En 20 días comienza el juicio por jurados del asesinato del policía Reyna
El 26 de noviembre de 2013, dos delincuentes armados entraron a robar a la joyería Taibo. Alertada, la Policía arribó al lugar. Hubo un enfrentamiento producto del que resultó asesinado el efectivo Juan Gabriel Reyna, de 36 años. Entre el 17 y el 19 de abril próximo, tres años y medio después, los imputados serán sometidos a juicio oral y público en el que un jurado integrado por vecinos definirá si las pruebas son suficientes para condenarlos. El Fiscal Granda cree que sí y pedirá perpetua. El Defensor Oficial pidió nuevas pericias y alimenta dudas.
Tres años y medio después del hecho, el asesinato del policía Juan Gabriel Reyna tendrá su juicio oral y público, debate que comenzará el próximo 17 de abril y que tendrá la particularidad de ser el primero de un caso sampedrino que se resolverá bajo la modalidad de jurado ciudadano.
La causa tuvo diversas complicaciones. El crimen en ocasión de robo sucedió el 26 de noviembre de 2013. Dos años después, la entonces todavía Fiscala Gabriela Ates elevó el expediente a juicio. Cuando un año más tarde, ante la suspensión de sus funciones de la titular de la UFI 7, el Fiscal de Baradero Hernán Granda fue asignado al caso. Tuvo que pasar otro año para que pusieran fecha para el debate.
El caso tuvo cuatro imputados, pero el 17 habrá sólo dos de ellos en el banquillo. Se trata de los arrecifeños Facundo Díaz y Mario Dominé, para quienes Granda solicitará la pena máxima, ya que entiende que hubo agravantes en el homicidio y que, independientemente de quien haya efectuado el disparo fatal, ambos están íntimamente involucrados en un asesinato cometido para lograr impunidad frente al hecho de haber sido sorprendidos en plena comisión del delito.
Los otros dos son: Lucas Balcaza, también de Arrecifes y señalado como el conductor del Volkswagen Gol que los llevó hasta la céntrica joyería y quien los esperaba para la huída, imputado sólo por el robo mas no por el asesinato; y Manuel Frías, que en ese momento era efectivo de la Policía y a quien en un primer momento involucraron luego de un allanamiento que encontró en su casa un verdadero arsenal, pero que luego fue desvinculado de la causa, en la que había estado sindicado como el presunto aportante de la logística.
Granda asegura que hay pruebas suficientes
El Fiscal Hernán Granda considera que los elementos reunidos en el expediente son suficientes para condenar a Díaz y a Dominé. La solicitud de reclusión perpetua estará sostenida en el hecho de que a Reyna lo mataron por ser policía, en ejercicio de sus labores y luego de que llegara al lugar del robo para impedirlo.
Ello, razona el Fiscal, implica que lo asesinaron –también golpearon a la compañera de Reyna y le dispararon a otro efectivo en la huida– para evitar ser detenidos en plena comisión del delito de robo.
La prisión perpetua está prevista para quien asesinara, entre otras posibilidades, “para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sío para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar” otro ilícito y “a un miembro de las fuerzas de seguridad pública, policiales o penitenciarias, por su función, cargo o condición”.
El proceso de instrucción a cargo de Ates dejó algunos baches que Granda tuvo que subsanar, sobre todo en relación a las pericias balísticas, que fueron encargadas otra vez y que tiene en la mira el Defensor Oficial Pablo Vaccani.
Las “serias sospechas acreditadas por semiplena prueba” que permitieron el procesamiento de los imputados y la elevación a juicio de la causa se pondrán en debate durante los días lunes17, martes 18 y miércoles 19 de abril, si no son necesarias jornadas extras, para que los integrantes del jurado ciudadano, elegidos entre vecinos de las seis ciudades que conforman el Departamento Judicial de San Nicolás definan la culpabilidad o inocencia.
