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sábado, septiembre 25, 2021
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Errores que cuestan caro

La Municipalidad de San Pedro acaba de ser intimada por el Ministerio de Trabajo a una conciliación obligatoria con un trabajador que, presuntamente, habría estado realizando tareas en el archivo desde Enero de 2006. Aquí el polémico testimonio del hombre que podría llegar a convertirse en un gran problema para el municipio.

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A veces pasa: la administración pública se mezcla con la política. Y allí es donde los intereses y las necesidades electorales, comienzan a primar sobre el sentido común y la prudencia que reclama y necesita la ciudadanía.
Tal vez sean estos los motivos de esta historia, o quizás la desesperación que sienten algunos funcionarios por ayudar a sus conciudadanos creando “fuentes de trabajo” de cualquier forma, lo que los lleva a cometer errores que terminan siendo perjudiciales para ellos mismos, para los empleados y para toda la comunidad que deberá pagar de su bolsillo un nuevo juicio contra el municipio.

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Secuelas de la crisis
En los años que sobrevinieron a la crisis de 2001, organizaciones sociales que realizaban tareas en los barrios más humildes, florecieron a lo largo y ancho del país, convirtiéndose en la delicia de todo político que quisiera acumular algo de poder territorial.
En San Pedro, fueron muchas las “agrupaciones” y “movimientos” que se dedicaron a ayudar al prójimo desinteresadamente, armando y colaborando con merenderos, comedores, etcétera.
Hugo Roberto Benítez era en el San Pedro post crisis, uno de esos ciudadanos que sintieron que debían hacer algo por el prójimo. “Nosotros éramos, junto con mi hijo, del grupo que armó en San Pedro el Movimiento Evita”. Los contactos de la política le permitieron a Hugo y a su grupo, “ayudar” con mucha mayor intensidad que si lo hubieran tenido que hacer “a pelo”. La posibilidad de gestionar mercaderías, viviendas y cualquier cosa que tuviera a un militante de su agrupación como encargado dentro del gobierno, los fue haciendo crecer como grupo. También tenían línea directa con el Municipio: “Cuando nosotros necesitábamos cosas para la gente, íbamos a hablar también con el Intendente… Cosas para los merenderos. Una vez hasta un camión le pedimos para ir a buscar mercadería a San Nicolás”.
Ya lejos del Movimiento Evita, del que se apartaron por diferencias con “los manejos de arriba”, Benítez y su grupo se reunieron una vez más con Barbieri. En la charla, ocurrida hace ya cuatro años, según el testimonio del protagonista, le plantearon que la ayuda social no era suficiente, y que se hacía necesario comenzar a generar fuentes de trabajo para algunos integrantes del grupo. “Nosotros incorporamos seis o siete personas. Después, con el tiempo fuimos por más lugares. Lo hablamos con el Intendente y el nos derivó, en ese momento, con funcionarios de Obras Públicas”.
Quizás para demostrar su desinteresado compromiso, quizás porque verdaderamente no lo necesitaban, los Benítez no pidieron trabajo para ellos, sino para la gente de su agrupación: “Nosotros de movida no entramos. Nosotros salíamos a buscar algo para la gente. Fuimos por la gente. Esto lo hacés todo a pulmón. Lo hacés porque te gusta, porque estás, porque viene la gente, por una cuestión de sensibilidad”.
Pero la necesidad tiene cara de hereje, y llegó el día en el que Benítez se encontró sin trabajo y con sus contactos intactos como para poder entrar al municipio. “Un día me quedé sin laburo, y había una posibilidad porque se había ido uno y me incluí. Y fui a parar al Paseo Público, junto con tres más que incorporamos del grupo nuestro”. “Fuimos cuatro al Paseo y tres al Cementerio”.
Poco tiempo después, Hugo Roberto Benítez fue instado a abandonar la motoguadaña que manejaba en el Paseo Público y se le encomendó la tarea de acondicionar y ordenar el Archivo General de la Municipalidad de San Pedro, que se encontraba según sus propias palabras, “en un estado caótico”. El, junto a dos empleados de planta, debían revisar uno por uno los documentos que allí se encontraban para clasificarlos según el tema y el área.

Clavo que te clavo la factura
Benítez dice que al principio no entendían demasiado bien el sistema por el cuál habían sido contratados. Simplemente sabían que “se pagaba muy poco”. “Se cobraba por jornal, por día de trabajo. Llegamos a cobrar $15 el día. Al principio no sabíamos como se cobraba. Se trabajaba y se cobraba pero no sabíamos por donde se cobraba. Después si fuimos sabiendo”
Según Benítez, él y el grupo de compañeros de su movimiento social, cobraban fundamentalmente a través de dos monotributistas que pasaban facturas de servicios al área de Obras Públicas, que en realidad no tenían nada que ver con la tarea que desempeñaban. Benítez muestra una factura de Febrero de 2007, emitida a la Secretaría de Producción y Turismo, donde se facturaba un “trabajo de mantenimiento en casilla de turismo” por $ 689, que se habría utilizado, según él, para pagar jornales que se le adeudaban a esa fecha por su trabajo administrativo en el archivo.

