El trabajo esclavo de la tercerizadora de Borgo llegó a la Justicia
La Uatre denunció penalmente a la empresa del administrador del Hospital, Safyc S. A., junto a Catanzaro, otra que también terceriza trabajo rural. El gremio realizó inspecciones y detectó irregularidades relacionadas con la violación a la vigente ley de trabajo agrario. Hablaron de la herencia de las cooperativas truchas, de delitos contra la libertad individual y de trabajo esclavo. Borgo prefirió no hacer declaraciones.
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Con el trabajo esclavo nuevamente en el tapete y las vinculaciones de una empresa tercerizadora cuyo presidente fue (en la actualidad es accionista) el funcionario público administrador del Hospital Roberto Borgo, el tema llegó a la Justicia bajo la forma de una denuncia penal presentada por los miembros del sindicato Uatre de toda la región.
Borgo había dicho que él no tenía “nada que ver” con el denominado trabajo esclavo. Lo hizo luego de que este semanario publicara las relaciones de su empresa con irregularidades denunciadas en varias provincias y la sospecha de la presencia en establecimientos de San Pedro y la zona, especialmente en estos momentos en Lima, donde están en plena etapa de la cosecha de arándanos.
La denuncia fue firmada por los representantes de las seccionales de Uatre San Pedro (Cecilio Salazar y Horacio Neyra), Baradero (Lorenzo Cáceres), Gobernador Castro (Orlando Mendoza), Lima (Ramón Lacuadra) y Zárate (José Luis Cáceres), bajo el patrocinio del Dr. Daniel Spirópulos y presentada ante el Fiscal Martín Mariezcurrena. “Lo íbamos a presentar ante Giagnorio y él nos derivó”, dijo Salazar a La Opinión.
Las empresas y el delito
El texto denuncia penalmente por “delito contra la libertad individual y de trabajo esclavo” a las personas legalmente responsables de las empresas Safyc S. A., la de Roberto Borgo, y Catanzaro Group Outsourcing SRL, uno de cuyos referentes es Adalberto Martín Peppo (quien apareció entre las “incorporaciones” en la conducción de Coplac junto a Víctor Hugo Ríos en un documento interno de la fábrica que luego dijeron fue “un error”).
Las dos empresas tienen domicilio en San Pedro y según señala la denuncia “tienen como actividad la de contratistas de mano de obra agrícola y obtención y dotación de personal”. Salazar las calificó como “herederas” de las llamadas “cooperativas truchas” que tanto proliferaron en los 90’ y que luego mutaron en este tipo de firmas tercerizadoras, incluyendo a los cabecillas de aquellas.
El gremio advirtió que el artículo 15 de la ley 26.727, de trabajo agrario, que con extrema claridad dice: “Se prohíbe la actuación de empresas de servicios temporarios, agencias de colocación o cualquier otra empresa que provea trabajadores para la realización de las tareas y actividades incluidas en la presente ley y de aquellas que de cualquier otro modo brinden servicios propios de las agencias de colocación”.
Relato de golondrina
En la declaración testimonial dejaron constancia que en el marco de inspecciones realizadas en diversos campos de San Pedro y la zona pudieron “constatar la presencia de trabajadores rurales provenientes de Santiago del Estero y otras localidades del norte del país”. Estos trabajadores contaron que en sus ciudades de origen les ofrecían trabajo en el arándadano “prometiéndoles 300 pesos la jornada”, aunque en realidad les pagaban “la suma de setenta pesos por día”, mientras el jornal mínimo está en 140 pesos. Los golondrina relataron que fueron “trasladados a esta zona en micros contratados por los denunciados, sin decirles ni saber cuál sería con exactitud el lugar de destino”, una clara modalidad de la reducción a la servidumbre.
La Uatre se comprometió a entregar las actas de inspección ante la Justicia; de la misma manera, pidieron al Fiscal que solicite las suyas a la Delegación local del Ministerio de Trabajo, que también tomó parte en la tarea de control.
Salazar volvió a destacar la necesidad de que haya mayor presencia del Estado para hacer inspecciones preventivas que impidan este tipo de explotación laboral.
Borgo no habla
Ante la denuncia, y luego de que él mismo señalara que no tenía nada que ver con este tipo de prácticas, La Opinión intentó comunicarse con el funcionario del gabinete del intendente Pablo Guacone involucrado en el tema. El administrador del Hospital Roberto Borgo prefirió no hacer declaraciones ante la presentación judicial o las palabras vertidas en La Radio por Cecilio Salazar.
“Yo al tema ya lo tengo terminado. Lo que tengan que hacer que lo hagan”, dijo ante la consulta de una periodista de este Semanario. Luego, en breve intercambio de mensajes con otro trabajador de este medio agregó: “Del tema yo no voy a hablar, a finales de diciembre estoy desvinculado totalmente de la empresa”.
Diciembre recién empieza y las denuncias en contra de su empresa suman aquí y en otras provincias. Incluso tiene, nuevamente, juicios de trabajadores, como el caso de Juan José Roldán, que alguna vez fue anotado como miembro de la cooperativa que presidía Borgo denominada Las Lomitas y que luego fuera un simple empleado administrativo que hoy debe reclamar por manejos oscuros de los que fuera víctima. Consultado por La Opinión, Roldán sólo dijo que “el tema se resolverá por las vías judiciales” y prefirió no profundizar la cuestión.
