Emergencia laboral: La oposición cedió y sólo aprobaron suspensión del cobro de tasas para despedidos
El proyecto que presentó el bloque Frente para la Victoria - Unidad Ciudadana tuvo resistencia en el Concejo Deliberante. El oficialismo accedió a tratarlo si se hacían modificaciones. Finalmente, lo único que aprobaron fue suspender el pago de tasas a los contribuyentes que puedan certificar que fueron despedidos de sus trabajos. El resto quedó en declaraciones para pedirle al gobierno que instrumente herramientas que ya posee.
El Concejo Deliberante discutió este jueves, durante más de una hora, el proyecto de "Emergencia laboral" que presentó el bloque Frente para la Victoria – Unida Ciudadana. El debate se extendió porque el oficialismo quería discutirlo en comisión y la oposición pretendía aprobarlo en esta sesión.
Un extenso cuarto intermedio permitó acercar posiciones. Finalmente, Cambiemos logró reformas en la redacción del proyecto y el expediente fue aprobado sin declarar la emergencia laboral, sin eximir del pago de tasas a las personas que hayan sido despedidas y sin crear programas de subsidio para colaborar con ellos.
La derrota de la oposición fue en el terreno de lenguaje: en una hora, el oficialismo los convenció de escribir de otra manera el articulado, al punto de que se perdió el espíritu del proyecto y lo único concreto que dejó la ordenanza aprobada es que quien haya sido despedido de su trabajo será beneficiado con una "suspensión" del pago de tasas, que no es lo mismo que la eximición.
En el recinto había trabajadores de Coplac, que expresaron ante La Opinión su preocupación porque la semana próxima deberán hacer frente al pago de alquileres, servicios esenciales como luz y gas, y otros como videocable, internet, etc. Dirigentes de la CGT y la CTA también estuvieron presentes.
El artículo primero "exhorta" al gobierno a hace gestiones ante ministerios y otros organismos para fomentar la producción y conservar los puestos de trabajo, algo que el Ejecutivo de Cecilio Salazar ya tiene en marcha desde que intervino en el conflico.
El artículo segundo suspende el pago de tasas a quienes puedan acreditar que, en los últimos seis meses, fueron despedidos de sus empleos. No los exime, sino que establece la suspensión del cobro hasta tanto cambie su situación, momento en que deberán pagar la deuda generada, aunque ello sería sin intereses.
El tercero "exhorta" al gobierno a "arbitrar los medios necesarios para atender con recursos ordinarios la situación de vulnerabilidad de las familias afectadas por los despidos". Es decir a hacer algo que ya hace: recibir pedidos de ayuda, evaluarlos y, si corresponde, hacer efectivo algún tipo de subsidio.
El cuarto, por su parte, establece que se le dé prioridad a los hijos de despedidos que cursen estudios terciarios o universitarios en la distribución de becas municipales. Así quedó expuesto en la sesión, tras el largo cuarto intermedio:
El proyecto de emergencia laboral implicaba eximir del pago de tasas a todos los contribuyentes que puedieran acreditar que perdieron su trabajo en los últimos seis meses y continúen desocupados. Lo aprabado es distinto: apenas la "suspensión".
Establecía que la Secretaría de Desarrollo Humano “otorgará un subsidio, afectado del Fondo de Inclusión Social, por la extensión de seis meses, a aquellas familias que no cuentan con vivienda propia y deben afrontar el pago de un alquiler”.
El oficialismo se opuso, porque consideraba que era "irresponsable" afectar un fondo específico. En el debate, se planteó la posibilidad de que ese subsidio fuera afrontado con recursos ordinarios.
Finalmente, no se creó ninguna herramienta de ese tipo, sino que se "exhortó" al gobierno a atender la situación de las familias, algo para lo que no se necesita ordenanza alguna puesto que, como quedó expresado en sesión, el Estado local asiste a alrededor de 300 familias sólo con el Fondo de Inclusión.
El concejal José Luis Tirelli había hecho una propuesta sensata: circunscribir la ordenanza a la situación de las fábricas Coplac y Saladino, para generar así compromisos específicos de la Municipalidad para con esos trabajadores en particular.
El Frente para la Victoria – Unidad Ciudadana insistió con que la ordenanza fuera más general, para que trabajadores despedidos seis meses antes de la sanción y hacia adelante pudieran obtener los beneficios planteados, los que, finalmente, se reducen a que no les cobren las tasas hasta que puedan pagarlas y que no corran los intereses por ello.