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    El Tribunal de Cuentas puso la mira en San Pedro

    El organismo dio curso a la denuncia del ex Diputado Polimante respecto a la falta de cobro del derecho de publicidad y propaganda y canon por antenas. La investigación se suma a la penal que lleva adelante el Fiscal Manso. En el Concejo Deliberante analizan minuciosamente el proceso de licitación y adjudicación a la empresa Tip S. A., que tendrá a su cargo la tarea. Las dudas también surgen por los acuerdos extrajudiciales que podrían surgir.

    22 de septiembre de 2010 | 15:54
    El Tribunal de Cuentas puso la mira en San Pedro

    La polémica por la privatización de la tasa que cobra derechos de publicidad y propaganda y canon por antenas no cesa. Desde que la propuesta de tercerizar fue dada a conocer por La Opinión generó debates en todos los ámbitos que tuvieron su resonancia en el Concejo Deliberante.
    Aun así, la ordenanza fue aprobada, la licitación lanzada y la semana pasada el servicio fue adjudicado a la empresa Tip S. A., constituida en 2002 y cuyo Presidente es Eduardo Crispin.
    El debate estuvo dado en el Concejo Deliberante con Sergio Rosa y el bloque de Carlos Casini como principales opositores. Por el lado del Presidente del Concejo, reclamaba que el porcentaje del 30 por ciento como máximo que podía llevarse la empresa que se adjudicara la tarea bajara al 20. No tuvo eco. Por su parte, el titular de Unión Peronista y su bloque se negaron rotundamente a apoyar la medida, ya que consideraron que el Municipio podía hacer por sí mismo el trabajo en lugar de contratar a un tercero.
    Tras la aprobación, el ex Diputado Polimante, quien participó en la redacción de la Ordenanza sancionada en 2004 que establece el cobro de la tasa, denunció penalmente en la Fiscalía local al municipio, funcionarios y concejales que hasta este año no hicieron nada para que esa norma se cumpla, con su consecuente pérdida de ingresos al erario.
    El Fiscal Manso informó que la causa “está en trámite” y en proceso de relevamiento de pruebas y antecedentes, y que aún no hay tipificación del presunto delito que se habría cometido en el caso.
    Ahora, esa denuncia se extendió al Tribunal de Cuentas de la Provincia, organismo que tiene a su cargo examinar la administración de los dineros públicos en la provincia y las municipalidades.
    La delegación Zárate, que tiene jurisdicción en San Pedro, ya recibió la problemática suscitada en la ciudad y comenzó el análisis de la cuestión. Desde la sede central del organismo en La Plata informaron a La Opinión que el tema “Está en estudio, en proceso de investigación”, que “la denuncia entró” pero “no tiene un plazo estipulado” para que haya novedades al respecto, ya que debe pasar diversas secretarías para su análisis a fondo.
    Por otra parte, en el Concejo Deliberante surgieron algunas dudas sobre el proceso licitatorio que dieron pie la necesidad de un análisis minucioso por parte del cuerpo acerca de ello.
    Los antecedentes de la empresa están en la mira puesto que si bien da cuenta de que ya realizó la tarea en otros municipios, surgieron algunas incertidumbres respecto a si realmente cobraron e hicieron el seguimiento de las empresas que tienen antenas y soportes en Almirante Brown, donde aseguran tener la experiencia, ya que aparentemente sólo habrían hecho la tarea de relevamiento y no así el cobro y seguimiento correspondiente a esa tasa.
    Al cierre de esta edición se reunía un grupo de concejales preocupados por el tema para darle forma a un pedido al Ejecutivo mediante el que solicitarán la documentación del proceso licitatorio para su evaluación, de manera tal de analizar los criterios utilizados para adjudicar a Tip S. A. la tarea, cosa que si bien es facultad del Gobierno, bien puede el deliberativo local cotejar y aportar en ese sentido.
    Aunque los concejales avanzan con prudencia sobre el tema, es probable que haya un pedido de informe para que el Ejecutivo dé cuenta y resuelva las dudas planteadas por los ediles, especialmente respecto a lo que corresponde a los antecedentes, ya que de comprobarse que Tip S. A. nunca hizo cobro y seguimiento del canon por antenas, no cumpliría entonces lo que establecía el pliego, que indicaba la necesidad de experiencia en la totalidad del proceso en la provincia, aunque la empresa sí tendría esa experiencia en otros distritos del país.
    Los caminos indican que en el caso de las “privatizadas” tienen su sustento tanto en recaudar para el municipio o evitar sospechosamente hacerlo. No es necesario que sea el caso de Tip, pero el poder económico de anunciantes y empresas dueñas de antena permiten suponer que en muchos casos el afán recaudatorio por más prometedor que sea el porcentaje se diluye en la voluntad de los recaudadores, quienes con mínima inversión logran un ingreso seguro con buenos contactos y sin demasiado esfuerzo. Los números dirán.

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