El silencio de los inocentes “salva el millón” de la Ong Dignidad

Pasan las semanas y sigue el misterio en torno al millón doscientos mil pesos que el Ministerio de Agricultura entregó a la asociación civil Dignidad por San Pedro, vinculada a Daniel Monfasani y al PJ local, que preside Juan Diego Basaldúa e integran miembros de la Juventud Peronista.
El acceso a la información respecto del dinero público que maneja esta ONG es difícil ya que desde esa organización de la sociedad civil son reticentes a brindar detalles luego de las repercusiones que tuvo la nota que su presidente ofreció a este semanario para explicar el origen y el destino de los fondos, aunque someramente.
Los que se animan a contar algo lo hacen en estricto off the record y también retacean información. La Opinión pudo averiguar que de los más de ochenta beneficiarios entre los que se distribuirá el millón para emprendimientos productivos de agricultura familiar varios comenzaron a cobrar esta semana. Para ello debían ir al Banco Nación con su DNI y el documento con sello del Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) que les dieron en la reunión del sábado 12 de noviembre.
Ante la consulta de este semanario, Juan Diego Basaldúa prefirió no responder y argumentó que lo hará “donde corresponda, que es en el Ministerio”, y sólo dijo que “va todo bien”.
De la misma manera que el listado de productores que recibirán subsidio no se hace público, tampoco aparecen los proyectos y los emprendimientos que esos beneficiarios quieren desarrollar o ya desarrollan, que es el destino del dinero que recibieron, reciben o recibirán a través de Dignidad por San Pedro.
“Es para emprendimientos productivos, ayuda económica, algunos proyectos a iniciar y otros iniciados”, había explicado Basaldúa y como todo detalle había precisado: “Los subsidios son para emprendimientos productivos ligados a lo que es la producción en la zona nuestra, hay algunos rubros que se amplían, no sólo es para agricultura y ganadería. Es para solventar y apoyar la actividad productiva de acuerdo a los fines sociales de la ONG”.
Algunos de los que completaron las planillas del Renaf dieron cuenta, sin demasiados detalles, que sus proyectos estaban relacionados con animales de cría (gallinas, cerdos).
Desde ese organismo informaron a La Opinión que ellos sólo son “el registro” y que no efectivizan subsidios o políticas de agricultura. “Lo que hace este organismo es posibilitar la información para realizar las políticas del sector”, señalaron. En efecto, el Renaf tiene como objetivo que los agricultores familiares se inscriban para regularizar su situación con el fisco y acceder a eventuales beneficios que se desprenden de las políticas que impulsa el Gobierno nacional en ese sentido.
La dependencia del Ministerio que conduce Julián Domínguez que tiene a cargo este tipo de procesos es la Subsecretaría de Agricultura Familiar, cuyo titular es el ingeniero Guillermo Martini, exfuncionario del Inaes y miembro activo de las agrupaciones políticas kirchneristas C.a.n.p.o (Corriente Agraria Nacional y Popular) y de Kolina, la agrupación que lidera Alicia Kirchner y que creó junto a su asesor sampedrino Elvio Macchia, fallecido hace poco. También supo ser consultor del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y es señalado como un “especialista” en el área que ocupa.
Desde ese organismo prometieron a este semanario informar respecto de cómo son los mecanismos de desarrollo de las políticas de agricultura familiar, su implementación en las ciudades del interior y la articulación con las asociaciones civiles como la que preside Basaldúa.
Tal vez sean los beneficiarios quienes expongan sus proyectos para saldar dudas que circulan desde el día en que se conoció la noticia o los que esperan ayuda para sus proyectos y no la reciban los verdaderos voceros del “millón”, que no es el de Susana Giménez.

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