijos por abuso sexual y corrupción de menores, causa que instruye el Fiscal Marcelo Manso y sobre la que decide la Jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui.
Hasta el momento, los elementos para que la Justicia decida la detención del imputado no serían suficientes. Al menos es lo que considera la magistrada a cargo, quien supeditó la solicitud del Fiscal a los resultados de las declaraciones de los chicos, que serán bajo el sistema de cámara Gesell, como corresponde a los menores de edad.
El Fiscal Manso espera que el Poder Judicial disponga la fecha para las declaraciones y confía en que sucederá antes de la feria judicial por vacaciones de invierno. El problema es que sólo hay un profesional para todas las causas de las seis ciudades bajo su órbita.
El único chico que declaró en cámara Gesell no hizo aportes significativos en las dos ocasiones en las que le tocó hablar. Se trata del primero de los casos denunciados.
Hay otros cinco alumnos del jardín que ya pasaron por la entrevista previa con el psicólogo y están en condiciones de declarar. Sus padres no fueron notificados aún de las fechas y aguardan impacientes.
Al menos dos nenas dieron cuentas de hechos compatibles con lo que el Código Penal define como “abuso sexual” y “corrupción de menores”, aun cuando no se hable de “acceso carnal”.
“No queremos que quede en la nada”, dijo ayer uno de los denunciantes, cuya nena tuvo miedo de nombrar al docente cuando habló con la psicóloga.
En Fiscalía hay preocupación porque el caso necesita de esas declaraciones para solidificar la acusación.
Al imputado no se lo ve en las calles del pueblo. Su casa –que tuvo custodia policial durante la primera semana, por temor a linchamientos– tiene sus ventanas cerradas. El negocio familiar no volvió a abrir. Todo parece haber recobrado cierta normalidad, especialmente en el jardín, al que los chicos no regresaron.
