El Tribunal de Cuentas puso la mira en el transporte

El transporte público sigue generando dolores de cabeza a la administración municipal, a un año y medio desde que la empresa Jorge Alberto Caso S. A. dejó el servicio y hubo que declarar la emergencia por decreto, con el Concejo Deliberante pisando los talones por el tema.
A las múltiples dificultades que atraviesa la cuestión, que le valió al intendente ir al banquillo de la interpelación, se suma ahora una investigación del Tribunal de Cuentas que puso la mira y solicitó documentación para analizar.
Con fecha 04 de abril, el organismo que controla las cuentas de los gobiernos municipales en la provincia de Buenos Aires solicitó al Concejo Deliberante ocho expedientes que van desde noviembre de 2009 hasta enero de 2012.
Es decir, desde la concesión a Caso hasta la rechazada homologación de la declaración de emergencia, enviada cuando venció la original y que hoy está prorrogada de hecho.
Los concejales de la oposición manifestaron en diversas oportunidades que la situación del transporte en la ciudad es “jurídicamente irregular”, por lo que no les sorprendió la solicitud del Tribunal, cuyo cumplimiento debe hacerse efectivo dentro de los cinco días hábiles desde recibida la nota –el plazo vence hoy– que firma el Relator de la Delegación XVII del organismo.

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El grupo de los ocho
El primero de los expedientes reclamados es el que Jorge Caso ingresó al Concejo para solicitar un traspaso del contrato de concesión que esa empresa ganó en licitación pública por diez años a otra, denominada La Perla Buses S. A., cuyo propietario era el propio Caso.
El segundo es un pedido de informes del Acuerdo Cívico y Social luego de que la empresa manifestara su intención de dejar el servicio. El tercero es el pliego de bases y condiciones que envió el Ejecutivo al HCD en enero de 2011, luego de la desvinculación con Caso, y el cuarto el pedido de convocatoria a sesión extraordinaria por parte del Ejecutivo, de la misma fecha.
El quinto es nada menos que el contrato precario firmado con la empresa nicoleña Vercelli Hermanos, que es la que tiene a cargo el transporte hasta ahora, a través de ese acuerdo post declaración de emergencia.
El sexto es el rechazo del Concejo Deliberante a la homologación de la famosa acta de noviembre, firmada con una protesta de la Uta en las puertas del Municipio y en la casa del intendente.
Séptimo y octavo están relacionados con el decreto de declaración de emergencia que el Ejecutivo envió cuando venció el primer contrato precario con Vercelli, con el fin de extenderlo, que también fuera rechazado en sesión.

“Habrá 17 millones menos”
Así lo manifestaron los integrantes del bloque Frente de Todos luego de la tensa reunión que mantuvieron el miércoles pasado con el Secretario de Economía Oscar Esperante, que asistió a la sala de reuniones del HCD en compañía del contador municipal Oscar Corleto a explicar los alcances de la reducción de la coparticipación y los números de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2011.
“El déficit reconocido más la importante disminución en los aportes coparticipables permiten estimar que el Municipio tendrá este año ingresos menores a los previstos en una suma aproximada de $ 17 millones”, aseguraron desde el bloque que integra el presidente de la comisión de presupuesto, Mario Sánchez Negrete.
En el marco de esa reunión hubo cruces respecto de cuál es el déficit, puesto que tal como informó La Opinión en su edición anterior hay discrepancia entre oficialismo y oposición en la lectura de los números presentados por el Gobierno.
La cifra de 17 millones de pesos fue estimada de acuerdo a la reducción por coparticipación y fondos de educación que la provincia estableció para San Pedro, entre 77 municipios de la provincia. Esa reducción implica cerca de 10 millones de pesos, a los que se suman los aproximadamente 7 millones que el Gobierno reconoce como déficit.

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