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lunes, septiembre 27, 2021
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Empleado judicial imputado por alquilar armas a delincuentes

José Carlos Cocuzza, oficial de notificaciones del Juzgado de Paz, prestó declaración indagatoria luego de ser imputado en la causa caratulada “tenencia de armas de guerras y acopio”. Negó la acusación y dijo que mucho de lo secuestrado no es suyo. Lo investigan por venta de drogas y alquiler del armamento para ilícitos. Ello podría implicar “participación necesaria” en los delitos cometidos por terceros. La investigación la inició la Jefatura Distrital y demandó más de cuatro meses. El acusado fue señalado en varias oportunidades por jóvenes delincuentes pero sin poder probarlo.

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El viernes pasado, una serie de allanamientos en Riobamba al 900 a cargo de la División Narcotráfico de la Policía Bonaerense junto al Fiscal y personal de la Jefatura Distrital secuestró una gran cantidad de armas de grueso calibre, escopetas, carabinas, chalecos, esposas, inscripciones policiales para uniformes, dinero en moneda nacional y extranjera, tres teléfonos celulares y más de 2.000 municiones de diversos calibres.
Todo ello producto de una investigación que el Jefe Distrital Dante Paolini comenzó en enero pasado, cuando obtuvo testimonios respecto de la actividad de un hombre que comerciaría estupefacientes en al menos dos barrios de San Pedro. Las tareas investigativas estuvieron a cargo del Juzgado de Garantías Nº 2 a cargo de Ricardo Pratti, la Jefatura Distrital y la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 5 a cargo de Marcelo Manso.
Durante el procedimiento fue detenido José Carlos Coccuza, de 52 años, oficial de Justicia empleado del Juzgado de Paz de nuestra ciudad “suspendido con sumario administrativo, según la información suministrada por la Suprema Corte de Justicia”, de acuerdo a declaraciones del Fiscal.
Quedó imputado en la causa, caratulada como “tenencia de armas de guerras y acopio” de municiones, cuya pena oscila entre los cuatro y diez años de prisión. Pese a que desde hace años se recibían denuncias, esta es la primera vez que se hallan pruebas que lo vinculan.
Ahora, la situación de Cocuzza es más complicada: una de las sospechas que recaen sobre él es el alquiler de armas para la comisión de delitos, lo que lo transformaría en partícipe necesario de una multiplicidad de hechos delictivos, en general robos calificados.
Además, los elementos que obran en la causa dan cuenta de su participación en el delito de venta de drogas: fotografías lo tendrían “escrachado” al momento de entregar estupefacientes en mano, montado en un moto, en un conflictivo barrio de viviendas sociales que comenzó a construirse en la gestión de Sánchez, terminó en la de Pángaro y donde el año pasado entregaron escrituras.

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Declaró y negó
casi todo
José Carlos Cocuzza iba a prestar declaración indagatoria el domingo, como imputado en la causa. Sin embargo, pidió tiempo para proveerse de un defensor particular, algo que le fue concedido. Finalmente, declaró ayer por la tarde, con la asistencia del reconocido abogado penalista nicoleño Gotardo Migliaro.
“Básicamente negó los hechos”, dijo el Fiscal Manso, que prefirió mantener reserva al respecto, por la delicadeza del caso. Informó que el Juzgado dictó la detención y que la Defensa pidió su excarcelación.
Ante la consulta de La Opinión, el Dr. Migliaro señaló: “El prestó declaración indagatoria, reconoció lo que era suyo (armas) pero hay elementos secuestrados que no le pertenecen”. De las que reconoce como propias, tendría documentación respaldatoria.
El abogado pidió disculpas por lo escueto de su comentario y explicó: “Recién empieza la investigación y no quiero entorpecer la causa”. Confirmó que su defendido “está en calidad de detenido” y que pidió la excarcelación, que el Juez deberá resolver “para el fin de semana que viene o principios de la siguiente”.
De cualquier manera, ahora hay una situación de competencia que debe resolver el Juez Ricardo Pratti, para determinar si corresponde que los hechos sean investigados por la Justicia Ordinaria o acaso deben ser considerados delitos federales. El acopio de arma de guerra es un delito federal, por lo que es probable que finalmente la causa pase a ese Juzgado.
Mientras tanto, José Carlos Cocuzza permanece en calidad de detenido, a la espera de una decisión de excarcelación que difícilmente llegue, al ser el delito por el que está acusado no excarcelable, y lo más probable es que le dicten prisión preventiva, porque los elementos recabados serían suficientes para que exista la sospecha de fuga o entorpecimiento de la investigación, sobre todo la segunda, por sus buenas relaciones.

“Sin connivencia,
esto no es posible”
El análisis corresponde a personas consultadas por este semanario, que conocían situaciones de estas características en la ciudad pero que no habían podido aportar datos concretos y fehacientes que permitieran acreditar que Cocuzza alquilaba armas y municiones y que vendía drogas al menudeo.
De hecho, un comerciante dijo que en 1999 escuchó a un par suyo decírselo al Fiscal General Héctor Tanús, con nombre y apellido. Como en el caso de la venta de drogas en Baradero, al momento de la detención “todo el mundo sabía”. Sin embargo, “todo el mundo” hacía la vista gorda, hasta ahora, en esta investigación que comenzó Paolini.
Tan cierta es la connivencia de la que se habla, que hubo que acelerar los pasos porque corría peligro que todo se cayera. Es que según se desprende de la causa, el imputado tendría muy aceitado el mecanismo. Buenas migas en puestos clave del poder político, judicial y policial, protección de los “pibes chorros” con los que se relacionaba y hasta amistades empresariales de mucha influencia.
“Cómo puede ser que haya tipos que cometan este tipo de delitos sin connivencia policial y política”, se preguntan en los pasillos judiciales de San Nicolás, donde ponderaron la tarea de Paolini: “Es probable que el comisario haya sido tentado y sin embargo continuó”, analizaron para La Opinión las mismas fuentes de Tribunales.
Sin embargo, la connivencia no siempre da resultados. Quienes investigan este tipo de hechos suelen decir que no se puede sostener indefinidamente este estado de “zafar permanentemente”. Un descuido, un error, un exceso de confianza hacen que la estructura delictiva ceda tarde o temprano.

Pruebas suficientes
En este caso, aseguran que los elementos son contundentes y comprometedores. Habría escuchas telefónicas entre Cocuzza, delincuentes y hasta podría haberlas con policías. No es casualidad que desde un tiempo a esta parte, nada que tenga que ver con esta investigación haya sido llevado adelante con efectivos locales, que no supieron de los allanamientos del viernes hasta que fueron consumados.
El único problema, tal vez, es que durante los procedimientos no hallaron droga. Tan acreditada estaba en la investigación la venta, que simples bagullos de marihuana hubiesen bastado, porque no habría forma de comprobar que no eran para comercializar.
El acopio de armas y municiones de guerra está más cerca de ser probado, ya que incluso tenía esos elementos escondidos en “dos baldes de veinte litros”, según informó el Fiscal Manso. El alquiler de armas para la comisión de delitos es más difícil de probar. Sobre todo si se tiene en cuenta que a una víctima le sería muy complicado recordar con precisión con qué tipo de armamento le apuntaron cuando lo asaltaron.
Sin embargo, hay un dato muy importante: en su poder, Cocuzza tenía elementos típicos del uniforme policial, similares a los que vistió un grupo de delincuentes que cometió un robo calificado semanas atrás.
Además, testimonios de personas en conflicto con la ley podrían ser muy valiosos, aunque ahora estén privados de la libertad, para relatar cómo alquilaban armas para juntar la plata con la que le compraban la droga.

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