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lunes, junio 14, 2021
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Empleados “Parásitos”: hubo siete despidos y el Municipio va por más

La implementación de la Junta Médica y la revisación legajo por legajo permitió al Municipio desprenderse de siete personas que no iban a trabajar y que, en algunos casos, hasta cobraban un sueldo. Ahora comenzó la evaluación de los que tienen certificado médico. Además, pasarán revista a todos los nombramientos políticos de los últimos años, para lo que analizan la legislación vigente y la jurisprudencia porque habría posibilidad de prescindir de los servicios de algunos personajes.

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El Gobierno municipal concluyó la primera etapa de revisión del personal que tiene a su cargo y dejó cesantes a siete personas, de las cuales cinco ya tienen el decreto que da cuentas de su despido y los otros dos estaban a la firma.

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Cuando llegaron al Ejecutivo, Giovanettoni y Baraybar pidieron a cada área que informe el personal que tiene a su cargo y el estado de cada uno de ellos en relación a esas tareas.

Allí se encontraron con que hay muchas licencias por enfermedad –que revisa la Junta Médica, una por una– y con un puñado de trabajadores que hacía mucho tiempo no iban a cumplir con sus tareas. Entre estos últimos están los despedidos.

El Gobierno profundiza el análisis, luego de que ayer acordara en el Ministerio de Trabajo avanzar con la recategorización de quienes están al borde de la jubilación y con el pase a planta de los jornalizados que están desde hace mucho en esa condición

Siete primeros casos
Algunos de los despedidos son empleados con licencia sin goce de haberes que encontraron otro empleo fuera o pusieron un negocio, y por las dudas mantenían la reserva de su puesto, para volver a la estabilidad estatal en tiempos de vacas flacas.

Otros son los vivos de siempre que, amparados en cierta capacidad política o de uso de la violencia y las amenazas supieron granjearse la posibilidad de ir todos los meses a cobrar sin cumplir con ninguna tarea asignada ni tener que “soportar” que alguien les llamara la atención por ello.

El Secretario de Gobierno Martín Baraybar confirmó a La Opinión que “hubo algunos despidos” pero prefirió reservarse los detalles. Sí dijo que en el gabinete están evaluando legajo por legajo, por lo que podría haber otros empleados en la misma situación. 

“Hay casos que nos sorprenden y creemos que es hora de tomar el toro por las astas. Esto lo hacemos en defensa de aquel que viene todos los días a cumplir con su trabajo, además de cuidar el patrimonio público, porque había casos en los que se les estaba pagando y todo”, señaló.

Sobre la Junta Médica, informó que esperan los informes correspondientes y que sabe que hay situaciones que deben contemplarse, pero que la ley habilita a que cuando un empleado pase un año sin asistir a su puesto, “se puede dejar de pagar el salario y reservar el puesto por otro año; si entonces no regresa, se está en condiciones de plantear la cesantía”.

A los siete despedidos del relevamiento inicial se los intimó para que se presenten a trabajar y no lo hicieron. Sólo uno quiso protestar pero les mintió a sus representantes sindicales, por lo que nada pudieron hacer. Como en el resto de los casos, los gremios entendieron que las situaciones eran “indefendibles” y las avalaron por acción u omisión.
“Hay un control exhaustivo en ese sentido. Se hace el seguimiento de cada caso y si se corrobora que no trabaja, se lo deja cesante”, sostuvo Baraybar.

Una revisión necesaria
A poco de andar, en el Gobierno se dieron cuenta de que hay una gran cantidad de personas que se beneficiaron del “lustro desaprovechado”, como calificó un analista de mesa de café a los cinco años de Guacone, en alusión a la “década ganada” a la que hace referencia el kirchernismo para hablar del Gobierno nacional.
De los más de 70 funcionarios que pasaron por la errática gestión del exintendente, hay muchos que mantienen su status de empleado municipal y que supieron cosechar bonificaciones, categorías y beneficios varios merced a sus buenas migas con un Jefe Comunal de amplia generosidad para “premiar” a los aliados pero de olvidadiza mano de hierro para castigar a quienes dejaban de serlo. Entre 2009 y 2014, estar cerca de Guacone le valió a muchos un espaldarazo que los posicionó sin que el hecho de que se les apagara la luz política implicara un retroceso en su ascenso laboral y salarial.

