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domingo, marzo 7, 2021

En la Justicia, últimamente no hay secreto que valga

El Fiscal Manso dijo que hay “un porcentaje de fuga de información alarmante” en las líneas de investigación. La delgada línea que separa a los agentes de la seguridad y la justicia de los delincuentes muchas, demasiadas veces es difusa. En los últimos años, el crecimiento de la cantidad de policías vinculados a hechos delictivos es proporcional a los delitos cometidos. Un caso puso en sospecha al corazón del Poder Judicial nicoleño.

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Cuando León Arslanian intentó la primera gran reforma de la Policía Bonaerense a principios del siglo XXI se hablaba de la necesidad del “saneamiento institucional” del país como forma de superar la crisis. Transcurridos 15 años, en todo elterritorio nacional y en el de la provincia de Buenos Aires en particular asistimos a los mismos debates.

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El sábado, cuando el Fiscal titular de la UFI 5 Marcelo Manso estaba sentado en los estudios de Liniers 71, desde donde La Opinión transmite semana a semana Sin Galera, hubo un momento de silencio ensordecedor en el aire. “Nosotros tenemos un porcentaje de fuga de información que es alarmante, altamente preocupante, que no podemos saber todavía desde donde surge”, dijo.

Estaba hablando del fallido pero no tanto allanamiento en la casa de la Consejera Escolar Silvina Sampol, cuya pareja Ulises Fernández, sospechoso de haber participado del crimen del viverista de El Espinillo Ariel Lido Gomila, no estaba esa noche.

Todavía prófugo de la Justicia en el marco de la causa por tenencia de estupefacientes para su comercialización por el que detuvieron a la mujer, Ulises desapareció de la vivienda donde luego hallarían 1,2 kilos de marihuana, 54 gramos de cocaína y una campera con manchas que se presume serían sangre.

Desapareció porque alguien le avisó. Y “alguien” remite, necesariamente al núcleo del poder: político, judicial o policial.

Dateros con uniforme

A la Justicia se les escaparon varias tortugas en los últimos años. Conocidos son los múltiples allanamientos a pequeños kioscos de droga que terminaban sin resultados.

Vaya como muestra terrible lo que sucedió cuando, a fines de diciembre un megaoperativo en el que detuvieron a muchos responsables de la distribución de cocaína en la ciudad, la policía encargada del procedimiento llegó al domicilio de un exefectivo de la Bonaerense que fue separado de la fuerza por golpear salvajemente a la esposa de su mejor amigo, ambos también miembros de los “patas negras”.

Los casos resonantes en los que se encuentran policías involucrados en San Pedro son muchos. Facundo Actis está preso por robar ganado a mano armada, en patrullero y con uniforme, a la espera del juicio oral al que irá acompañado de su colega Germán Olivera, que se desempeña en el área de drogas peligrosas, y de Fernando Valle, quien en el momento del hecho estaba al frente del Destacamento de Río Tala y en cuya jurisdicción ocurrió el robo.

Mientras Dante Paolini estuvo al frente de la Policía Distrital, fueron más de 25 los efectivos relacionados con causas penales. Algunos tuvieron que abandonar la ciudad, como el entonces titular de la Comisaría Ariel Brangeri.

En algunos casos, se trataba de agentes que desde teléfonos celulares no declarados mantenían vínculos con delincuentes.

Las últimas sospechas pusieron en jaque la relación entre la policía y la Fiscalía. Como en tiempos de Paolini y Ates, que no podían trabajar en conjunto, el vínculo entre la Fiscala Ramos y el equipo conformado por Gallo y Catalano en la Comisaría y De Simone en la DDI se vio dañado por una causa que comenzó luego de que la Justicia notara en la publicación de una foto de un medio colega replicada por La Opinión que no le habían remitido todos los elementos secuestrados en un allanamiento.

Lo que faltaba, nada menos, era una gran cantidad de teléfonos celulares junto a ropa policial utilizada para cometer ilícitos en Río Tala, que presuntamente fueron a parar al Destacamento de esa localidad porque, según dijo Catalano en Radio Apa, serían utilizados para “otras investigaciones”, declaraciones que escandalizaron a Ramos, quien aclaró: “Las investigaciones las dispongo yo”.

En la Dirección de Asuntos Internos hay mucho material sobre lo que sucede en San Pedro. El devenir de esos sumarios dirá si había responsabilidades que atribuir o que deslindar.

El riesgo de las corporaciones

En el Poder Judicial tampoco son todas buenas. Ates supo estar en su momento con custodia policial porque denunció amenazas que, sospechaba, provenían de la propia fuerza que debía cuidar de ella.

Hoy está separada de su cargo en medio de severos cuestionamientos, un sumario que tardó mucho en resolverse y una serie de acusaciones veladas que de comprobarse podrían precipitar el jury que ya tiene en marcha camino a una eventual destitución, con ribetes que también podrían incluir relaciones desconocidas hasta el momento.

Pero la Fiscala Ates tuvo también en sus manos causas que involucraron al Poder Judicial en su más profundo seno. En 2007, cuando investigaba la causa Coex, sobre una financiera con el sugestivo nombre “cobros extorsivos”, recibió una denuncia que apuntaba a un prominente hombre de la Justicia.

La madre del entonces prófugo Damián Pinto presentó una nota de puño y letra del joven acusado de estafa en la que le decía: “Mami, por favor, necesito que alguien denuncie urgente lo que está pasando en San Nicolás con este tema. Yo tengo mucho miedo porque esto lo están haciendo con el conocimiento de todo el pueblo y evidentemente no les importa nada”.

Allí nombraba al luego condenado por el caso Claudio Otranto, quien años más tarde recuperó su libertad y volvió a ser detenido, y al hombre del poder judicial, a quienes señalaba como “socios en el tema de préstamos de dinero en San Nicolás y en Rosario”.

Al letrado lo acusaba de brindar “protección” a Otranto. “Para ellos hacerse más fuertes económicamente y así dejarme fuera del mercado, haciendo que caiga la financiera Coex S. A., para la cual trabajo”, decía el texto.
En la nota, el delincuente luego condenado pedía a su madre que buscara “un abogado de afuera”, para defenderlo de lo que, decía, le estaban “armando”.

La Procuradora María del Carmen Falbo -desplazada y con riesgo de juicio político por un caso en el que la Justicia investiga a un Fiscal de San Isidro por presunto encubridor de narcotraficantes- remitió esas actuaciones a la Fiscalía General de Zárate – Campana, donde fue archivada en 2008, sin que pudieran aportarse elementos significativos respecto de la denuncia de Pinto, quien cayó preso dos años más tarde y fue condenado en 2013.

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