El Tribunal de Cuentas “marca la cancha” para la transición

Mientras en San Pedro la transición entre el gobierno saliente de Fabio Giovanettoni y el entrante del electo Cecilio Salazar tuvo esta semana reuniones en Obras Públicas y Desarrollo Social, los temas económico financieros siguen en el tope de la agenda, con el Presupuesto 2016 como eje (ver página 4) y una resolución del Tribunal de Cuentas que advierte sobre lo que debe suceder en ese proceso y, sobre todo, lo que no debe suceder.

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El organismo que controla las finanzas de los estados municipales entendió que es necesario asegurar el examen de las cuentas para generar las mejores condiciones de traspaso de mando y en resguardo del erario.
En muchos municipios de la provincia comenzó a verse una situación preocupante, de la que el Tribunal de Cuentas tomó nota: “Nombramientos masivos de personal, aumentos salariales desproporcionados y aumento de deuda, medidas todas que ‘a priori’ podrían afectar el equilibrio fiscal, comprometiendo las finanzas municipales”, dice en su resolución.

No sólo eso. También advierte que trascendieron “hechos que podrían constituir desguace del patrimonio municipal, cuyas consecuencias podrían implicar eventuales responsabilidades penales de los agentes y funcionarios involucrados” y situaciones de “corte en la prestación de servicios públicos municipales que afectan la vida cotidiana de la ciudadanía”.
Ante todo ello, las medidas tomadas por el organismo pretenden prevenir irregularidades y “brindar las condiciones para que el proceso de sucesión de responsabilidades se dé en un contexto de transparencia y confianza”.

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La situación local

El Gobierno del interregno que tomó Fabio Giovanettoni cuando Guacone renunció tras pedir dos meses de licencia, que entregará el mandato el 10 de diciembre, comenzó a reunirse con los referentes de Salazar luego del primer encuentro entre el intendente saliente y el entrante.
Los primeros en hablar fueron los del “equipo económico”, que solicitaron una gran cantidad de información al

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Ejecutivo en ejercicio del poder para empezar a delinear las decisiones que deberá tomar para paliar la crisis.
Mucha de la documentación requerida en esa ocasión forma parte de lo que el Tribunal de Cuentas estableció que debe ser entregado en un acto formal con acta detallada y rúbrica de los participantes.

En San Pedro, una de las preocupaciones mayores vinculadas a lo que señala el organismo es el tema del personal. Al menos desde el Concejo Deliberante hubo reclamos constantes al respecto y en las últimas semanas dos de los cuatro sindicatos reclamaron formalmente por el tema.

Por un lado, ATE elevó una nota en el Concejo Deliberante donde advierte que podría haber habido nuevos nombramientos post elecciones Primarias y señala que afiliados suyos informaron sobre la presunta recategorización y entrega de bonificaciones, todo como “pago de campaña”.

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Por el otro, el Sindicato Único de Juan Cruz Acosta fue a reclamar por un incremento en el premio por conducción que recibieron quienes manejan maquinarias viales, ya que había algunos choferes beneficiados y otros “olvidados”.

Uno de los últimos acuerdos con sindicatos que hizo el Ejecutivo fue con el de Acosta pero por el conflicto con los médicos de la Guardia, que no tributan a Cicop sino al SUTM. Allí se dispuso el pago de una bonificación por viáticos para cada profesional, de acuerdo a la distancia que debe recorrer para venir a trabajar a San Pedro, y el compromiso de la apertura de concursos.

De hecho, el Gobierno de Giovanettoni publicó la semana previa a las elecciones Generales que consagraron a Salazar un llamado a concurso para cubrir nueve cargos en el sistema de salud: un kinersiólogo, un asistente social, un psicólogo, un traumatólogo y cinco médicos.

Ello implica el ingreso a planta permanente, es decir nuevos nombramientos, a pesar de que los “concursos” tienen como destinatarios a profesionales que revisten carácter de temporario.
Además, como advirtió La Opinión la semana pasada, otros sindicatos pidieron de manera formal y no tanto recategorizaciones, premios y bonificaciones para afiliados suyos, a poco de terminar el mandato del Gobierno actual.

No sólo los sindicatos. Dentro del propio gabinete hubo quienes pidieron por “reacomodos” de último momento para algunos empleados que colaboraron en la campaña electoral y no habría faltado la propuesta de pase a planta de algunos temporarios y el pedido de jornalizar a algunos de los cientos que cobran vía decreto de ayuda social con contraprestación de trabajo.

Esos últimos, precarizados que no tienen estabilidad alguna, que cobran por debajo del salario mínimo vital y móvil, suelen trabajar a la par y a veces más que los que están en planta, al menos en determinadas áreas.
Entre ellos, Salazar recibirá a los del Estacionamiento Medido, los de la Panadería Envión y los que cobran a través del Plan de Recuperación de la Ribera. Son los menos beneficiados y, como suele decirse, la parte más delgada del hilo.

Todo ordenadito

El Tribunal de Cuentas recomendó que en cada municipio se cree un “ámbito formal de trabajo e intercambio de información entre las autoridades municipales salientes y entrantes”. Como sucedió en San Pedro desde las primeras reuniones entre Salazar y Giovanettoni, pero con un grado mayor de formalidad para que quede expresada la “toma de conocimiento de documentos y actuaciones que demuestren el estado actual de la administración local a transferirse, que permitan definir posibles y/o necesarias acciones futuras a implementarse”.

En ese sentido, el organismo señaló que en el marco de las transferencias de competencias y funciones debe labrarse un acta en la que conste fecha y lugar, con la participación de los funcionarios salientes y entrantes, y la presencia del Contador y el Tesorero municipal.

Allí deben dejar constancia de los fondos existentes en Tesorería y cuentas bancarias; el estado de los recursos, con el monto recaudado hasta el 10 de diciembre; el estado de ejecución del presupuesto de gastos, con lo autorizado a gastar, los compromisos efectuados, los gastos devengados, los pagos, las deudas y el saldo disponible en cada inciso y partida.

También deberían detallar todas las deudas municipales; el estado del inventario general; la nómina de autoridades, con las modificaciones acaecidas en el ejercicio; el listado del total de agentes municipales, con fecha de ingreso y situación de revistas.

Por otra pare hay que confeccionar una lista de causas judiciales contra la Municipalidad y el estado en que se encuentran; así como los expedientes administrativos que están en trámite hasta el momento. 

El Tribunal advirtió que el Gobierno saliente no podrá emitir ningún cheques de pago diferido que excedan la de finalización de su mandato y dio autorización a los auditores a intervenir e inspeccionar las oficinas municipales que administren fondos para tomar las medidas que fueran necesarias.

Nueve acomodos de último momento

El concurso de nueve profesionales para el área de Salud descriptos en esta página ya tendría nombre de los ganadores.

La psicóloga sería Paola Vaccari, buena colaboradora de las últimas gestiones. La asistente social, Florencia Cuesta, actual funcionaria política y excontratada del Ministerio de Alicia Kirchner.

La médica para Santa Lucía, Yamila Marich, directora política de ese Hospital; para Gobernador Castro, Roberto Escalzo, otro director político.

Para la Guardia, los nombres serían Juan Oberse, delegado sindical del Sindicato Único (el famoso “despertate, Juancito” de los audios por Whatsapp); Soledad Gómez, una de las sumariadas por irrumpir en el despacho del intendente;  Emanuel Piombetti, también afiliado al SUTM; y Renata Agazzi, esposa del exdirectorl del Hospital Pablo Picchioni.

Por lo visto, un concurso “muy transparente” que premiaría el acompañamiento político.