En el gabinete miran con recelo cada uno de esos casos y sacan cuentas. Saben que si contaran con algunos millones extras para pagar ciertas indemnizaciones podrían sacarse de encima a los “beneficiarios del lustro aprovechado”, aun cuando fueran a la contienda judicial para reclamar por alguna que otra cuestión.
El regalito de Dalmy Butti, que pasó a planta permanente y con carrera médica a los profesionales del área de Desarrollo Social, lo que condenó a todos los secretarios de aquí a al menos dos décadas a trabajar con ese equipo, también es materia de análisis cuando se piensa en la posibilidad de prescindir de ciertos servicios para reemplazarlos por otros perfiles.

“El municipio está lleno de parásitos”, se sinceró un conocedor de estos vaivenes, que esbozó una sonrisa porque él mismo pasea por los pasillos sin tarea alguna asignada desde hace mucho tiempo. “Echarlos no sería tanto dinero, el tema es el costo político”, analizó.

Qué se puede hacer
Despedir es facultad del empleador, siempre y cuando cumpla con las condiciones vigentes en la legislación. Claro está que los reclamos gremiales sobrevendrían sin lugar a dudas, porque por más derecho que asista corresponde la defensa de los puestos de trabajo.

De todas maneras, en el Gobierno saben que muchos de esos que se aprovecharon del lustro guaconista están en la mira de los sindicatos, porque en su momento se pararon en la vereda de enfrente y no tuvieron reparos en usar todas las armas contra ellos. Nombres de placas de bronce fueron con la cabeza gacha a pedir ficha de afiliación a los mismos a los que en otra época miraban por sobre los hombros.

“Se puede, sí. Pero van a iniciar juicio”, explicó a La Opinión un abogado conocedor del manejo de recursos humanos en el ámbito estatal. “Por más que prescindas de los servicios y les pagues, ellos pueden iniciar un juicio porque la ley dice que el personal temporario no goza de estabilidad, pero el permanente sí”, señaló.

“Lo vas a despedir con un decreto que será cuestionado por más que le pagues, van a reclamar otros rubros y otras cosas; pero sí, van a iniciar una acción contra el Estado por despido arbitrario”, explicó y detalló que no sólo podrían solicitar la reincorporación sino además el abono de los salarios caídos y otros ítems relacionados.

“Es muy difícil echar a un tipo, no es tan sencillo”, analizó consultado por este semanario otro especialista en recursos humanos municipales, quien recordó que otros Gobiernos de otras ciudades lo han hecho, sobre todo cuando recién llegan al Ejecutivo, aunque tras ganar elecciones.

Avances y retrocesos en los sumarios
En la Dirección de Asesoría Letrada hay al menos tres casos que tuvieron repercusión pública que involucran a empleados municipales por dudas respecto de su comportamiento en el desarrollo de las tareas asignadas.

Por un lado, el Jefe de Archivo, investigado por sacar de esa dependencia unos 30 mil kilos de papel con documentación que debía resguardarse y cuyo destino final sería la comercialización. El área que conduce José Ignacio Macchia concluyó con la etapa de recolección de pruebas y testimonios en el marco del sumario administrativo iniciado y corrió traslado el miércoles al empleado, que tiene diez días hábiles para ofrecer pruebas y hacer su descargo.

El presumario al médico ginecólogo que debía atender a la adolescente víctima de un abuso sexual en un cumpleaños de 15 será archivado, ya que de las pruebas y testimonios recogidos no surgieron elementos que permitan señalar una conducta impropia por parte del profesional. En principio se había dicho que fue al Hospital cuatro horas después que lo llamaran. Sin embargo, si bien llegó con esa diferencia desde que entró la paciente, sólo tardó una hora desde que le dieron aviso. Había sido suspendido por 15 días en sus tareas, los que deberán ser resarcidos.

El otro caso en análisis es el que involucra al médico Gustavo Alarcón y que le costó la Jefatura de Guardia cuando hubo un accidente fatal en la ruta 1001. Hasta el momento, y por las pruebas y testimonios que obran, podría haber una sanción tanto para él como para la médica que estaba a cargo de la ambulancia del centro de salud de Río Tala, que participó ese día de la atención ante la emergencia.

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