Entre marzo y octubre el Gobierno usó 60,5 millones de fondos afectados para pagar sueldos
Durante la primera semana de cada mes, el intendente Salazar y su secretario de Economía Sánchez Negrete firmaron decretos para transferir dinero del Fondo Educativo, Recursos con Afectación especial y otras cuentas de uso asignado para hacer frente al pago de salarios. Según el Ministerio de Economía, hasta agosto enviaron casi 64 millones de pesos con destino específico.
Cada mes, el Gobierno de Cecilio Salazar necesita echar mano de recursos afectados para pagar salarios. Para ello, firma decretos donde especifica los millones que transferirá cada vez desde esas cuentas a la de recursos ordinarios para hacer frente al compromiso fundamental del funcionamiento del municipio: el sueldo de los empleados.
De acuerdo a los decretos publicados hasta el momento –resta saber si volverán a usar fondos afectados esta semana para pagar a los municipales–, el intendente y su Secretario de Economía Mario Sánchez Negrete utilizaron 60.500.000pesos de las cuentas que tienen destino específico para hacer frente a los salarios.
En el Gobierno, desde el primer día que transfirieron esos recursos, dijeron que cuando llega la coparticipación correspondiente hacen la devolución. Los decretos de las transferencias se publican.
La restitución, como no necesita ese instrumento administrativo, no. La primera vez, mostraron a La Opinión el movimiento bancario correspondiente.
A pesar del fin de la emergencia económica a principios de julio, el Ejecutivo siguió con la misma modalidad cada principio de mes. Aunque el “fino equilibrio” del que habla Sánchez Negrete les permitió incrementar la planta de empleados en alrededor de 85 personas y aumentar al doble el sueldo de los funcionarios, el pago de salarios sólo es posible usando fondos afectados al igual que en las gestiones anteriores de Guacone y Giovanettoni.
Lo llamativo es que los decretos tienen siempre el mismo argumento: la emergencia económica, que en julio ya no estaba vigente.
Todo para sueldos
El Ministerio de Economía provincial que conduce Hernán Lacunza publicó información de las transferencias a municipios para 2016 sólo hasta agosto, por lo que para el análisis de esta página hay que tener en cuenta que faltan dos meses de inyección de recursos.
Hasta esa fecha, el total de fondos remitidos es de 225.456.704 pesos. De ellos, $ 63.724.547 corresponden a lo que se denomina “fondos afectados”, dinero que llega con un destino específico y que no puede utilizarse para otra cosa.
Para “Planes Sociales” llegaron $ 1.831.837; para “Tratamiento de residuos”, $ 607.892; el Fondo de Fortalecimiento de Municipios recibió $ 13.098.556; el de inclusión social, $ 5.008.776; el Fondo Sojero, $ 6.527.443.
En concepto de Fondo Educativo San Pedro recibió hasta agosto $ 20.520.172; de Fondo de Seguridad, $ 6.681.411; y de Fondo de Infraestructura, $ 9.448.460.
Como se dijo, el total de dinero que el Gobierno transfirió mes a mes a la cuenta de Recursos Ordinarios desde esos fondos afectados suma 60,5 millones.
En marzo 2.000.000 de la cuenta “recursos con afectación especial”; en abril, 7 millones, de los cuales cinco eran de Fondo Educativo y dos afectación especial; en mayo, todo salió de la cuenta destinada a fortalecer la educación y fueron 3 millones.
En junio el gobierno transfirió 7 millones, de los cuales dos salieron de “recursos con afectación especial” y cinco del Fondo Educativo; en julio, mes del aguinaldo y del aumento de los funcionarios, echaron mano a 10,5 millones: siete del Educativo y tres y medio del de afectación especial.
Nueve fueron los millones usados en agosto. De ellos ocho se transfirieron de la cuenta para obras y otras necesidades escolares y uno de la cuenta de afectación especial.
