Ese menor que nos duele

Las ultimas dos muertes del segmento “inseguridad” actuaron como el disparador del debate en torno a reducir la baja de imputabilidad de los menores a 14 años. Renovado oxigeno parece tener esta plataforma política de vastos sectores de la sociedad en estos días. No es la primera vez. Esta espasmódica y apresurada consigna viene desprendiéndose de un imaginario profundamente reaccionario que alcanza eco en la palestra pública cuando el robo produce muerte, cuando los medios producen su mercancía, y cuando el poder de turno interrumpe el debate sin modificar el argumento.
El intento de penalizar al niño como un adulto, poniéndose en voz de ley su “tratamiento especial” es un claro ataque a la juventud pobre. Hay un sujeto inhalando lo criminal desde el momento en que nace. Y es un sujeto que se presenta como diferente. Me pregunto, ¿frente a quienes? ¿Qué idea de comunidad estamos sosteniendo? ¿Quién legitima la violencia verbal y discursiva, simbólica y también física (basta con asumir que los disparos en el indoamericano también provenían de las casas de los vecinos)?
¿Con qué liviandad ejecutamos el deseo pasional y repudiable del “hay que matarlos a todos”?
Es que estamos frente a una discusión que trasciende lo jurídico y penal para instalarse como plataforma electoral de actores políticos concretos. La publicidad política de los últimos tiempos, de los Macri y De Narváez, de los Duhaldes pero también de Scioli, simula una suerte de guerra civil; una explosión de hechos delictivos que van diagramando a este sujeto, cada vez menor, cada vez más joven, por la delincuencia atravesado, y no es casualidad, por la pobreza. Pero para que esto sea posible, hay un poder mediático que legitima esta asignatura pendiente de los llamados “mano dura”. Existe una sistemática campaña por parte de los medios para cercar la discusión en la cuestión de la “minoridad”, aniquilando socialmente la condición de “menor”. Y sobre este entramado de poder, donde “todos somos sospechosos hasta que se demuestre lo contrario”, el silogismo es que si se registran dos hechos protagonizados por menores… todos los menores son malvivientes.
La xenofobia desatada a partir de los sucesos en el indoamericano pareciera mutar y resignificarse en una constante y violenta criminalización de la juventud pobre y trabajadora. El accionar de la policía, legitimado por este relato mediático, está asociada a esta expulsión de la condición humana, desde el apriete y la tortura, hasta la precarización y malversación de la dignidad y el futuro.
El 31 de enero pasado se cumplieron dos años de la desaparición de Luciano Arruga, visto por última vez en la comisaría 8º de Lomas de Zamora, el caso de Luciano es enigmático para observar el accionar de las fuerzas represivas y la invisibilización total por parte de los medios y el poder político de turno. Luciano con 17 años, se negó a robar para la policía. Fue hostigado y amenazado hasta que lo hicieron desaparecer. Su caso no cuenta en las columnas periodísticas, pues se trata de un joven pobre. Hoy Luciano es un cuerpo ausente que nos grita cómo opera la institución policial. Por otro lado, de público conocimiento son las imágenes grabadas por los guardiacárceles torturando a un joven en la provincia de Mendoza. Las instituciones que “recuperan”, matan; las fuerzas del orden, desaparecen; los medios condenan; los políticos se acoplan a ese discurso, lo alimentan; y la respuesta aventurera, cortoplacista y violenta es bajar la edad de imputabilidad; medida que, como bien dice el miembro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni, ya “lo hizo la dictadura militar en 1976 y tuvo que dar marcha atrás”.
Entonces, ¿cuál es la discusión en torno a este debate bastardeado?: exigir el desmantelamiento del aparato represivo, deuda que este gobierno deberá saldar con los sectores populares, y desentrañar los mecanismos de propaganda político-mediáticos que condenan la pobreza, la indigencia, y que resuelven con la aplicación de mano dura una problemática estructural, hostigando a los hijos de los peores años de este país.
En un año electoral, las voces van ser muchas. Es necesario levantar este debate y profundizarlo con jueces y políticos, con jóvenes y periodistas, para pararles la mano a los “mano dura”, para construir y reconstruir la dignidad de los menores y para denunciar lo que nos duele.
Patricio Rosales – [email protected]

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