El Tribunal de Cuentas no recomienda la ordenanza de camiones
Tras la consulta elevada por un Mayor Contribuyente al Concejo Deliberante, el Presidente del cuerpo Sergio Rosa hizo lo propio en el Tribunal de Cuentas de la provincia. La respuesta llegó y ratifica los cuestionamientos realizados sobre la norma, que obligaría a cada camión que ingrese a la ciudad a pagar por hacerlo.
La polémica ordenanza preparatoria que crea una nueva tasa para que los camiones foráneos que ingresen a la ciudad paguen un derecho de estacionamiento de 15 pesos por vez generó una consulta en el Tribunal de Cuentas de la provincia, que se expidió a favor de las críticas que el Presidente del Concejo Deliberante Sergio Rosa hiciera en su momento.
Si bien la respuesta del organismo no tiene carácter vinculante, advierte sobre las consecuencias que podría tener su aplicación, además de señalar la necesidad de que vuelva a ser votada en el recinto, ya que el plazo necesario para que la Asamblea de Mayores Contribuyentes le dé sanción definitiva está vencido.
Rosa presentó en conferencia de prensa el lunes la respuesta a su consulta, canalizada tras un pedido del Mayor Contribuyente Hugo Oscar Aguado, del que dio cuenta La Opinión en su edición la semana pasada, donde se solicitaba al organismo provincial que se expidiera respecto de la constitucionalidad o no de la norma.
Superposición legal
En su “recomendación”, y atento a que “no es competencia de este organismo (el Tribunal de Cuentas) determinar sobre la legalidad de las tasas” municipales, puesto que es la Justicia quien tiente autoridad al respecto, la misiva que recibió el Presidente del Concejo señala un proyecto de ordenanza similar sobre el que fuera consultado el Tribunal desde el Municipio de Coronel Dorrego.
Allí dice que ese proyecto “se halla en pugna con disposiciones constitucionales tales como la igualdad, la libertad de tránsito y, particularmente, el de generalidad de los tributos, por lo que resultaría objetable” y que la Ley 10.837, Regimen Legal del Transporte de Cargas de la Provincia de Buenos Aires, indica que el “tráfico intercomunal queda sometido a la exclusiva fiscalización y competencia de la Dirección Provincial de Transporte” y que toda disposición local “en ningún caso podrá dificultar o agravar en forma directa o indirecta su recorrido, combinaciones o lugares de parada y acceso”.
Ello implica que los afectados por la ordenanza en cuestión podrían iniciar acciones legales para salvaguardar los derechos que creyeran violentados por la norma, lo que significaría costos importantes para el Estado local, teniendo en cuenta que el dictamen del Tribunal es un antecedente de peso para tener en cuenta a la hora de argumentar en ese sentido.
Además, el organismo advierte que, tal como lo hiciera ante otras consultas, los perjuicios patrimoniales que pudieran desprenderse de la aplicación de una norma de estas características los cargos serán impuestos “a los concejales que votaron positivamente su sanción”, quienes deberían pagar de sus bolsillos.
Afectar los recursos
En su dictamen, el Tribunal da su opinión respecto a la afectación de los recursos originados por el cobro de la tasa, que en el caso en debate señala que el 50 por ciento será para el club Independencia, para hacer frente a la problemática financiera que atraviesa.
En ese sentido, el organismo indica que los tributos tienen como destino “financiar el cumplimiento de las necesidades colectivas”, y que sólo excepcionalmente pueden efectuarse total o parcialmente a fines determinados. “Deberá guardar relación con la real prestación del servicio que se otorga”, recuerda el dictamen y sentencia: “Resulta improcedente la afectación del producido de la tasa en análisis para financiar la ayuda a entidades de bien público” porque no hay vinculación alguna con la prestación del servicio.
A votar otra vez
La ordenanza preparatoria fue sancionada el 12 de agosto pasado. En la semana subsiguiente, el Concejo Deliberante había convocado a una Asamblea de Mayores Contribuyentes para que votara el proyecto. Sin embargo, tuvo que ser suspendida porque el Ejecutivo no convocó en tiempo y forma para componer el listado del año en curso, por lo que se analizaba el uso del correspondiente al año pasado.
En ese sentido, el Tribunal de Cuentas recuerda el plazo máximo de 15 días que tiene para fijar la fecha de la Asamblea y que, a pesar de haberse elevado a ese organismo una consulta, ese plazo no se suspende, por lo que el Concejo Deliberante local deberá ratificar en el recinto la ordenanza preparatoria votada en agosto, para que luego puedan debatirla los Mayores Contribuyentes.
Cruces y polémica
Los protagonistas de la discusión sobre esta ordenanza fueron el Presidente del Concejo Deliberante Sergio Rosa y el titular del bloque Justicialista Daniel Monfasani, autor del proyecto que fuera votado por unanimidad en el recinto, sin Rosa, que estaba de licencia y con Marta Perret ocupando una banca.
En la conferencia de prensa, Rosa volvió a defenderse de la acusación que Monfasani hiciera la primera vez que el radical manifestó sus disidencias: “Representa a una corporación cerealera”, había dicho el peronista.
Rosa dijo al respecto que sus disidencias “motivaron que algún Concejal en vez de rebatir los argumentos intentara descalificarme” y aseguró: “Yo no defiendo a ninguna corporación, como afirmaron a boca de jarro”.
El edil señaló que “se faltó a la verdad cuando se manifestó que Ramallo cobraba una tasa, lo que cobra es el derecho de estacionamiento al camionero que quiere pasar por esa playa. Se discutió mucho y se discutió mal”. Además, cargó contra Monfasani, autor del proyecto: “Cuando se tergiversan las cosas y se intenta enlodar al otro es porque no entiendo el tema y no quiero consultarlo o no quiero ponerme a estudiarlo. No vendamos fantasías que en la práctica no podemos concretar, esto no es un invento ni una gran ordenanza como se manifestó” en La Radio. “No admito las descalificaciones y la subestimación del otro”, sostuvo.
Monfasani, por su parte, sostuvo que la ordenanza está votada y ahora la tienen que votar los Mayores Contribuyentes. Por los plazos, no veo por qué hay que votar algo de nuevo por error de la Presidencia del Concejo al hacer la convocatoria”. Respecto al dictamen, el Presidente del bloque justicialista expresó: “El Tribunal de Cuentas no puede ir por encima de un poder elegido por el pueblo, está para controlar si las partidas están bien o mal usadas. Dan una visión; en última instancia, lo dice el dictamen, será la Justicia la que decida si está bien o mal aplicado”.
Una vez más, manifestó los conceptos ya vertidos sobre el titular del deliberativo: “Sergio Rosa defiende a una corporación cerealera. Está haciendo lobby y campaña política”, disparó.
Para Monfasani, “es una falta grave que el Presidente de todo el cuerpo no haya llamado a los presidentes de bloque para explicarles cuál era el dictamen del Tribunal de Cuentas para hacer un análisis primero antes de salir a dar una conferencia de prensa” y consideró que atacó incluso a sus correligionarios, que también votaron la ordenanza cuando fue sancionada: “Los trató a todos por estúpidos”, afirmó.
Para Rosa, “sería una torpeza del deliberativo seguir insistiendo con esta ordenanza” y lo que se podría hacer es “generar una playa municipal y cobrar por el uso de esa playa”.