Elevaron consultas por errores en el Presupuesto del Concejo Deliberante
Luego de que el Ejecutivo llamara la atención al cuerpo por haberse votado un aumento de dieta que no les corresponde, Asesoría General de Gobierno y Tribunal de Cuentas recibieron consultas oficiales para determinar si está bien lo que hizo el intendente, que decretó que la categoría cero, con la que se calculan su sueldo y el de los concejales, corresponde. Pese a la indignación ciudadana por votarse siempre el máximo de sueldo la doctrina pone en duda la decisión de Giovanettoni.
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La aprobación del anteproyecto de Presupuesto del Concejo Deliberante generó polémica luego de que el intendente Fabio Giovanettoni elevara una nota al presidente Mario Barbieri para informarle que el cáculo no correspondía, ya que había sido hecho con el 13 por ciento de aumento que lograron los trabajadores aplicado a las dietas, pero un decreto del Ejecutivo había dejado afuera a la categoría cero, cuya multiplicación por 3,5 máximo y por 14 establece el monto de las indemnizaciones de los ediles y del sueldo del Jefe Comunal, respectivamente.
La semana pasada, el Concejo Deliberante elevó una nota formal a la Asesoría General de Gobierno y al Tribunal de Cuentas para que se expidan acerca de si corresponde el decreto firmado por el intendente, en el que establece que el aumento de salario irá para todos los trabajadores menos para el ingresante con cuarenta horas, que es el que se utiliza para el cálculo.
Una consulta informal al Tribunal de Cuentas hizo que los empleados de ese organismo se agarraran la cabeza, una vez más, ante una duda proveniente de San Pedro, que en muchos casos desde la era Guacone a esta parte ha sentado precedentes en cuestiones administrativas que no estaban previstas pero que sucedieron en este municipio.
Además del chiste, en el organismo que fiscaliza la administración del dinero público en los estados locales de la provincia de Buenos Aires hubo ceños fruncidos porque entienden que la doctrina que obra allí ya saldó entuertos de estas características.
En ese sentido, los antecedentes no son favorables a la decisión del Jefe Comunal, aunque el Tribunal de Cuentas deberá expedirse de manera formal y analizando con especificidad lo que sucedió en esta ocasión. Si la razón la tiene el Concejo seguirán cobrando el máximo y con presupuesto aprobado hasta el 2017.
La opinión de quienes conocen este tipo de entuertos es que lo que decidió Giovanettoni no tendría visto bueno, ya que implicaría haber hallado un recurso para esquivar lo que la propia Ley Orgánica estableció para que se reconozca en dinero la tarea de los ediles
Por otro lado, es un decreto que quemará en las manos de quien asuma el 10 de diciembre, en la medida en que implica la decisión de “desenganchar” no sólo de este sino de futuros aumentos a los concejales, y obligará al próximo jefe comunal a pagar el costo político necesario para, si así lo resolviera, otorgar un aumento de dietas.
La idea de crear una categoría nueva para dejar afuera a los políticos de los aumentos que perciben los empleados no es novedosa. Tampoco ha sido muy exitosa en aquellos lugares donde se procuró implementar, sobre todo porque tiene dos resistencias a las que pueden acudir los perjudicados: la vía administrativa, como en este caso; y la judicial.
Cerca de donde se firman los dictámentes del Tribunal de Cuentas consideran que a las autoridades de ese organismo no les gusta nada tener que resolver cuestiones administrativas que generan dudas producto de premuras políticas, y menos en plena campaña electoral, por lo que se espera que el texto que debe elevar el titular de la Delegación Zárate llegue pasadas las elecciones.
Desde el Concejo Deliberante, en tanto, señalaron que los pasos a seguir son por un lado esperar ese dictamen y por otro avanzar como estaba previsto, con el anteproyecto aprobado y enviado, para que sea el Ejecutivo, como en cada partida de cada área, el que tome la decisión final acerca de cuánto dinero les adjudica en el Prespuesto 2016, que debe entregar a fin de mes.
