El trabajo esclavo tiene actores locales y pérdidas para el municipio

La olla del trabajo esclavo fue tardía y oportunamente destapada y las situaciones se reproducen en la provincia y la región. En general, suelen ser casos resonantes por las empresas involucradas, como las multinacionales Nidera, Southern Seeds y Status Ager. Sin embargo, durante la semana pasada, los operativos de Uatre en la zona rural del partido de San Pedro dieron como resultado dos infracciones labradas a pequeños productores locales de guinea.
Uno de ellos tuvo lugar en Santa Lucía, caso que surgió luego de que siete trabajadores abandonaran el campo donde trabajaban para el productor Oscar Alfredo “Cachi” Martínez. El procedimiento realizado en dos viviendas de Santa Lucía arrojó como resultado las mismas condiciones halladas en otros operativos positivos.
Se trata de veintiséis santiagueños que estaban alojadas en dos casas alquiladas por Martínez. Una en pleno centro de Santa Lucía, semiabandonada, con goteras en el techo que inundaban las habitaciones, sin heladera, cocina, baños en malas condiciones y decenas de colchones distribuidos en el piso. La otra, más alejada, tenía además un viejo colectivo abandonado cubierto por un nylon donde dormían los golondrina. Además, ninguno estaba registrado como trabajador y la paga era mucho menor a la que corresponde por ley.
En otro campo cercano a Doyle, en el camino que conduce a Ingeniero Moneta, diez trabajadores oriundos de Gobernador Castro estaban en las mismas condiciones, en una casa semiabandonada con una conexión de electricidad más que precaria, que representaba serios riesgos para los habitantes, quienes se bañaban con una manguera en el pasto, cuya agua salía de una retrobomba enchufada con un alargue con cables pelados.
El productor Alberto Regueiro se hizo presente en el Ministerio de Trabajo y acordó pagar los días trabajados por los empleados, los registró como corresponde y continúa con la campaña de guinea, trasladándolos todos los días desde Gobernador Castro hasta el campo y de regreso al final de la jornada.
Con Martínez la situación fue más compleja, ya que el productor fue reticente a cumplir con sus obligaciones, al punto de que analizaba organizar una marcha en Santa Lucía para defender sus intereses. Horacio Neyra, Secretario General de Uatre San Pedro, informó que “luego de que se presentara su socio, de apellido Morosini, hubo un acuerdo. Una cuadrilla de once trabajadores regresó a Santiago del Estero y cobró lo que le correspondía”.
El resto fue registrado para continuar las tareas y además Uatre facilitó a unos quince trabajadores más para que realicen el trabajo que resta en el marco del corte de guinea en ese campo.

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Oídos sordos
Desde que Uatre presentó al intendente Guacone su pedido para que pongan en marcha las inspecciones a las que obliga la Ordenanza 3.953 que regula el transporte y albergue transitorio para el trabajo rural no hubo demasiadas respuestas al respecto.
Según informaron desde el gremio, el único que se acercó para interiorizarse fue el concejal de Unión Pro Carlos Casini, que supo tener muy buena relación con Uatre, hasta que se produjeron algunos cortocircuitos que los distanciaron.
El resto de los concejales o funcionarios del Ejecutivo no tuvieron ninguna comunicación, a excepción del Secretario de Producción Norberto Atrip, quien llamó a Neyra para conocer la situación del productor santalucense Oscar Martínez, a quien llaman “Cachi”, como a él.
En el municipio hay quienes señalan que a la ordenanza “le falta la reglamentación” y que “no está claro quién debe inspeccionar”. Sin embargo, el texto de la normativa dice claramente que “las transgresiones a las disposiciones emergentes de la presente Ordenanza, serán penalizadas por la Dirección de Tránsito y Transporte e Inspección General”, hoy Subsecretaría de Control y Defensa Civil, a cargo de Raúl Manchone.
Además, señala que para utilizar albergues transitorios, los productores deben solicitar habilitación “ante la Dirección de Obras del Municipio”, que quienes no cuentan con habilitación “se abstendrán de contraer mano de obra foránea sin el correspondiente certificado expedido por la Secretaria de Salud y Acción Social de que dichos trabajadores, previa inspeccion in-situ, habiten en viviendas o albergues privados”.
Indica también que “los albergues transitorios para trabajadores rurales recibirán periódicamente inspecciones técnicas funcionales y de salud e higiene por parte de Asistentes Sociales y Personal Profesional”.
Por lo tanto, la ordenanza involucra varias dependencias municipales que deben velar por las buenas condiciones de habitabilidad para trabajadores golondrina.
Amén de lo que implica para los trabajadores, quienes al menos ahora tienen la protección del Ministerio y del gremio, que se pusieron a trabajar en lo que les compete, la falta de participación activa del Municipio significa una merma de recursos que podrían ingresar a las arcas públicas por las multas correspondientes, que también están fijadas en, por ejemplo, 50 litros de nafta súper a valor surtidor por cada trabajador.
Sólo del operativo en el campo de Nidera, el Estado hubiese recaudado más de 20.000 pesos.

