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jueves, noviembre 26, 2020

El robo a la inspectora que dejó al desnudo el mecanismo de recaudación de la balanza

Una cuantiosa y poderosa caja se maneja a diario en la balanza de pesaje donde sólo los camiones areneros y esporádicamente alguna otra carga pagan el canon que fija la ordenanza fiscal impositiva. El 26 de diciembre a las 22.00 una empleada retiró 430.000 pesos y poco después de la medianoche fue asaltada por motochorros que se llevaron la mitad de esa recaudación sobre la que el gobierno no pudo responder.

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La noticia era el asalto y la discusión más entretenida el monto que los delincuentes le habían arrebatado a la empleada municipal Carolina Moré en las primeras horas de la madrugada del 27 de diciembre. La repercusión duró el tiempo necesario, desde el jueves cuando La Opinión web publicó la noticia hasta el sábado cuando en Sin Galera, el Secretario de Gobierno, Silvio Corti, se vio obligado a explicar “el mecanismo” de recaudación de una caja que desconocía hasta que su par de Seguridad, Eduardo Roleri, le hizo saber lo sucedido aquella noche, tras las tres horas en las que el dinero viajó a bordo de un Volkswagen Bora que manejaba la inspectora responsable de trasladarlo para efectuar la rendición a la Tesorería Municipal. Se dice que una noticia dura poco cuando su impacto es sólo el indicio de un hecho que se ocultó durante siete días pese a que estaba radicada la denuncia en sede judicial y en manos de la Fiscalía de la Dra. Viviana Ramos.

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Es que a menos que alguien de peso solicite expresamente que no se revele un episodio delictivo para colaborar en la investigación, todo se conoce cada día cuando el parte policial llega a manos de los periodistas.

Por qué motivo el gobierno no quiso que se sepa que le habían birlado parte del dinero de una recaudación que se acumuló de manera inexplicable tiene varios ribetes y por qué en pleno 2020, sin más documentación que tickets impresos y un sello, el municipio cobra de manera discrecional un canon con ribetes de peaje y cuentas de verdulería, es la mayor incógnita.

Roleri se sintió sumamente incómodo y sus respuestas fueron esquivas cuando los periodistas le preguntaron tras la conferencia de prensa del cambio de autoridades en el área de Inspección por el monto de dinero que se habían llevado los delincuentes. Durante toda la jornada repitió “no es esa la suma de dinero que faltó” y “tenemos plena confianza en la inspectora”. Los motochorros que, según refieren, fueron captados por una cámara de seguridad del barrio se llevaron una mochila con 200.000 pesos y dejaron la que estaba en el asiento trasero del rodado que contenía 230.000. Al menos eso es lo que reza el relato de aquella madrugada en sede policial que se guardó bajo siete llaves. En el concurso de coincidencias también se sumó la renuncia que se le pidió a Ángel Burgos el viernes 27, tal como se publica en otra nota de esta edición.

Lo que nadie pudo precisar siete días después de cometido el ilícito es a cuántos días, a qué tickets, en qué resumen y cómo se produjo la acumulación de los billetes que se guardan en la cabina de pesaje de la balanza. Ni el Director de Rentas ni el Secretario de Gobierno pudieron informar qué suma faltaba rendir y desde cuándo no se liquidaba. De hecho, el contador Hernán Abatángelo, celoso custodio de los dineros públicos, se mostró sorprendido cuando conoció la noticia y al igual que cada vez que “las papas queman” como sucedió recientemente con los errores en la confección del presupuesto 2019, pronunció su frase más frecuente: “No es mi responsabilidad”.

En tiempos de Mario Sánchez Negrete, Sergio Rosa y Martín Pando en la oposición a Pablo Guacone o Fabio Giovanettoni, semejante escándalo le hubiese valido una comisión investigadora con interpelación incluida al Jefe Comunal.

