“Es la nueva batalla de Obligado”
Lo dijo Jorge Reingruber en relación a la disputa que mantiene un grupo de vecinos de Vuelta de Obligado con la Fundación Coronel Plácido Obligado, por los terrenos que posee en la localidad. Dijo además que la misma pretende realizar una “limpieza étnica” por lo que conformaron una comisión de “lucha” y se aliaron con Raúl Castells y su Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados.
La situación que se vive por estos días en Vuelta de Obligado, dista mucho de la cotidianeidad de paz y tranquilidad que habitualmente envuelve a la pequeña localidad.
Ya desde hace algún tiempo, los vecinos que poseen sus viviendas sobre tierras pertenecientes a la Fundación Obligado, habían comenzado a organizarse. Es que el juicio de desalojo contra un conocido comerciante del paraje, y el extendido rumor de que se avanzaría con esa medida legal a otros habitantes, alarmó de sobremanera a la comunidad.
Todo empezó cuando la Fundación Obligado comenzó (tal como lo publicara “La Opinión” en su edición 856) a revisar los contratos y la situación legal de cada una de las familias que habitan sobre sus propiedades.
Según se supo, una disputa legal con la Asociación Civil Dolores Ignacia Obligado (ADIO) por la administración de los bienes que esta mujer dejara como legado, obligó a la Fundación a tomar algunas medidas en relación a la administración de las tierras.
Es que hasta hace poco tiempo, la informalidad dominó la relación entre la Fundación y los vecinos de Obligado, que alquilaban grandes terrenos de más de 1000 metros cuadrados a valores simbólicos remunerados anualmente. Incluso, muchas familias viven desde hace más de 20 años en terrenos de la Fundación, sin haber firmado jamás un solo contrato ni documento.
Como ADIO es por estatuto beneficiaria directa de la renta que generan las propiedades de la Fundación (que incluyen además de los terrenos del paraje cerca de 10.000 hectáreas de campo en diferentes lugares del país), los abogados de la Asociación Civil comenzaron a analizar muy de cerca como se estaban administrando esas tierras. El 26 de Junio de 2007 realizaron incluso, una denuncia ante la Inspección General de Justicia que el 2 de Septiembre pasado, se elevó a la esfera del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a la espera de una resolución.
Esta nueva situación, en la que la Fundación soporta el control permanente de los abogados de ADIO, obligó a la institución no sólo a revisar, sino también a endurecer la administración de los terrenos de la Vuelta de Obligado. Así es que, comenzaron a “intentar” cobrar por los mismos una renta mensual, y a “valores de mercado”.
La teoría de los vecinos
En honor a la verdad, hay que decir que en un principio cuando la fundación comenzó a “reestructurar” la situación contractual de los terrenos de Vuelta de Obligado, la actitud generalizada de los vecinos tuvo más que ver con un “sálvese quién pueda”, que con una estrategia conjunta para lograr la conveniencia de todas las partes.
Pero poco tiempo después, la Fundación ganó un juicio de desalojo contra un conocido comerciante de la localidad, e inició acciones por “reivindicación de título” contra un pescador que posee una vivienda sobre uno de sus terrenos desde hace más de 30 años. Esto, sumado a las declaraciones de su apoderado legal, Doctor Alejandro Eckhardt en el aire de “La Radio”, desató el temor generalizado de que la fundación intentara desalojar a todos los ocupantes de los terrenos, en un plazo de dos años.
“Hay un proyecto inmobiliario de 12 millones de dólares para Vuelta de Obligado, y quieren limpiar el pueblo en dos años” decía uno de los voceros de los vecinos Jorge Reingruber. Además, agregó que el Doctor Eckhardt había manifestado, en una reunión privada, estar dispuesto a realizar una “limpieza étnica” en Vuelta de Obligado y a “pasar la topadora” a las casas de los inquilinos que se negaran a firmar los contratos. “Pero no nos vamos a quedar tranquilos, vamos a luchar por nuestra tierra. Esta es la segunda Batalla de Obligado” decía Reingruber enardecido en una asamblea que se realizó el día Sábado en la plaza del pueblo, con la presencia de más de 70 vecinos.