En septiembre, cuando el monto necesario fue de 11 millones, hubo otras cuentas que “aportaron” dinero para pagar salarios. Fueron utilizados 5 millones del Fondo Educativo; dos de “cuentas de terceros”; dos de “afectación especial”; y hasta usaron 2 millones del Fondo de infraestructura”.
El mes pasado también echaron mano a recursos afectados por 11 millones: tres de “cuentas de terceros” y ocho del Fondo Educativo.
Se olvidaron de la emergencia
Cuando en julio venció la emergencia económica, el Gobierno no pidió prórroga y argumentó que las cuentas comenzaron a “estabilizarse” (ver subnota), por lo que dejaron atrás las prerrogativas que esa ordenanza imponía.
Ello les permitió, como se dijo, tomar una gran cantidad de empleados, pasar a planta permanente a otros tantos que eran temporarios, incrementar un 30 por ciento el básico de los sueldos políticos y otorgar una bonificación para los funcionarios del 50 por ciento, lo que llevó sus salarios al doble.
Sin embargo, a la hora de justificar el uso de fondos afectados para pagar la cada vez más costosa masa salarial, siempre utilizaron la emergencia económica como argumento, incluso cuando ya estaba vencida.
“Por indicación expresa del Intendente Municipal se está realizando un estricto control de las erogaciones privilegiando el pago de los salarios y la prestación de los servicios básicos”, dice cada decreto en su primer considerando.
El segundo, válido en cualquier caso hasta junio, persistió en los meses subsiguientes y será motivo de observación por parte del Tribunal de Cuentas, ya que se apoya en una ordenanza que ya no está vigente.
“Este Municipio ha sancionado la Ordenanza de Emergencia Económica N° 6.169/16 y Promulgada por Decreto 0007-2016 lo que permite efectuar dicha transacción”, dice ese considerando, nada menos.
APARECIERON LOS DECRETOS DEL AUMENTO DE SUELDOS
Como adelantó La Opinión, implican un 30 por ciento de aumento al básico de los políticos y un 50 por ciento de bonificaciones, lo que lleva sus salarios al doble. Los argumentos utilizados.
La Opinión reveló semanas atrás que desde julio los funcionarios del gabinete de Cecilio Salazar ganan el doble que antes de ese mes, algo que el Ejecutivo recién reconoció cuando este semanario publicó la noticia.
Esta semana aparecieron en el Digesto municipal los decretos, con extensos párrafos que justifican la decisión.
Dice que desde que asumió, Salazar decidió fijar sueldos políticos “menores a los que efectivamente se estimaban debían percibir” porque el Municipio debía “salir de la crisis en la que estaba inmerso”. Así, en pasado.
Señalan que “es innegable que la labor realizada por los funcionarios político excede la jornada laboral normal y habitual” y que “es incuestionable asimismo que la totalidad de los funcionarios políticos utilizan diariamente sus propios vehículos y realizan infinidad de gastos que resultan necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones y representación del estado municipal en el ámbito de sus funciones”.
Recuerdan que los funcionarios no perciben ningún adicional tales como antigüedad, bonificación por título, etc., y que “es de estricta justicia” que sean compensados con la bonificación del 50 por ciento.
Hablan de “sincerar las remuneraciones de los funcionarios municipales y efectuar una recomposición salarial habida cuenta del desfasaje que han sufrido”.
Recuerdan, por cierto, que “el Estado de Emergencia Administrativo, Económico y Financiero de la Administración Pública Municipal del Partido de San Pedro por un plazo de vigencia de 180 días” sancionado por el Concejo “ha expirado” y que “se observa claramente que las cuentas fiscales se vienen estabilizando y nivelando y los funcionarios políticos han hecho un gran esfuerzo percibiendo la mitad de sus remuneraciones mensuales que venían gozando”.
Aseguran que hacen esfuerzo para lograr “el equilibrio presupuestario que permita la normal y eficiente prestación de los servicios municipales” y que duplicaron los sueldos “en el marco de las posibilidades presupuestarias que tiene esta administración pública”.