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jueves, mayo 13, 2021

Esclavos rurales perdidos en Portela

Dos procedimientos en establecimientos rurales detectaron condiciones infrahumanas de trabajo. Cientos de “golondrinas” hacinados en galpones y casillas rodantes excedidas en su capacidad, sin baños decentes y con un contratista que les cobraba la comida a precios exorbitantes, recordando las inconcebibles épocas de “La Forestal”. El medioevo en pleno siglo XXI.

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El capítulo primero de Gente de la Edad Media de la historiadora inglesa Eileen Power relata un día en la vida del campesino Bodo. Historia, tiempo pasado, crónicas de una época que no es la nuestra, que aprendemos en la escuela y que producen indignación si uno compara esas condiciones de vida con las propias. Los griegos tenían la particularidad de distinguir entre sus instrumentos de trabajo a los esclavos, a los que llamaban “instrumentum vocale”, herramientas que hablan.
Esas mismas condiciones fueron descubiertas en dos establecimientos rurales de Portela, en el vecino partido de Baradero, luego de que una denuncia efectuada por Uatre obligara inspecciones de la Delegación del Ministerio de Trabajo.

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Gente de trabajo
Uno de los campos pertenece a la firma Rural Lucas S. A., propiedad de un abogado y productor cinematográfico rosarino de nombre Claudio Corbelli, quien arrendó su propiedad a Miguel Oscar Di Lucca, un hombre de Balcarce que tendría un socio de nombre Angel Montes, oriundo de Tandil. Los contratistas rurales se dedican a la producción de papas y llevaron hasta Portela a trabajadores desde la zona de Balcarce para la recolección.
En ese establecimiento, más de ochenta trabajadores rurales estaban hacinados en galpones, sin baño, sin agua, durmiendo en colchones apostados en la tierra húmeda y algunas cuchetas improvisadas, rodeados de agroquímicos, en el insoportable verano de la pampa húmeda y sin cobrar en tiempo y forma lo que les prometieron como retribución por sus tareas. En este caso la recolección de 100 mil kilos de papas.
Como si eso fuera poco, el sobrino del contratista, Francisco Horacio Di Lucca, que hacía las veces de patrón, se ocupaba de agregarle el “Costas” a ese apelativo y rememoraba las historias de “La Forestal”, cuyas condiciones laborales el historiador Juan Carlos Dávalos describía así: “Una casucha miserable para los peones, junto a un ojo de agua y una proveeduría o pulpería, donde el dueño de la mina o su capataz ejercen funciones de verdaderos pulpos”.
Ese ejercicio de “pulpo” desarrollaba Francisco “el sobrino” Di Lucca, que anotaba la comida a los trabajadores para luego descontarles del pago al final de la tarea. Gaseosas de segundas marcas a nueve pesos, cigarrillos a siete, medio kilo de pan por diez, un kilo de carne para puchero a veinte y colchones por 150 pesos son los números de la “proveeduría” de los contratistas. “Si ganaban 200 pesos diarios por 18 horas de trabajo, entre el alojamiento y la comida les quedarían siete u ocho pesos a cada uno por día de trabajo”, relató uno de los inspectores que participó del procedimiento.
Los trabajadores son de origen boliviano –algunos indocumentados– y santiagueños. “Los trajeron de noche, en un camión, tapados con lonas y no los dejaban salir para que no los vieran. Pasaron las fiestas ahí, amontonados, con la carne colgada de un alambre”, describió Cecilio Salazar, Vicepresidente de Osprera, la obra social de los trabajadores rurales, quien participó de los operativos.
En el otro campo, Los Pequeños Trupiales S. A., cientos de trabajadores que realizaban tareas de desfloración de maíz, también vivían en condiciones similares. En las casillas de chapa en las que dormían había mucho más camas que lo que podría permitir el estatuto del peón, que habla de “quince metros cúbicos por persona” en el lugar que oficie como alojamiento. Entre ellos, se encontraba un hombre que tenía ulcerado uno de sus pies.

Famosos contratistas
El contratista de Balcarce Miguel Oscar Di Lucca llegó a Baradero luego de que su sobrino le avisara de la situación que se vivía en el campo arrendado, donde Gendarmería Nacional allanó y dispuso guardias por orden del Juzgado.
Según relató Fabián Llaudat, Delegado en Baradero del Ministerio de Trabajo de la Provincia, Di Lucca “se hizo el guapo, no mostró contrato de arrendamiento, se hizo el ofendido por el operativo” y dijo que estaba dispuesto a solucionar la situación.
A los pocos minutos llegó Gendarmería con una orden de captura en el marco de la causa federal por “trata de personas”, pero el contratista ya se había marchado y se aguarda que se presente a declarar.
Según detalló el Inspector de Uatre Carlos Bell, Di Lucca tendría un socio contratista que arrendó junto a él el campo de Corbelli. Sería el tandilense Angel Montes, un productor muy conocido en esa zona, quien fue mencionado por los propios trabajadores y por el sobrino del socio
“Ellos dicen que los dos (Di Lucca y Montes) alquilaron ese campo en la zona de Baradero para hacer papa. En los papeles el único que figura es Di Lucca Miguel y en el Ministerio de Trabajo no se lo menciona a Montes, por eso hoy no se puede decir que éste tenga responsabilidad en este caso. Aunque no figura en los papeles, yo estoy seguro que tiene responsabilidad, todos lo nombran, inclusive en las bolsas de papa dicen Don Angel; no está el nombre, pero todo indica que así es. Los trabajadores dicen que este señor de Tandil es socio de Di Lucca”.

