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miércoles, junio 23, 2021
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El testimonio de Donatti en la causa Saint Amant

El exintendente de facto declaró en diciembre pasado en su casa, en el marco de la megacausa por la comisión de delitos de lesa humanidad, que juzga los crímenes cometidos en la zona. En exclusiva, La Opinión presenta lo que le dijo a jueces y fiscales, como testigo. “Nunca tuve conocimiento”, señaló para luego agregar que “el coronel Graselli” era quien “estaba al tanto de todo”.

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Los jueces Ricardo Vázquez y Otmar Paulucci junto al actuario Osvaldo Facciano tomaron declaración testimonial en su vivienda particular al exintendente de San Pedo durante la dictadura cívico militar, Eduardo Luis Donatti, el 23 de diciembre pasado, en un hecho sin precedentes en el marco de los juicios que, desde el advenimiento de la democracia en 1983, buscan echar luz e impartir justicia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 1976.
Su declaración fue como testigo en el marco del proceso que juzga los hechos que tuvieron la jurisdicción del Batallón 601 de San Nicolás, a cargo del Coronel Fernando Saint Amant, cuyas audiencias tuvieron lugar en Pergamino y San Pedro, y atraviesan su última etapa desde principios de febrero en la ciudad cabecera.
Eduardo Donatti, de 88 años, ejerció la intendencia municipal en lugar de su propio hermano, Hugo sucesor del fallecido “Peludo” Giménez, depuesto por la dictadura, y fue convocado como testigo luego de que víctimas y familiares lo nombraran en el marco del relato de sus padecimientos como detenidos ilegales. Como su estado de salud es endeble, no asistió a las audiencias públicas celebradas en el Salón Dorado de la Municipalidad, sino que el Tribunal le tomó testimonio en su casa de calle Salta,  la que fue filmada por un equipo de la Universidad del Noroeste (Unnoba), con la presencia del Fiscal ad hoc Federico Reynares Solari.
El Fiscal le preguntó qué cargo ocupaba en julio de 1977 y Donatti respondió: “Era intendente; no recuerdo los años, pero era intendente” y relató su designación: “El coronel Graselli me vino a pedir si quería y bueno, eso es todo”.

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No sabía pero supo
A Donatti el fiscal le preguntó por cada uno de los sampedrinos detenidos durante los años en que ejerció el Poder Ejecutivo por designación militar. La parte más importante respecto de su grado de conocimiento de las atrocidades cometidas por la dictadura surgió cuando le preguntaron sobre Julio Pheulpin, sobre quien dijo: “Ese era nombrado”.
Reynares Solari fue al grano y le preguntó lo que víctimas y testigos reclamaron durante las audiencias desarrolladas en San Pedro: si durante su gobierno tuvo noticias de que en San Pedro detuvieran o desaparecieran personas.
“En absoluto, nunca tuve conocimiento. Con la actividad que tenía en ese momento no podía saber”, fue la respuesta de Donatti.
El exintendente de facto dijo que “no tenía idea” sobre lo que sucedía aunque agregó: “En esto no me metí para nada, porque yo creí que era una guerra”.
En ese marco se explayó sobre los reclamos que surgieron en las audiencias, cuando familiares de víctimas señalaron que no los atendió en ocasión en que fueron a pedirle por sus parientes detenidos ilegalmente.
“Una noche a los gritos llegó un grupo de mujeres pidiendo por mi nombre. Yo dormía porque viajaba a Buenos Aires. Mi señora no me quiso despertar y al día siguiente me avisó. Querían que yo soltara a un marido que no sé quién es”, recordó.
“Al decirme eso, me puse en movimiento. Al militar que tenía de amigo, que era Graselli, lo fui a ver y no estaba, y dije de ir al día siguiente. Fui al tercer día y lo encontré. Hablé con él mucho, porque estaba al tanto de todo. Yo no sabía nada. Hablé con él y me dijo que iba a ser informado. Yo dos por tres le preguntaba y me decía ‘estamos en eso’. Después yo me enfermé y ya no supe más nada”, declaró.

La memoria de Donatti
“Yo fui amigo de todos los policías, comisarios, pero conocerlos de vista…”, dijo sobre el efectivo de la Bonaerense sampedrino juzgado en la megacausa, Daniel Fernando Quintana, de quien reconoció el apellido aunque no el nombre.
El exintendente de la dictadura respondió sobre los detenidos sampedrinos y sus familiares. Dijo que conocía a Naico Brambilla porque lo había empleado “en el Estadio de educación física”. Sobre Ricardo Montalvo dijo que tuvo relación “cuando lo despidieron del banco” porque “vendía paseos”, que compró para hacer con su esposa.  “También se empleó en una actividad similar y fui a saludarlo. Nunca me habló de nada. Nunca tuve problemas con él, me atendía perfectamente”, agregó.
Sobre Juan Manuel “Gina” Díaz sólo dijo “no lo conozco”. La misma respuesta dio cuando lo consultaron sobre Oscar Omar Hoffer. De Florencio Gamarra dijo haber escuchado nombrar el apellido pero que no sabe “lo que hacía”.
De los hermanos Pheulpin, indicó que a Julio “lo he sentido nombrar cuando empezó este asunto, antes no”; mientras que a Carlos lo conocía por ser “carpintero o algo así. Sobre Juan Carlos Reynoso, dijo: “Un Reynoso había, no lo conozco”.
En cuanto a las noticias que se publicaban en la época extrañamente Donatti dijo desconocerlas. Así se desprende de su declaración al momento en que fue consultado sobre si solía leer los ejemplares de El Imparcial en 1977. “A veces lo leía porque llegaba a la Municipalidad. Yo le daba poca pelota”. Aun así, reconoció una solicitada que salió en el histórico semanario local. “Por lo que sale en la nota, son las mujeres que habrían venido a mi casa”, dijo. Allí, las esposas de los cinco detenidos reclamaron públicamente por las irregularidades en las detenciones de los hombres, llevados de noche a San Nicolás, con el rostro cubierto y que fueron torturados.

Murray en reemplazo de Nisman
El Fiscal Federal Juan Patricio Murray, quien investigó los delitos de lesa humanidad cometidos en la región, fue nombrado la semana pasada como coordinador de la Fiscalía Especializada que investiga el atentado a la sede de la Amia en 1994, que tenía a su cargo el fallecido Alberto Nisman.
Murray fue Fiscal Federal de San Nicolás, por lo que atendió muchísimas causas sampedrinas. Entre las más importantes se recuerdan las de la contaminación de Papel Prensa; la construcción del barrio San Francisco; y la imputación a productores rurales y políticos locales y nacionales por un corte de ruta durante el  “conflicto con el campo” de 2008.

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