Si bien la Fundación manifiesta que lo único que está tratando de hacer es regularizar la situación contractual de sus propiedades para evitar tener problemas legales por una mala administración, la teoría de los vecinos es que en realidad lo que se pretende es apuntar a que firmen los contratos reconociendo así la propiedad por parte de la fundación, aumentarles luego el precio a valores prohibitivos, para poder disponer así de las tierras. “Eso es absolutamente falso” dijo el apoderado legal de la Fundación Dr. Alejandro Eckhardt.
La estrategia “Castells”
Quienes están conduciendo el grupo de vecinos que se niegan a firmar los nuevos contratos, pretenden organizar una estrategia dual que apunte tanto a lo legal, como a lo político.
Por eso, además de la invitación que cursaron a distintos actores de la vida institucional de San Pedro, como la Comisión Directiva UCR y de la Federación Agraria, buscaron el “asesoramiento” de Raúl Castells y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD).
El Viernes por la mañana, un grupo de delegados de los vecinos, se reunieron con Castells en la casa de Vilma Basualto, coordinadora regional del (MIJD) y comenzaron a delinear lo que sería el “plan de lucha”.
Posteriormente, ya en Vuelta de Obligado, se realizó una reunión en el Bar “El Rincón de Richard” en la que participaron junto a Raúl Castells, alrededor de 20 familias “inquilinas” de la fundación. Allí, se consensuaron las principales estrategias de cara a los próximos días.
La primera medida que tomó la improvisada asamblea a pedido de Castells, fue la de elaborar un listado con las familias dispuestas a “poner el cuero” –según las palabras del propio dirigente- en la disputa con la Fundación. “Hay que hacer una lista de los interesados, para pelear sólo por los interesados” decía.
Luego, se dispuso que sean los propios abogados del MIJP quienes lleven adelante la estrategia jurídica. Será el Dr. Adrián Morales, abogado del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, el encargado finalmente de patrocinar a las familias.
“Tenemos que encarajinarle todo a la Fundación, presentarles demandas por todos lados. Ustedes tienen que ser demandantes” arengaba el famoso piquetero. De esa manera, la idea es que cada una de las familias involucradas, inicie una demanda a la Fundación, por la posesión de las tierras.
En el terreno político, Castells planteó organizar una serie de movilizaciones para intentar instalar la cuestión a nivel nacional.
La primera de las movilizaciones será el Lunes 22 de Septiembre a las 9 de la mañana frente a la casona de la Fundación Obligado en calle Pellegrini. Desde allí pretenden marchar hasta la inmobiliaria Tonelli (representante de la Fundación) y posteriormente a la Municipalidad. La coordinadora regional del MIJD, prometió el apoyo en la marcha, de las familias del Barrio San Francisco que integran el movimiento a nivel local.
Posteriormente, el 9 de Octubre, participarán de una marcha previamente organizada por el grupo, en el “Club Platense” de la ciudad de La Plata. Allí se reunirían con el Secretario de Tierra y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.
Por último, en una fecha a confirmar, se está organizando una manifestación frente a los tribunales que entienden en la causa por desalojo a uno de los inquilinos, para luego marchar hasta la sede de la Fundación Coronel Plácido Obligado en el barrio porteño de Recoleta. En este caso, Castells prometió el acompañamiento de todo el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados del conurbano, en estas manifestaciones.
Además y por pedido de Castells, se está armando en el mismo edificio por el que la fFundación tiene un juicio de desalojo, un “Centro Comunitario” con un cartel del MIJP. “Así, si se meten con ustedes, también se van a estar metiendo con nosotros” dijo Raúl Castells para que la Fundación también tenga que echarlos a ellos.