Escándalo judicial por un allanamiento que salpica a policías
El Ministerio de Seguridad tomó intervención a través de Asuntos Internos y hay sumarios para deslindar o atribuir responsabilidades sobre los policías que participaron del allanamiento en La Celina donde fueron secuestrados elementos que no quedaron registrados en el acta del operativo. La Fiscala Ramos habló de “falsedad ideológica” y consideró que “se rompió” la confianza. Las declaraciones públicas del Subcomisario Catalano sorprendieron a quienes conocen el procedimiento.
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La semana pasada, una foto publicada por La Opinión que correspondía a una captura de imágenes de un video tomado por los colegas de Canal Web en un allanamiento que tuvo lugar en el paraje La Celina, vinculado a la ola de robos que azota a la zona rural, provocó un verdadero escándalo que involucra a la fuerza policial y que tendrá consecuencias en algunos de sus miembros.
La foto reveló para Fiscalía que durante el procedimiento fueron secuestrados elementos que no figuran en el acta y que no fueron entregados, lo que implica que no podrán ser sumados a las causas en investigación y se transformaron en “pruebas malogradas”, de acuerdo a lo que dijo la Fiscala Viviana Ramos, quien inició una causa por el tema.
Al cierre de esta nota, ninguno de los efectivos policiales presentes, tanto jefes como policías comunes, se había presentado de manera espontánea a la Justicia para dar una versión oficial sobre el tema. Tampoco habían sido citados por la propia Fiscalía.
Hasta el momento, lo que se conoce son las versiones que dieron públicamente el Subcomisario Juan Ramón Catalano, titular de la Comisaría, y la Fiscala Viviana Ramos, titular de la UFI 11, quienes dejaron entrever la desconfianza mutua y un cierto encono que sería anterior a este hecho.
Anochecer en La Celina
El allanamiento fue el miércoles pasado. Empezó con las últimas horas de sol y terminó de noche. La policía llegó al lugar con una orden de allanamiento emanda por el Juzgado de Garantías a pedido de Fiscalía, con datos respecto de una investigación vinculada a robos en la zona rural de Río Tala, donde se sucedieron una serie de hechos que obligaron a sus víctimas a tomar la decisión de dejar el lugar donde residieron toda la vida y mudarse al casco urbano en San Pedro.
En la finca allanada había de todo: municiones, cargadores de ametralladoras, herramientas rurales como motoguadañas y motosierras, vestimenta policial y teléfonos celulares con sus respectivos chips. Dos periodistas que se desempeñan en varios medios de comunicación colegas fueron anoticiados del hecho y llegaron para relevar información. El de Canal Web tomó imágenes en video y grabó una nota que el Subcomisario Catalano dio para los dos trabajadores de prensa. Allí, el titular de la Comisaría dijo que “se secuestraron herramientas, una motosierra, una motoguadaña y lo particular es que encontramos una remera de policía bonaerense de investigaciones, cargadores de ametralladora Uzi, cartuchos de escopeta y munición calibre 9 mm”.
Del operativo participó personal del Destacamento de Río Tala, de la Comisaría, de la DDI, de la Jefatura Distrital y de la Patrulla Rural.
El Jefe Distrital Fabián Gallo y la Jefa de la DDI Viviana De Simone llegaron cuando les informaron que había elementos que se correspondían con los del uso de la fuerza policial. Hasta entonces, todo estaba a cargo del titular del Destacamento de Río Tala, Maximiliano Almeida, quien confeccionó el acta y resguardó en su dependencia aquello que “secuestraron” sin declarar, y del Subcomisario Juan Ramón Catalano, máxima autoridad de la Comisaría, quien fue el encargado de hacer declaraciones públicas durante y después del allanamiento.
Además de la prensa que registró el hecho como noticia, hubo un testigo, domiciliado en proximidades de la casa del propio Catalano, quien estampó su firma en el acta que fue elevada a Fiscalía.
Para que los medios mostraran el exitoso operativo, la policía dispuso, como suele hacer en todo el territorio nacional, los elementos hallados sobre una mesa. Sin ningún tipo de restricciones, De Simone y Gallo autorizaron a la prensa a hacer su trabajo.
Luego, los elementos fueron guardados en tres cajas, que se distribuyeron dos y una en cada camioneta policial, junto a las herramientas grandes. Ya de noche, los patrulleros se fueron del lugar rumbo a Río Tala. El acta y las cajas que contenían lo allí descripto fueron remitidas a Fiscalía.
Dos versiones, un mismo problema
Apenas este medio publicó la noticia con la confirmación del inicio de una causa ante las sospechas del caso, comenzó el movimiento en torno del tema. Así surgieron dos versiones encontradas respecto de lo sucedido: la de la Policía, por un lado; y la de Fiscalía, por el otro.
El flamante Coordinador Departamental Marcelo Oberti reunió a las autoridades policiales y convocó al Ejecutivo a participar. La Fiscalía, en tanto, tomó declaración a periodistas que presenciaron el allanamiento y les pidió la grabación audiovisual de la que se desprendía la foto publicada por La Opinión.
El Secretario de Gobierno Martín Baraybar confirmó ese jueves que las versiones eran disímiles y que su participación en la reunión junto a Manchone y Borgo fue para conocer la situación, mientras Giovanettoni se encargó de comunicarse con la Fiscalía.
En el Ejecutivo había y hay preocupación porque habían logrado una tarea coordinada entre Policía, Justicia y el propio Gobierno, parte del objetivo de “recuperar la confianza de la comunidad” que se trazaron y que entienden ahora volvió a resquebrajarse.
