El respaldo a la emergencia pone en manos del Intendente la reasignación de empleados
El reclamo de sindicatos y la advertencia de concejales del oficialismo y la oposición obligaron a Salazar a revisar el proyecto de ordenanza para hacer las modificaciones que permitan aprobar la declaración de emergencia. Su hijo Ramón es el encargado de la generación de consensos. Reformularán los artículos que podrían derivar en reclamos judiciales al otorgar al Ejecutivo capacidad discrecional sobre los empleados.
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La declaración de emergencia económica que envió el Gobierno de Cecilio Salazar al Concejo Deliberante la semana pasada tuvo inmediatos reclamos por parte de los sindicatos, que entienden que hay artículos que ponen en riesgo sus derechos al otorgar capacidad discrecional al intendente respecto de los empleados, sobre todo en materia de reubicación y de quita de bonificaciones.
A la voz de alerta de los sindicatos se sumó la de algunos concejales. Primero desde la oposición y luego también desde una parte del bloque Cambiemos, hubo puntos que no convencieron y se lo hicieron saber al Jefe Comunal.
Un diálogo entre Salazar y Barbieri permitió un acercamiento, luego de que en el Concejo Deliberante se produjeran diversas reuniones informales, que tuvieron corolario en el recibimiento que hicieron a los gremialistas, por separado, el Secretario de Gobierno Silvio Corti y el de Economía Mario Sánchez Negrete.
Allí les explicaron los alcances de la medida, algo que iban a hacer ante los concejales en plenario de las comisiones de Peticiones y Presupuesto, reunión suspendida hasta nuevo aviso ante un viaje de los representantes del Ejecutivo a La Plata, donde los recibieron funcionarios del Gobierno de María Eugenia Vidal.
La emergencia económica es parte de las medidas necesarias para que Provincia envié unos 20 millones de pesos que darían un respiro importante a Salazar para el comienzo de 2016, tal como se expone en la página 3 de esta edición.
Puntos en conflicto
Dos son los artículos que llamaron la atención de quienes tienen experiencia en la administración pública municipal y que pusieron en alerta a los sindicalistas, que se ocuparon de que sus representados tuvieran cabal conocimiento del texto.
Al artículo 7 faculta al Ejecutivo a “disponer la restructuración general o sectorial de dependencias pertenecientes a la Administración Central o Descentralizada. Podrá reasignar el destino del personal, disponer su rotación o reubicarlo, incluso en agrupamientos distintos al que se encuentra”.
Los cuatro sindicatos coincidieron en la apreciación: el Concejo Deliberante no podría legitimar con una ordenanza la potestad del intendente de que un empleado técnico sea enviado a trabajar en servicios. “Sin desmerecer”, dijeron y aclararon: “No se puede dejar por escrito que se autoriza a cambiar de agrupamiento a un empleado”.
Durante las reuniones primero y en los medios de comunicación después, los funcionarios del Gobierno aseguraron que de ninguna manera iban a suceder cosas como las que se ejemplificaron de manera extrema, como la posibilidad de que un profesional sea enviado a cortar el pasto. Aun así, los sindicalistas pidieron que esa certeza quede expresada en el cuerpo de la ordenanza.
El otro punto en conflicto es el artículo 10, que faculta al Ejecutivo a “suspender durante la emergencia, en forma total o parcial, el derecho a percibir todo tipo de bonificaciones, adicionales o compensaciones”.
El tema es conflictivo desde hace tiempo y fue La Opinión quien lo puso en debate en sendas investigaciones en las que dejó expuesto que en San Pedro había un verdadero “festival de bonificaciones” otorgadas por los sucesivos gobiernos y de dudosa justificación.
Los miembros de las comisiones directivas de los sindicatos son, en su mayoría, beneficiarios de estas bonificaciones, entre las que figuran alrededor de 150 personas con “premio por conducción”, cuando en muchos casos no conducen más que un puñado de representados. Otro de los casos es el de la “dedicación exclusiva” que se les paga para dedicarse tiempo completo no a la Municipalidad sino al gremio.
Sin embargo, la jurisprudencia los asiste. Por ejemplo, el propio Tribunal de Cuentas, que más de una vez llamó la atención a los gobiernos por no justificar el pago de bonificaciones, ha fallado contra los intentos de borrarlas de un plumazo.