La arbitrariedad formal del decreto de Giovanettoni está dada por la decisión de otorgar un aumento a una serie de empleados y dejar afuera a otros, en este caso el ingresante de 40 horas, que no debería ser una categoría fantasma si no tener trabajadores reales.
“Lo que se manda es una formalidad de reserva de partida, pero el Presupuesto lo hace el Ejecutivo”, señalaron desde el cuerpo deliberativo, lo que implica que Giovanettoni y los suyos podrán decidir el Presupuesto si el monto es menor.
Aun así, el anteproyecto está aprobado y el reclamo presentado. Si avanza como se espera el reclamo de Sandra Mari (ver recuadro), el Municipio deberá devolverles dinero retenido a los ediles a quienes no liquidaron como correspondía, lo que cargará aun más el prespuesto del HCD, que es de donde deben salir las partidas para pagarles.
Una sesión sin discusiones
Luego de la tapa de La Opinión que relevó el error en la confección del Presupuesto y que señaló algunos debates que hubo al respecto en el seno del cuerpo, el Concejo Deliberante sesionó el jueves pasado. Sin discusiones, con una breve chicana de Patricia Rocca contra Macri por el monumento a Perón tras un homenaje encabezado por Atrip, se retiraron.
Antes de irse, el vicepresidente primero del cuerpo pidió a Barbieri que gestione “becas” para formar a los periodistas. Fue luego de cuestionar a este semanario por calificar de “vetusta” a la Ley Orgánica que lo obligó a convocar por la fuerza pública a los ausentes en la polémica sesión sin quórum.
El adjetivo utilizado significa “extremadamente viejo, anticuado”, según la Real Academia de la Lengua Española, y así es como este medio consideró al artículo 70 de la LOM que establece que la policía deber llevar por la fuerza a los ediles al recinto.
Como bien dijo Atrip, la LOM fue modificada en diversas oportunidades desde su sanción como decreto de 1958, firmado por el gobierno que derrocó a Perón. Lamentablemente, en ninguna de esas reformas se tocó al artículo 70, cuyo mandato tampoco convenció mucho al propio vicepresidente en aquel momento en que hubo dudas sobre el verbo “compeler” que saldó un diccionario de la RAE.
La beca no vendría mal a los periodistas de este u otros medios que cubren las sesiones, ávidos por profundizar conocimientos al respecto. Mientras tanto, los trabajadores de prensa hacen lo que no entienden algunos concejales: leer la Ley Orgánica, las interpretaciones que de ella existen y también, de paso, el reglamento interno, el mismo que dice con claridad, por ejemplo, que es el cuerpo con su mayoría y no quien ejerza la presidencia el que tiene derecho a descontar dietas de sus miembros.
Un reclamo de vieja data
Liderados por Sandra Mari, un grupo de ediles reclamó que les liquidaron mal la antigüedad. Es cierto: el Ejecutivo no contempló como correspondía la situación y no les abonó como correspondía.
Serían cientos de miles de pesos que no fueron liquidados y ahora son reclamados. Como la ley establece, deberá pagárseles hasta el último peso retenido.
Cuestión de cálculo
La dieta antes del aumento a los trabajadores municipales era de $ 25.772,93. Sin embargo, el Presupuesto del HCD fue calculado con $ 28.917,84 por edil, es decir con el 13 por ciento de aumento que Giovanettoni advirtió luego que no les correspondía.
Con ese número, el cálculo de las dietas puras de los 18 concejales durante doce meses da un total de $ 6.246.253,44, monto sobre el que fue calculado el resto: la antigüedad de $ 523.580,08 entre todos; $ 589.52,79 de aguinaldos; $ 919.078,36 de aportes al IPS; $ 367.631,34 de Ioma; y $ 86.676,15 de ART.
Todo ello suma $ 9.032.372,16. Ese número dividido 18 da el monto que insume cada edil para la tarea del Concejo Deliberante al año: son $ 501.798,45 por cada uno; por mes son $41.816,54, promedio por concejal (con el aguinaldo distribuido entre los doce meses).