Esas balas no le entran al elenco de Cambiemos, haber reparado y reconstituido las finanzas municipales ha logrado blindarlos como para continuar sin responder sobre hechos que han mellado y mucho la reputación de “transparentes” con la que ganaron las elecciones en 2015. Una sumatoria de torpezas incalificables fueron escondidas bajo la todopoderosa conducción de Cecilio Salazar que suele sostener en la adversidad desde un Secretario de Modernización que dijo ser abogado y no tenía título a un Secretario de Producción que sólo produce para su beneficio, sin omitir en la lista al “Príncipe de los Reintegros”, Jonathan Galván, que aún con su accionar tramposo fue premiado con un cargo en la eterna guarida del Concejo Deliberante donde aún se desempeña. Hay más postulantes en la lista que los mendicantes integrantes de la alianza de gobierno utilizan para denostar a Salazar en sus reuniones y ensalzarlo cada vez que logran arrancarle un nuevo cargo en la planta permanente o un espacio en algún área como ha sucedido tras las elecciones. Cada tanto preguntan a la prensa si publicarán algo del “chofer pirata” o de la “narcodocente”, con el que se refieren a Leonardo Macelli y a Silvina Sampol.

Qué tiene de particular el “el mecanismo”
Relativizar la importancia de la administración de dinero público, malgastarlo o sentir que se tiene derecho al “dale que va” con el que, por ejemplo, actúan los concejales cuando no se les escapa ni la más mínima mueca frente a una profesora de historia que les hace pasar vergüenza no solo por lo que cobran sino por la holgazanería de la que hacen ostentación, conlleva necesariamente a la subestimación de la representación política. Quienes así actúan, desprecian las consecuencias porque la población no se interesa ni participa y seguramente volverá a votarlos.

Así, mientras se pueda se les cobra a los que pagan. Porque los que pagan son los que los mantienen. En la balanza a los camiones areneros, en las tasas son los que pagaron siempre, en los comercios los que tienen un local a la calle.

Desde el minuto uno y pasada la sorpresa por el robo a la agente municipal, La Opinión comenzó a buscar comprobantes de los pagos que los choferes de camiones deben entregar a quien esté de turno en una balanza que se alquila a un particular para “controlar” que no salgan con sobrepeso. La ordenanza que fija el canon es clara, debe aplicarse a las “cargas de bienes”, pero como bien señalaron es solo “para los que pasan por ahí”. El resto no abona. Los de cereal que llegan al puerto o los de frutas o los de azúcar que fueron los más sorprendentes porque muchos imaginaron que en los 430.000 estaban los de la operatoria que culminó precisamente para esa fecha.

Quien paga y quien no, es a discreción y también es a discreción cuánto pagará ya que el intendente se reserva para sí la potestad de reducir el monto como sucedió durante el 2019, cuando se había establecido en más de 600 pesos y tras la queja de los empresarios que ven subir sus costos de manera desmedida y el tráfico que se redujo cuando el puerto se quedó sin operatoria, lograron que sea de 200 pesos “redondos”.

En tickets elegidos al azar, se puede constatar que la numeración no es correlativa y que hasta es probable que cada empleado utilice un talonario distinto. Cómo hacen para responder sin sonrojarse que “la empleada lo lleva al banco” y después “se rinde en tesorería”. No hay respuesta coherente cuando siete días después se les pregunta “y cuando era a última vez que habían rendido?” o la más simple “a cuántos camiones corresponde esa cifra”.

No sabe, no contesta
Con buena cintura y mejor discurso Silvio Corti asegura que van a revisar estos procedimientos administrativos y que la investigación sobre la conducta de la empleada que paseó el dinero cerca de tres horas en su auto con destino a su casa está en marcha. En un país donde 400.000 pesos pueden ser 8000 dólares un viernes y 6300 un lunes a cotización oficial es sumamente tentador contar con efectivo para lo que comúnmente se llama “la timba”.

Un hecho similar al que se produjo ahora con “el mecanismo” se registró en medio de un escándalo cuando faltaron 10.000 pesos en 2014 de la Delegación de Santa Lucía desde la que también se trasladaba el dinero en una cajita con billetes.

En una ciudad donde los controles son tan laxos, el contribuyente ya ni hace preguntas porque para todo hay un “no sabe, no contesta” como ya ocurrió una vez cuando de la noche a la mañana la ciudad se enteró de que había un empleado denunciado penalmente por dar de baja deudas de contribuyentes en aceitadas maniobras de las que también participaban algunas inmobiliarias. Ha pasado casi un año y no hay quien sepa ni conteste.

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