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jueves, mayo 6, 2021

El “Velo” que cubre el aumento del transporte

Los aumentos son noticia corriente en nuestro país. El transporte público no fue la excepción; el gobierno nacional aprobó un aumento de hasta el 25% en todo el país. Esta semana le tocó el turno a San Pedro y el revuelo no se hizo esperar. En este caso, la polémica no es por el costo del pasaje en sí mismo, sino por la falta de legislación local sobre el procedimiento a seguir para actualizar las tarifas.

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Es sabido que el transporte público en la Ciudad de San Pedro está concesionado a una empresa privada. Como toda licitación pública existen determinados requisitos que hay que cumplir para obtener la autorización pertinente. Siendo la única compañía interesada Jorge Caso S.A. cumplimentó todos los requerimientos y le fue otorgada la ponderada concesión.
El Lunes 19 de Enero, los vecinos que viajan diariamente en el transporte público se encontraron con una sorpresa, la tarifa que estaban acostumbrados a pagar ya no era la que solía ser, había sido aumentada. A raíz de este episodio el Concejal Matías Velo se mostró ampliamente sorprendido y denunció que no había sido notificado con antelación y que era “anticonstitucional” realizar un aumento unilateral sin la aprobación del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad. En tren de acusar el edil deslizó que se trataba de una “operación” sin aclarar mucho ninguna de las acusaciones aportando más confusión al episodio.
José Geoghegan, Contador de la firma, contestó rápidamente a la fuerte denuncia explicando el procedimiento que Jorge Caso S.A. había seguido para estipular el incremento. La concesionaria del transporte público presentó el día 11 de diciembre de 2008 una carta en mesa de entrada solicitando una reunión con la Comisión Fiscalizadora de Transporte Público en la que anticipaba el deseo de tratar temas como el aumento de los costos laborales y la concesión de la terminal de Omnibus, entre otros pedidos.
Al cabo de cinco días la empresa recibió una carta fechada el 16 de Diciembre de 2008 donde era convocada a participar de una reunión de la Comisión competente, en la que se daría tratamiento a los tópicos sugeridos; aquí surgen los inconvenientes. A partir de la falta de especificación en la ordenanza que determina la licitación a favor de Jorge Caso S.A., los representantes de la empresa preguntaron cuál era el procedimiento para solicitar un aumento tarifario en los diversos recorridos de los colectivos que unen las localidades que abarca el Partido de San Pedro. La respuesta fue dubitativa; al no existir ningún procedimiento, la sugerencia fue presentar una nota en mesa de entrada.
Cuando el Concejal Matías Velo fue indagado sobre su inasistencia a la reunión, a pesar de ser miembro de la Comisión Fiscalizadora del Transporte Público, adujo no haber sido invitado. Su persona y la del Concejal Justicialista Rodolfo Trelles fueron las únicas ausentes en el encuentro. Del mismo formaron parte también la presidente del Concejo Deliberante, Norma Atrip y el mismísimo Secretario de Gobierno Juan Almada. Los encargados de pasar cuidadosa lista fueron Jorge Caso y José Geoghegan que se hicieron presentes representando a la parte privada.
Siguiendo las sugerencias de los integrantes de la Comisión, el día 5 de Enero del corriente año la concesionaria notifica al órgano veedor de sus actividades que, a partir del día 19 del mismo mes las tarifas aumentarían. En la nota se especifica que el incremento de las tarifas es “debido a los sucesivos aumentos en los componentes del costo de la actividad”.
La empresa encargada de prestar el servicio de autotransporte en esta ciudad sostiene que los colectivos no son rentables. Según explica su contador aproximadamente el 70% del costo operativo se destina a los sueldos, un 20% a los combustibles y el 10% restante a otras menudencias. A simple vista los números son aterradores, en el mes de Diciembre del 2008 la facturación dio negativa en 172.000 pesos y desde Mayo del año pasado hasta aquí todos los meses se registraron pérdidas, en promedio, superiores a los 80.000 pesos. Demás está decir que la empresa se encuentra en plena gestión para obtener los subsidios al transporte pero si aquellas cifras resultaban escalofriantes, estas lo son aún más. Contando con el dinero aportado por los subsidios el servicio seguiría siendo deficitario o apenas llegaría a cubrir los gastos operativos sin generar ni la más mínima ganancia. Hasta este punto nadie logra entender que embarcó a estos empresarios en un navío tan propenso al naufragio.
Mientras Matías Velo, Concejal de la Coalición Cívica y miembro de la Comisión, sostiene como argumento a su favor que es indispensable que sea el Concejo Deliberante el que determine el aumento; los papeles dicen otra cosa. En ninguna parte de la Ordenanza Nº 5.724, que fija las pautas para la concesión del transporte de pasajeros, se especifica cual es el procedimiento a seguir para el aumento del boleto.
Cabe agregar que según los pliegos de la licitación original en sus cláusulas particulares bajo el apartado número 6 especifica todo lo referido al cuadro tarifario. En el último párrafo puede leerse: “Una vez determinado el valor del boleto, los ajustes posteriores podrán realizarse a solicitud de la empresa ante el Departamento Ejecutivo”. Por otra parte la ley provincial N º 16378/57 y su modificación de la ley N º 7396, que regula la actividad del transporte público en la Provincia de Buenos Aires, sostiene en su artículo 10 que “diferencias tarifarias deberá comunicarse a las municipalidades” y que éstas podrán objetarlas “fundadamente con arreglo a lo prescripto en la ley, dentro de los diez (10) días de la comunicación respectiva”, objeción que en este caso brilló por su ausencia.
En suma, el incremento en las tarifas de los boletos en el autotransporte público de Pasajeros tuvo lugar dentro de los parámetros de la legalidad en el margen que deja una legislación irresponsable y expeditiva realizada con la negligencia propia de los tiempos que corren.

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