Tan es así que el propio Sánchez Negrete, mentor del texto que ahora buscarán modificar para que tenga consenso y sea aprobado, recibió un revés por parte del organismo que analiza las finanzas municipales cuando en 2013, tras una consulta sobre las bonificaciones por título, falló a favor de los que las percibían.
Fin a la fiesta
“¿A mí me van a bajar el sueldo?”, preguntó, preocupado, un cumplidor empleado que trabaja en el Palacio. Por lo que dicen públicamente, no. Por lo que escribieron en el proyecto, nunca se sabe. Ese caso ilustra la decisión del Gobierno de revisar para evitar malos entendidos.
Todos, sindicalistas, concejales y funcionarios, coinciden en que es hora de “meter mano” para ponerle “fin a la fiesta”. Giovanettoni lo había anunciado y no lo pudo instrumentar. Salazar tiene el respaldo de los votos, el político y la confianza de los propios empleados para hacerlo. El problema, quizás, es que quiso abordar de manera administrativa algo que tiene otras aristas. Y ya se sabe: a problemas políticos, soluciones políticas.
Vaivenes políticos
En el Concejo Deliberante, la discusión sobre el tema se puso complicada. El Frente para la Victoria hizo consultas y aseguró que no votará la ordenanza tal como está. Lo mismo señaló Américo Quintana. El Frente Renovador de Ariel Ramanzini, en cambio, se mostró a favor.
En Cambiemos hubo algunas diferencias internas que no se expusieron públicamente pero que dentro del bloque generaron un debate. Si en principio hubo quienes apoyaron de buenas a primeras la propuesta, con el correr de los días y de los análisis se mostraron más predispuestos a la revisión.
Si en el Ejecutivo Sánchez Negrete intentó calmar las aguas con la idea de que “hay dos bibliotecas, una a favor y otra en contra”, en el bloque Cambiemos fueron varios los que notaron que su posición siempre cercana a los trabajadores no los dejaría bien parados, al menos desde el punto de vista político.
En el oficialismo conviven sindicalistas de vasta experiencia, representantes gremiales noveles pero azuzados, administrativos que conocen en profundidad el funcionamiento de la administración pública, abogados y hombres de trayectoria política en el Concejo y en el Ejecutivo.
Muchos de ellos indicaron que no sería un buen resultado político aprobar una emergencia económica sin unanimidad, pero que, aun con la hipótesis de la mayoría simple propia y la absoluta gracia de los aliados, era muy grande el riesgo de la judicialización del tema.
“Se imaginan un fallo de un Juez diciéndole a Cecilio que no puede meterse con los derechos de los trabajadores. Es exponerlo en vano”, coincidieron.
Cerca del presidente del Concejo Deliberante Mario Barbieri la preocupación política era importante. Entendían que el triunfo electoral puede envalentonar pero que era necesario dar señales de construcción de acuerdos amplios. Ya se habían quedado con sabor amargo por no lograr la unanimidad en la elección del exintendente como titular del cuerpo. Ahora sintieron que no se los tuvo en cuenta a la hora de planificar un tema tan delicado.
Impulsor del Comité de Crisis, Barbieri hubiese preferido un espacio de debate donde los puntos de la emergencia fueran consensuados, para evitar el riesgo de la acusación de arbitrariedad y discrecionalidad.
“No lo están cuidando a Cecilio”, dijeron en la mesa chica del presidente del HCD, cuyos comensales señalan a Sánchez Negrete como el autor de la “metida de pata”.
En dos semanas de Gobierno han aparecido muchas, demasiadas voces que hablan “en nombre de Cecilio”.
Algunos fueron expuestos públicamente, como Franchini y Neyra, señalados por Trelles como emisarios del intendente para el acuerdo por las autoridades del Concejo que luego “no se respetó”. Otros se discutieron puertas adentro. Incluso hubo quienes aclararon que no estarían dispuestos a aprobar a libro cerrado cualquier cosa sólo porque “lo encomendó Cecilio”.
Quienes hablan seguido con el intendente saben que toma las decisiones de otra manera pero que suele delegar en los hombres en quienes confía, con la esperanza de que le solucione los problemas en lugar de generárselos. En algunos casos, al menos desde el punto de vista político, con unos ha tenido más suerte que con otros. Reconocerlos a tiempo le ahorrará dolores de cabeza.
