El remis trucho y robado secuestrado por la policía tenía, además, una patente falsificada
Las pericias detectaron que la patente del Chevrolet Astra secuestrado a un joven de 24 años que hacía viajes particulares como remisero trucho no sólo no coincidía con el motor y chasis del coche sino que además es falsificada. El fiscal Manso evalúa elevar la causa a la Justicia Federal.
El caso del remisero trucho que circulaba con un auto robado tomó un giro que hace aún más complicada la situación del joven de 24 años, identificado como Matías López: la patente que tenía puesta el Chevrolet Astra que le secuestraron era de fabricación apócrica, falsificada.
López fue aprehendido el lunes por la noche en Belgrano y Boulevard Moreno, cuando trasladaba pasajeros en un viaje de los que hacía habitualmente como remisero trucho, aparentemente y según la información disponible en la causa sin agencia aparente que lo respalde y obteniendo clientes a través de su celular, ofreciendo el servicio a conocidos.
El automóvil en el que circuaba tenía una patente que no coincidía con el número de motor y chasis, que pertenecen a otro dominio que contaba con pedido de secuestro activo por haber sido robado en Malvinas Argentinas en 2013.
Este martes, las pericias confirmaron que, además, la patente que tenía colocada era "trucha". El dominio que llevaba dispuesto el Chevrolet Astra secuestrado en poder de López fue peritado por el área de verificación vehicular de la policía y arrojó ese resultado.
Tras el secuestro del auto, López fue imputado por "encubrimiento" y recuperó la libertad. Ahora, mientras se investigan sus vínculos con el robo del coche, podría quedar involucrado en una causa federal por falsificación de patentes.
Es que la detección de una patente de fabricación apócrifa pone al fiscal Marcelo Manso en la necesidad de evaluar la posibilidad de elevar la causa a la Justicia Federal, para que sea ese fuero el que intervenga, puesto que las patentes de automóviles dependen del Registro Nacional de la Propiedad Automotor.
De todas maneras, la jurisprudencia de la Corte Suprema señala que si no hay un perjuicio directo al Registro Automotor y sin poder determinar dónde se habría cometido la falsificación de la patente, bien podría corresponderle intervenir a la justicia provincial en cuya jurisdicción se comprobó la anomalía.
El delito encuadra en el artículo 289 del Código Penal, que prevé penas de seis meses a tres años de prisión para quien "falsificare, alterare o suprimiere la numeración de un objeto registrada de acuerdo con la ley".