Causa federal
La causa está caratulada como “Trata de personas” y se tramita en el Juzgado Federal de Campana, a cargo del Juez Adrián González Charvay. Por lo ponto hay dos detenidos, de apellidos Caro Lemos y Sarraudo, que serían los capataces de Di Lucca. El Ministerio de Trabajo labró infracciones contra ambos establecimientos rurales por incumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene. En el caso de Rural Lucas S. A., también labraron un acta por trabajo no registrado, ya que ninguno de los “golondrinas” estaba declarado como empleado.
Di Lucca debía presentarse ayer en la Delegación del Ministerio de Trabajo. No fue y en comunicación telefónica le dijo al funcionario de ese organismo: “Estoy escondido, porque sé que pesa una orden de captura sobre mí. No me voy a presentar para que me detengan, contraté un abogado para tramitar la excarcelación”. Diez trabajadores fueron a declarar y el propietario del campo fue citado a una audiencia para el viernes, considerado “responsable solidario” de los hechos denunciados”.

El dengue que te lleva
La difusión de la noticia sobre los trabajadores rurales de Portela tenía que ver con el dengue. La semana pasada el propio responsable de salud del vecino distrito dijo que uno de ocho “golondrinas” fue internado en el Hospital Lino Piñeiro de Baradero con síntomas similares a la enfermedad que transmite el Aedes Aegypti. Ese dato permitió que las inspecciones se llevaran a cabo en esos establecimientos rurales.
Julián Gómez, Director de Asistencia Primaria de la Salud municipal de la vecina localidad, desestimó públicamente el caso sospechoso y dijo que sólo se trataba de una “intoxicación”. Sin embargo, el Delegado del Ministerio de Trabajo, Fabián Llaudat, dijo que el propio profesional le informó que ese sospechoso de dengue, de apellido Ruíz, “ya se habría inmunizado por lo que no habría peligro. Ya se había recuperado, estaba asintomático” y que de todas maneras se le tomaron muestras que fueron enviadas para su análisis al Instituto Maiztegui de Pergamino.
Por lo tanto, el caso de dengue sospechoso volvió al campo, amontonado con sus compañeros de trabajo y con los riesgos propios para su salud y la de sus pares.

“Yo no vi nada”
Claudio Corbelli es el dueño de Rural Lucas S. A. Es abogado y productor de cine, vive en Rosario, donde fue Fiscal del Estado provincial de Santa Fe y donde vive también su hijo Claudio Nicolás, director de cine. Arrendó el campo a Di Lucca, a quien considera “gente honorable, de trabajo, que trabaja de manera muy prolija” y mencionó que el conocido ruralista René Ducret se los había recomendado.
En el aire de La Radio, Corbelli mantuvo una postura de ofuscado y se mostró enojado, al punto de caracterizarse a sí mismo de “irascible” y “antipático” producto de la situación. Dio muchos rodeos para decir que estaba domiciliado en Rosario y se ocupó todo el tiempo de recordar su título de abogado.
Tampoco perdió la oportunidad para recordar: “He ganado un Goya, para que sepa con quién está hablando, por una película de un cura sanador”. En efecto, Claudio Corbelli es productor de varias películas, entre ellas Las Manos, que ganó un premio Goya, y Martín Fierro con dibujos de Fontanarrosa.
Cuando logró bajar el tono y responder a las lógicas preguntas sobre su grado de conocimiento sobre lo que sucedía en sus tierras dijo “Yo no vi nada” y señaló: “Yo vi varias casillas muy confortables. Sé que comían carne asada”. Su enojo estriba fundamentalmente contra las formas en que se desarrollaron los procedimientos en el campo de su propiedad: “Este es un procedimiento inusual, con ningún elemento razonable”, denunció y agregó: “No se actúa de la manera brutal en que se procedió. El de Gendarmería fue un procedimiento irregular, rompieron la entrada de los campos sin orden de allanamiento, sin presentarla”. También puso en duda el origen del operativo: “Puedo suponer que se fabrique una causa y que hay intereses creados”. No se comprende tamaña “irascibilidad”, teniendo en cuenta que quienes han incurrido en las irregularidades administrativas y en el presunto delito de trata de personas son los contratistas.

De reglas y estatutos
Las violaciones al Estatuto del Peón detectadas en estos establecimientos rurales son muchas. Ese es un comportamiento que tienen muchos productores y que no siempre son denunciados o siquiera inspeccionados
En San Pedro, desde 1985 rige una de las ordenanzas modelo en el país sobre cómo debe tratarse la dignidad y el respeto de los derechos de los trabajadores rurales. Es la 3.593, que regula el transporte y albergue transitorio de los peones “golondrinas”.
Habla de condiciones higiénicas, muebles adecuados, energía eléctrica, agua potable, respeto por la privacidad e individualidad, con el fin de posibilitar condiciones dignas de trabajo y evitar los asentamientos precarios que puede generar el trabajo temporario.
Su cumplimiento, en 24 años de vigencia, ha sido poco y los controles por parte de las autoridades competentes, tanto municipales como gremiales, no han sido lo suficientes como para que rija con plenitud. Basta con ver a diario cómo viajan en acoplados o camionetas los trabajadores rurales del partido para comprobarlo.

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