“En el Barrio San Francisco faltan 6 millones de pesos”
Lo dijo el Concejal justicialista Javier Sualdea en base a un cálculo estimado que realizaron a partir de datos obtenidos de la Secretaría de Vivienda de la Nación. Denuncian además, que se pagó la totalidad de una obra, que no está terminada.
:format(webp):quality(40)/https://opinionsemanariocdn.eleco.com.ar/laopinion-static/images/logo.png){kind=logo}
El bloque de Concejales Justicialistas agregó información a la causa de las casas del barrio San Francisco, referida al estado actual de las certificaciones de obra y el pago de las mismas.
Según los datos que tienen los ediles de esa bancada, provistos por una fuente de la Secretaría de Vivienda de la Nación, el municipio habría certificado el avance físico y pagado, por el 100% de las obras, cuando en realidad se habría construido poco más del 80%.
A través de un correo electrónico, los concejales habrían recibido una planilla, en la que se explicita con detalle, cada uno de los 26 pagos que se hicieron a la empresa Giribaldi hermanos, tanto por las 21 viviendas del Barrio Los Andes, como por las 288 viviendas en la ex quinta Picagli, divididos en 3 tramos de 80, y uno de 48.
Según esta información, a la empresa solamente le restaría cobrar a la fecha, $ 9.677,50, correspondientes al tramo “Picagli III” de 80 casas en el Barrio San Francisco.
En el caso de la ex quinta Picagli, el monto total transferido por la Nación para la obra, sería de $14.236.000. Si tenemos en cuenta que el barrio suma 288 casas, el monto total asignado por vivienda es de poco menos de $ 50.000 cada una. Según el Concejal Javier Sualdea, personas idóneas en la materia habrían evaluado las viviendas, y las mismas tendrían un costo no mayor a los $ 30.000. Por eso es que, siempre según el mismo edil, “en el Barrio San Francisco faltan 6 millones de pesos”. Claro que hay que tener en cuenta, que en la obra no estaba licitada únicamente la construcción de las casas, sino también toda la infraestructura necesaria para montar el barrio. El propio Secretario de Obras Públicas Pablo Zeme explicó a “La Opinión” que “las casas no representan más del 60% del costo total de la obra”. Hay que tener en cuenta todos los servicios que se han llevado al lugar y los gastos de mejoramiento del suelo que también suman un monto importante.
La versión del Municipio
Otra de las polémicas surge, porque si bien desde el municipio reconocen haber certificado el 100% de los avances de obra, aducen que en realidad todavía resta pagarle a la empresa más de $ 1.200.000, basándose en que no todo lo que está certificado ha sido abonado.
Por otra parte, el municipio tiene todavía bajo la manga las pólizas en garantía de ejecución del contrato (se retiene el 5% de todos los pagos para este fin) por algo más de $ 700.000 y las pólizas por reemplazo del fondo de reparo por otros $ 780.000.
Es decir que, luego que la empresa finalice efectivamente la obra, se realizará la “recepción provisoria” de la misma por parte del municipio. A partir de ese punto comenzará a regir el plazo de garantía de las casas por 6 meses, dentro de los cuales la municipalidad podrá buscar detalles constructivos o vicios ocultos que no hayan sido descubiertos durante las certificaciones, y contará con el dinero de las garantías para asegurarse la reparación de los defectos. Solamente después de transcurridos estos 6 meses, se realizará la “recepción definitiva”, en la que la empresa podrá percibir, todo el dinero que depositó en forma de garantía.
El Secretario de Obras Públicas, agregó en este sentido además, que durante el día Lunes se realizó en San Pedro una auditoría por parte del Ministerio de Planificación Federal en el Barrio San Francisco de Asís, que arrojó resultados positivos “salvo por algunos detalles”, según los dichos del propio Zemme.
La Causa
Mientras tanto, en San Nicolás, la documentación secuestrada oportunamente durante el allanamiento en la Municipalidad de San Pedro, ya ha sido remitida a la Oficina Pericial de la Corte. Allí, se espera que luego de la feria judicial sea analizada por un Perito Ingeniero Civil y un Perito Arquitecto, y confrontada con la realidad de las casas del barrio San Francisco.
Quizás, solamente así podamos dilucidar si la obra fue efectivamente construida en un 80% pero certificada y pagada en su totalidad, o si, como dicen desde el municipio, la obra estuvo correctamente certificada, y será pagada recién cuando comprueben “casa por casa”, que el trabajo ha sido correctamente realizado.
En los pasillos de la fiscalía, por otro lado, dicen que para la resolución de esta causa “es fácil la bocha”, porque simplemente necesitan comparar “los papeles, con la realidad”, para saber si efectivamente estamos ante la comisión de un delito.
