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viernes, marzo 5, 2021

Empleados precarios, cheques sin fondo y falta de habilitación en Río Tala

Una protesta por falta de pagos en la planta propiedad de la familia Saladino reveló una situación de precariedad que incluyó empleados no registrados, irregulares trabajadores extranjeros, misioneros en condiciones pésimas de habitabilidad, un tendal de negocios que no pudieron cobrar porque rebotaban los cheques y la confirmación de que la fábrica no estaba habilitada.

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Un grupo de trabajadores de una fábrica de bolsas de residuos ubicada en Río Tala protestó el lunes en las puertas de la planta por la falta de pago de salarios y destapó una situación que era un secreto a voces en la localidad pero de la que nadie quería hablar públicamente.

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El grado de precariedad en el que se encontraban los empleados, la falta de habilitación para el funcionamiento y las pésimas condiciones de seguridad e higiene, entre otras irregularidades evidentes en la fábrica, dan cuentas de una cadena de responsabilidades que tiene varios protagonistas que, como mínimo, no cumplieron con sus deberes.

Desde la Municipalidad que no logró que culminen con la habilitación hasta el Ministerio de Trabajo que sancionó una vez pero todo siguió igual, pasando por un sindicato zarateño que fue acusado de “arreglar” para no defender a sus representados, muchos fueron los que se hicieron los sordos ante el grito desesperado de los alrededor de 100 trabajadores que los actuales empleados dicen que ya pasaron por la fábrica, que tiene 25 puestos de trabajo activos.

El caos se desató el lunes, cuando el grupo integrado por sampedrinos, talenses, misioneros y venezolanos decidieron parar la producción en reclamo del pago de su sueldo. Ayer martes, durante más de ocho horas se debatió en el Ministerio de Trabajo cómo seguir de manera tal de garantizar la continuidad de la planta y de la fuente laboral.

La lámpara de Saladino

Por su número de DNI, Axel Federico Saladino debe tener alrededor de 20 años. En diciembre de 2017 se inscribió en AFIP como responsable inscripto. Su actividad principal es la fabricación de envases plásticos en el km 150 de la exruta 9, en Río Tala, en una planta que supo ser sede de la empresa de alimentos congelados Marítima Heinlein.

Aunque su nombre aparece como el responsable, el que maneja los hilos es su padre, Néstor José Saladino, que se inscribió en AFIP en 1995 y su actividad principal es el servicio de transporte automotor de cargas.

Desde hace poco más de un año, los Saladino regentean la fábrica de reciclado de plásticos para la producción de bolsas de residuos que está montada en las desmanteladas naves de la ex Marítima Heinlein.

Con un “encargado” que trajeron de Buenos Aires, un conocido expolicía colaborador, un puñado de mujeres en el área de confección y dos grupos de trabajadores por turno de 12 horas cada uno, la producción está en marcha hace tiempo.

Los trabajadores que protestaron el lunes llegaron al turno de las 8.00 decididos a no cumplir tareas si no había novedades de su salario. Hay empleados a los que les deben medio sueldo de enero, el de febrero y todavía no les pagaron el de marzo, que debían cobrar en estos primeros días de abril.

Entre los oriundos de Venezuela hay quienes trabajaban hace un mes y medio y otros hace dos semanas. Todos necesitaban cobrar para pagar el alquiler de la casa en la que viven en San Pedro y para enviar remesas a sus familias en su país de origen (ver aparte). “Los cheques que nos dan, no tienen fondos. A varios les dieron cheques y rebotaron”, denunciaron.

En la fábrica trabajan 12 horas de corrido, con media hora de descanso para comer, sin horas extras, en “negro”, sin guantes ni cascos ni otro elemento protector. Los cinco procesos de producción de la fábrica implican el contacto permanente con deshechos al menos domiciliarios.

Desde la Municipalidad informaron que la fábrica “tiene inicio de trámite” de habilitación con fecha de octubre, pero que nunca lo terminó, a pesar de que fue notificada.

Acuerdo en el Ministerio

La intervención de la CGT regional San Pedro Baradero y del Sindicato de Químicos fue fundamental para evitar que la empresa decidiera unilateralmente el futuro de los trabajadores. La audiencia tuvo lugar en la delegación local del Ministerio de Trabajo.

9.000, 15.000, 7.000, 6.800, 7.000 y 26.000 pesos fueron los montos con los que acordaron los empleados que decidieron no seguir trabajando en la fábrica, todos domiciliados en San Pedro, quienes cobrarán esas sumas en 4 a 7 cuotas según el caso.

Respecto de los nueve oriundos de Venezuela, la situación es distinta. Ellos están dispuestos a continuar en la fábrica, pero su situación reviste otro carácter. Salieron de su país en busca de mejor destino, llegaron a Argentina como residentes transitorios, por lo tanto tienen 90 días como “turistas” y no pueden trabajar hasta que no cambien su condición a “trabajador migrante”, que prevé hasta tres años de residencia, o bien a la de “residente
permanente”. Al cierre de esta nota, todavía no habían resuelto qué pasaría con ellos.

Además de los venezolanos, en la fábrica había seis misioneros. Habían sido reclutados en El Dorado para trabajar en el campo y terminaron en la planta de los Saladino. Son los que dormían en un cuarto, con planchas de telgopor como cama y algunas frazadas.

Un tendal de cheques sin fondo

El Banco Central registra 70 cheques rechazados a las cuentas que Axel Federico Saladino tien en los bancos Galicia y Santander Río. De ellos, 68 fueron por falta de fondos y dos por defectos formales. En total suman 1.729.619,75 pesos. El informe oficial señala que a la fecha sólo abonó el 13 por ciento del monto total: unos 228 mil pesos.

La situación de su padre no es diferente. Néstor José Saladino también tiene una gran cantidad de cheques rechazados. Son 19, todos por falta de fondos. Suman un total de 437.393 pesos, monto del que ya canceló el 51 por ciento.

Además de los trabajadores de la fábrica recicladora de plásticos para la producción de bolsas de residuos, los cheques rechazados de padre e hijo Saladino afectaron al comercio local.

Son varios los negocios donde adquirieron elementos por entre miles y cientos de miles de pesos –hasta habría un caso próximo al millón– que recibieron un cheque que es papel pintado, ya que no lo pudieron cobrar por carencia de fondos.

Luego de que la situación en la fábrica tomara estado público, algunos recibieron la promesa de que se les pagaría en los próximos días, en un evidente intento de ganar tiempo frente a la repercusión del tema.

Lo extraño del caso es que al menos dos cheques que fueron entregados a comercios locales y que rebotaron por faltas de fondos aparecen en el listado del Banco Central como “abonados”, aunque los comerciantes no recibieron su dinero.

“Hay cheques que a veces se extravían, pasan de mano en mano y no aparecen más, el último que lo dio lo termina pagando y chau, pero queda en la cuenta como rechazado, entonces hay quienes van a alguna escribanía y dan fe de que lo pagaron”, explicó un conocedor del circuito. Pero en este caso, esos cheques existen y están en manos de los comerciantes que los recibieron, los  mismos que esta semana fueron avisados de que no debían preocuparse, que cobraran.

“Yo puse al tanto a mi abogado y estamos viendo. Lo que pasa es que este tipo no tiene nada a su nombre”, lamentó el titular de un negocio al que “clavaron”. Un colega suyo al que le sucedió lo mismo, se quejó: “Los bancos le dan chequeras a cualquiera. Este país es joda, las leyes  están hechas para los sinvergüenzas, nunca defienden al que tiene todo en regla”.

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