En declaraciones formuladas el viernes en varias radios locales, el Subcomisario Juan Ramón Catalano cargó contra la tarea de la Fiscalía y hasta dijo algunas frases que resonaron en el Ministerio de Seguridad y en Asuntos Internos porque podrían ser las utilizadas para analizar que su accionar no fue el mejor en el caso ni durante ni después.
“En el allanamiento se secuestran algunas cosas que figuran en la orden de allanamiento y otras cosas de interés para mí, que podrían servirme para esclarecer otros hechos”, dijo en Apa Catalano, quien carece de facultades para retirar cosas de un domicilio por su cuenta y de hacer investigaciones sin la anuencia de la Justicia.
Explicó que en el lugar había más elementos que los que figuraban en la orden de allanamiento y que llamó por teléfono a una auxiliar de Fiscalía para consultarla pero que ésta le dijo que no se llevara más de lo que figuraba en el pedido.
La versión fue desmentida por Ramos quien explicó que aun si fuera cierta, Catalano no podría haber secuestrado nada por su cuenta sin declararlo, porque ello constituiría “un hurto”. Sin dudar, el Subcomisario dijo que se los había llevado “para esclarecer si esos elementos eran de otros robos”.
“A partir de ahora voy a pedirle a la Fiscal que el instructor nos acompañe a los allanamientos como corresponde”, expresó enojado el titular de la Comisaría, para quien “el procedimiento fue bueno, el personal trabajó bien y los elementos están” pero queda claro que al menos en esa oportunidad no hubo agente fiscal presente para avalar el procedimiento.
El viernes, Viviana Ramos encabezó una conferencia de prensa en la que dio cuentas de que el procedimiento provocó que se invalidaran pruebas y cargó contra Catalano: “Un Subcomisario no puede alegar que no sabe cómo hacer un procedimiento”. En ese marco, dijo que puede entender que no haya habido “mala fe” pero no dejó de destacar que “no se trata de un error administrativo” sino que “el personal policial malogró pruebas” en un allanamiento donde se hallaron elementos vinculados a la propia fuerza.
La causa es por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y busca establecer responsabilidades y la posible comisión de otros delitos como el hurto de las cosas de un lugar donde hubo un allanamiento y la falsedad ideológica al no volcar en el acta todo lo que correspondía.
“Hay un mal obrar policial, que no sé si no lo han hecho para encubrir otra situación”, dijo Ramos, quien no se privó de asegurar que la “sospecha es porque, como sabemos, hay delincuentes en connivencia con personal policial y esos chips telefónicos podrían tener mucha información”.
Un futuro complicado
En el Ministerio de Seguridad el tema cayó mal por la proximidad de las elecciones. Pero además porque la consideración de “muy grave” que hizo la Fiscala fue compartida al menos por quienes tomaron contacto con el tema en Asuntos Internos.
La recolección de información por parte de ese organismo busca determinar las responsabilidades, en la medida en que se toma conocimiento de que quien empieza y termina la tarea es el Jefe de Destacamento junto a Catalano.
Quienes conocen cómo debe ser el procedimiento en un allanamiento saben que cuando hay chips telefónicos hay mucha información por recabar. De hecho, esos elementos deben ser dispuestos en un sobre lacrado y firmado por el testigo del operativo, para luego ser abierto en un procedimiento específico.
“Se te puede pasar un acta, pero hay que ir a la Fiscalía y decir ‘nos mandamos esta macana, podemos subsanarla’. Pero hacer una declaración pública de ese tenor es ponerse contra la Fiscal, a quien no se la van a llevar puesta hablando por radio”, consideró ante este semanario un hombre de escritorio en Asuntos Internos.
Ese organismo no está en condiciones de tomar medida preventiva alguna hasta tanto la causa avance y haga lo propio el sumario adminstrativo. Eso sí, en La Plata no dejan de recordar que la reglamentación señala que todo lo que pueda perjudicar la imagen policial y que tome estado público puede generar medidas de excepción como la desafectación de servicio de los agentes involucrados, por un lado para preservar a la comunidad y por otro para que los efectivos no se expongan a cuestionamientos.
“Hay un factor de atribución de responsabilidades, subjetivas y objetivas. Estará allí la mayor o menor sanción que eventualmente pueda tomarse en el proceso penal y en el procedimiento administrativo, de acuerdo a lo que pueda reconstruirse”, dijeron las fuentes consultadas.
Un hombre que repartió sus pasiones entre el Derecho y la actividad policial que fue consultado por este semanario explicó: “Si te llevás cosas ajenas y no lo declarás, no hay que pensar mucho. Hay que ver cuál es el tipo penal (delito) que corresponde a esa conducta”.
Consignó que como policía le enseñaron que “cuando en un allanamiento, aparte de lo que iba a buscar, había más elementos que podían resultar del ilícito, lo incautaba preventivamente en el acta y el Fiscal resolvía qué medidas adoptar. Pero todo anotadito. Esa figura, la de incautación preventiva, quiere decir ‘me lo llevo por las dudas y si no me sirve lo devuelvo’, todo legal”.
Otro hombre que llegó a la jerarquía policial y a la par se dedicó a la abogacía explicó que en casos en los que no se llega a tener comunicación directa con los fiscales, se puede dejar a un efectivo que custodie las cosas en el lugar hasta que llegue la extensión de la orden para secuestrar lo hallado que no figuraba en el pedido inicial.
Por otra parte, dijo que también se pueden tomar fotografías y consignar en el acta que en el lugar había otros elementos de dudosa procedencia para que luego la Justicia tenga esos datos en la mano para interrogar al allanado. “Si esas cosas no se cumplen, hay una irregularidad que está muy clara. Qué puede mover a un policía a una cosa así, ya es materia de especulación”, finalizó.