Todo mal
Después de algunos meses de cobrar su trabajo en el Archivo General a través de la factura de una persona que se dedica a desmalezar la zona del cementerio, este facturista recibió la orden de dejar de incluir los “honorarios” de Benítez en la boleta. “Ahí empezó mi peregrinación” dice. Es que el dinero para pagar sus jornales, salía de un área distinta a la que el prestaba sus servicios, esto habría generado una discusión entre dos conocidos funcionarios acerca del destino laboral de Benítez y de quién debía pagarle.
Transcurrieron varias quincenas en las que el damnificado no lograba cobrar ni un peso a través de las “facturas” con las que habitualmente lo hacía, así sus reclamos a diferentes funcionarios políticos se hicieron cada vez más habituales. “Como me taladrás la cabeza” le habría dicho un alto funcionario municipal ante la insistencia por cobrar sus jornales. “Ya te voy a conseguir algo de plata”. A los pocos días, un estrecho colaborador político de este funcionario le habría dicho a Benítez que “Estamos viendo donde podemos meter otra factura”, según las palabras textuales de quién está demandando a la Municipalidad. Pero ya nada fue igual para Benítez a partir de este punto. No hubo contacto político que pudiera solucionar su problema. Siguió merodeando despachos oficiales al terminar su horario, hasta que un día al llegar a su lugar de trabajo en el archivo, se encontró con las puertas cerradas y que habían reasignado a sus compañeros a otro lugar. Cuando consultó al jefe del área, recibió como respuesta un escueto “disculpame, pero no tengo nada para vos”.

La carta documento
Quien sí estuvo dispuesto a escuchar y asesorar a Benítez, fue el titular de la delegación del Ministerio de Trabajo Carlos Casini, quien le recomendó intentar regularizar su situación laboral, no sólo por él “sino para ayudar a los compañeros que también están en negro y no se animan a hablar”. En la carta documento que Benítez envía al municipio se lee:
“…FIJO MI POSICIÓN JURÍDICA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: a) Me encuentro trabajando bajo sus órdenes desde enero de 2006; b) Que he realizado todas las tareas que me encomendaron teniendo un buen desempeño en todas ellas; c) Que los haberes me los abonaba, vergonzosamente, después de un largo peregrinar en los pasillos y oficinas de la Municipalidad, la Secretaria del Secretario de Obras Públicas, o la Secretaria Privada del señor Intendente Municipal, en forma privada, en efectivo con dinero que tenía en su poder y esto sí, que NO ES AJUSTADO A DERECHO EN CUANTO AL MANEJO DEL PATRIMONIO PÚBLICO; e) Que laboré hasta que cerraron el archivo del lugar y me comunicaron verbalmente que prescindían de mis tareas por reestructuración del sector y del personal…”
La intervención del Ministerio Trabajo se dio por terminada cuando la parte demandada, o sea el municipio, declinó la mediación que había iniciado dicho organismo. A través de intercambio telegráfico la Municipalidad de San Pedro rechazó, por “falaz y malicioso” todo lo dicho por Hugo Benítez. A partir de ahora, se espera que el demandante inicie efectivamente el juicio contra el municipio.
A partir de una nota remitida por el concejal Matías Velo al mencionado Ministerio, la delegación San Pedro, elevó un pedido para que se investigue si efectivamente existen trabajadores realizando tareas en una situación laboral irregular.

Avatares políticos
De comprobarse fehacientemente todo lo denunciado por Hugo Roberto Benítez, el caso podría trascender el mero fuero laboral, para convertirse en un problema aún mayor para la administración Barbieri.
Según un importante funcionario público vinculado a la oposición, “de haber existido efectivamente un sistema por el cual se manipularon cientos de facturas de locación de servicios para pagar jornales de trabajadores que efectuaban tareas que nada tenían que ver con esos servicios, podría llegar a configurarse un caso de estafa”. Serán integrantes del Honorable Concejo Deliberante, quienes a partir de este punto, deberán avanzar con la denuncia.

“Los Benítez, los Correa, los cientos de punteros…”
No es esta la primera vez que las gestiones municipales recurren a estos mecanismos para salvar la situación de los punteros. Una y otra gestión, han echado mano a contratos irregulares para poder otorgar “legalidad” a pagos que no están contemplados en las leyes de trabajo. Por sólo recordar algunos antecedentes, cuando Barbieri asumió su primer mandato, dejó cesantes a más de 50 contratados, en su mayoría “repartidores de tasas”. Era casi imposible encuadrarlos dentro de una relación laboral y por el tiempo que llevaban prestando ese servicio, se sintieron con derecho a reclamar su “relación de dependencia”. También el propio Delegado de la Secretaría de Trabajo local, ha tenido sus antecedentes cuando se hizo “socio” del conocido Antonio “Tony” Correa en tareas de reciclaje de plásticos que realizaban en un galpón. Si bien en aquel tiempo no ocupaba el trascendente puesto que hoy detenta, su situación quedó plasmada en una denuncia que hizo contra sí mismo y mostrando su encono con el medio que dio a conocer aquella situación por obra y gracia de la incontinencia verbal de su “protegido”. Otro caso resonante fue el del Ex Secretario de Obras Públicas, Roberto Calvet, quien puso a nombre de un testaferro, de apellido Ledesma, su explotación del camping del Tiro Federal inscribiéndolo como monotributista y amparándose en que dicho empleado “cortaba el césped” en el lugar.
Ahora, se vienen “Los Benítez” quienes tras haber protagonizado decenas de episodios, hasta montar una protesta frente al Municipio, deciden saltar la barrera para reclamar lo que les otorgaron como “devolución de favor”. Los que tienen memoria recodarán sin esfuerzo, las repartijas de alimentos que se hacían bajo el mando de Gabriel Benítez, el mismo que cada dos o tres meses protagoniza algún hecho “particular”. La síntesis, empuja a la indignación porque en cualquiera de los casos, siempre será el dinero del pueblo el que se utilizará para reparar estos “errores administrativos” que hablan a las claras de la utilización de los recursos del estado para mantener el clientelismo.

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