El mito de
“los más guapos”
Ante la aparición de los procedimientos y el conocimiento público de una situación que se vive desde hace muchos años sin que se movilicen demasiadas voces en su contra, surgió nuevamente el mito de que los norteños tienen más y mejor capacidad para realizar este tipo de trabajo y que son “menos haraganes” que la gente de la región.
Lo cierto es que la dimensión económica gana lugar frente a ese discurso, ya que un trabajador golondrina de Santiago del Estero, que viene a realizar tareas a la zona frente a las complicaciones laborales propias de su lugar de origen, cobra en negro unos 75 pesos por día por catorce horas de trabajo, paga su propia comida a precios exorbitantes y es alojado en condiciones insalubres.
Ese mismo trabajo, registrado, por la misma cantidad de horas, cuesta 230 pesos, más aportes y cargas sociales. “La intención es netamente económica, no se puede hablar de idoneidad”, dijo Neyra y agregó. “En San Pedro hay muchachos que son buenos trabajadores y dispuestos a poner el lomo, pero hay que pagarles lo que corresponde”.

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Testimonio de un hombre distinto
Un pequeño productor local que tiene guinea accedió a dialogar con La Opinión, con la condición de que no se revele su identidad. La razón: “Después me van a agarrar bronca a mí”.
Su relato cuenta que tiene un grupo de veinte trabajadores oriundos del norte del país que realizan las tareas de cortar, picar, atar, emparvar y cargar la guinea. Todos están registrados y cobran lo que corresponde por ley.
Además, duermen en una casa dispuesta en el campo, con camas, colchones, baño instalado y duchas. El productor explicó: “Hago las compras en el supermercado para mi familia y para ellos. Mi mujer cocina para todos y al mediodía, cuando viene el momento del descanso, almorzamos todos juntos. Duermen un rato la siesta y volvemos al trabajo”. El productor considera a los trabajadores “buenos muchachos, que vienen a ganarse la vida” y señala: “No me gusta que les jueguen, como hacen otros. Ellos vienen a laburar y uno necesita de su trabajo. Entonces, hay que darles lo que corresponde y tenerlos como se debe. Yo trabajo a la par de ellos y eso hace que nos llevemos bien. Ellos contentos y yo también”.

Para Giagnorio hay “estado de emergencia”
“Es todo una historia muy difícil de resolver”, reflexionó el Fiscal Darío Giagnorio respecto a la multiplicidad de casos que aparecen desde que él mismo se puso al frente en la región, donde según manifestó debe haber “más de mil personas en la misma situación”.
“No sé de qué manera le van a encontrar la vuelta, pero cada uno se tiene que hacer responsable por su espacio no cubierto”, indicó Giagnorio, quien señaló que “era esperable que esta situación de crisis se desatara”.
El titular de la UFI N° 6 de San Nicolás expresó que “aquí se ve una violación sistemática de todas las leyes existentes”, y lamentó: “No tenemos sanciones penales por explotación laboral, como en otros países, hay un vacío en la parte penal”. 
Opinó que el Ministerio de Trabajo debería “determinar un estado de urgencia” que permita avanzar sobre los casos y establecer criterios para la resolución de las penosas situaciones que sufren muchos trabajadores rurales. “Hay que seguir trabajando para que las cosas cambien”, afirmó.
Además, sostuvo que estos casos descubiertos en campos de puequeños productores locales “son parecidos, pero diferentes a lo de Nidera: acá hablamos de explotación extrema laboral, más que reducción a la servidumbre”. En ese sentido, dijo que “el doctor Pratti -Juez de Garantías de San Nicolás- está evaluando” los pasos a seguir.

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