Las dudas de la Defensoría Oficial
La semana pasada, el Defensor Oficial Pablo Vaccani llegó a la joyería ubicada en Mitre al 900 para presenciar una serie de pericias solicitadas por su parte, a cargo de Gendarmería nacional, como todas aquellas en la que está involucrada la Policía.
Las pericias fueron ordenadas para completar la instrucción del expediente. “Consideramos importante determinar qué sucedió dentro de este lugar, de la joyería. Es algo que no se ha indagado lo suficiente, en relación a cuestiones que tienen que ver con las pericias”, dijo Vaccani.
A pocas semanas del debate oral y público, el Defensor cuestionó “la forma de levantamiento de rastros, la precisión y distancia de los proyectiles 9 mm que se encontraron en el lugar, sobre la hipótesis de que la muerte de Reyna la provocó la policía”.
Hay un dato certero: la bala que mató al efectivo salió de un arma reglamentaria. La reconstrucción de los hechos que se hizo ese mismo martes por la tarde –el robo y posterior asesinato sucedió alrededor de las 16.00– permitió establecer que cuando Juan Gabriel Reyna y Patricia Melgar ingresaron a repeler el asalto, los delincuentes lograron arrebatarles las armas, dispararon contra el efectivo, golpearon a su compañera y a la salida balearon a otro oficial que llegaba de refuerzo, ya en la vereda, quien salvó su vida porque el proyectil que recibió era una posta de goma.
El caso Reyna fue el primero que le asignaron a Vaccani. Como secretario del Juzgado, había estado cerca del expediente. El jueves tuvo un intercambio de pareceres con el personal de Gendarmería. Es que parte de lo que el Defensor pretendía no se podía hacer.
“Falta terminar los informes. Cómo hago para determinar trayectoria de disparos si no tengo nada acá, no hay ningún elemento, puedo hacer unos planos fotográficos, pero nada más”, le dijeron.
Vaccani quería determinar la trayectoria de los proyectiles. “Es imposible”, se escuchó dentro del local. “El tema, para mí, es que son necesarios ciertos relevamientos. Hay disparos acá, para mí no hay enfrentamiento”, insistió el representante del Ministerio Público de la Defensa.
“Podemos establecer las posiciones de cada uno, una reconstrucción”, le explicaron.
La Defensa quería tener una planimetría del lugar más acabada de la que estaba en la causa y no nos opusimos. Eso fue lo que se hizo: una planimetría. Es su derecho”, dijo Granda.
Quiénes integrarán el jurado
En la Provincia de Buenos Aires, el sistema de juicio por jurados prevé un sorteo anual para conformar los listados de personas habilitadas para integrar esos tribunales populares.
En 2017, los habitantes del territorio bonaerense cuyos documentos de identidad finalicen en 428 y 939 son los elegidos. Son uno cada mil, que tienen entre 21 y 75 años.
Del listado definitivo quedan excluidos quienes ocupen cargos políticos en el Poder Ejecutivo, Deliberativo o sean funcionarios del Poder Judicial. Tampoco pueden participar abogados, escribanos, efectivos de las fuerzas de seguridad y quienes padezcan alguna enfermedad física o psíquica que les impida ejercer la función.
“El Tribunal está obligado a contratar cerca de 30 jurados que se van filtrando”, explicó el Fiscal Granda. Para el juicio se eligen 18, 12 titulares y seis suplentes.
Como se dijo, pueden ser de cualquiera de las ciudades que forman parte del Departamento Judicial: San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Arrecifes y Capitán Sarmiento.
Se trata de una “carga cívica”, es decir que en caso de no comparecer puede ser obligado por la fuerza pública, y cuenta con una compensación económica. El Ministerio de Justicia publicó el listado sin depurar en el Boletín Oficial y la Corte Suprema de Justicia bonaerense tiene un link en su página web en las que se puede consultar con el número de DNI si está preseleccionado.
