El que estafa gana y lo ayudan los comerciantes

“Nosotros lo tomamos como un caso más. Nos embromó y listo, porque si por cada situación de este tipo tenemos que iniciar acciones legales estaríamos en la Comisaría todos los días”, comentó un comerciante consultado sobre las medidas que se tomaron después de la reciente estafa perpetrada por un sampedrino en diversos negocios locales.
Aunque parezca increíble, la realidad es que existe muy poca movilización por parte de los comercios que resultaron damnificados por el accionar de Jorge Carcomo, el joven que utilizaba un DNI adulterado para realizar compras en cuotas.
Hoy en día, la causa iniciada en la fiscalía de la Dra. Helena Terreno por presunta estafa no ha tenido demasiados adelantos y recién ahora se podrían empezar a citar algunos testigos. Pero lo más llamativo, es que las partes damnificadas no se han presentado, porque además de la denuncia efectuada por el primo de Carcomo no se han adjuntado otras de los propios comerciantes.
“Es cierto que nos tendríamos que mover un poco más, pero uno sabe cómo funciona también la justicia en estos casos, y a veces a uno lo supera porque además de ocuparte de resolver esto, ir a declarar, etcétera, tenés que seguir trabajando”, explicó otro comerciante consultado.
En algunos casos, la pérdida es inferior a los $ 1.000, y lo que consideran los afectados es que las posibilidades de recuperar ese monto son mínimas pero si siguen adelante con acciones legales a eso deberán sumar los costos del trabajo de los abogados.

Sentar precedentes
En lo que están de acuerdo la mayoría de los comerciantes, es que el caso Carcomo sienta un antecedente muy negativo porque sino se hace justicia, resultará tentador para otros seguir el ejemplo.
Con esta convicción habían citado a los damnificados los integrantes del Centro de Comercio e Industria a una reunión que pudiera derivar en alguna acción conjunta. Pero ni siquiera el comerciante que había llevado la idea hasta la entidad se presentó ese día y la iniciativa se truncó para siempre. Algunos comerciantes consultados aseguraron que no concurrieron porque se enteraron tarde de la convocatoria, pero nadie volvió a impulsar otra reunión. “Ya fue, tendremos que tener más cuidado” dicen.
Por otro lado, la entidad insiste con la importancia de que los comerciantes se asocien al Instituto de Informes Comerciales para evitar riesgos.
“Hay algunos que ahora deben sentir vergüenza de consultar, pero muchos se manejan con un listado de nombres que no se sabe quién los hace y que está prohibido además por la Ley de Habeas Data”, explican desde la institución. Pero para la otra parte, el trámite es algo engorroso y por eso prefieren manejarse con datos propios. «A veces pedís un informe de una persona y te contestan “ni” y tampoco te sirve. No niego que es una ayuda pero uno termina haciendo lo que cree conveniente y aun así te arriesgás”, explican.
El Instituto de Informes Comerciales es exclusivo para los asociados al Centro de Comercio, y sólo se debe abonar una cuota de $ 3 mensuales para formar parte. Actualmente, de los 600 socios de la entidad, sólo unos 200 están incluidos pero de ese número sólo un pequeño porcentaje realmente lo utiliza solicitando informes cuando recibe un nuevo pedido de la institución. No son más de treinta los negocios que en forma periódica solicitan informes para asegurarse que sus clientes no tienen antecedentes como morosos en otros lugares. Uno de los motivos por los cuáles no se utiliza el servicio es porque cada informe tiene un costo de $ 1,50, pero en realidad el beneficio es importante.
El sistema en realidad funciona, si además de consultar los comerciantes también informan su lista de morosos para que esas personas se carguen en el mismo sistema, y en este punto habría mayor resistencia.
En realidad, son variadas las causas de la escasa adhesión al Instituto y muchas de ellas están relacionadas con la competencia entre ciertos comercios puntuales de un mismo rubro, y hasta por enfrentamiento de algunos sectores con el propio Centro de Comercio e Industria. Estos “roces” hace que algunos afectados por morosos no deseen ser solidarios y por eso no informan sobre esas personas, a pesar de que esa parte del servicio es gratuito.
Actualmente, unas 6.000 personas están incluidas en el listado de morosos del Instituto de Informes pero al término de dos años y siempre que haya abonado su deuda es retirado según establece la ley que regula este tipo de informes. Pero si nunca saldó la deuda, igualmente a los cinco años el Instituto debe darlo de baja siempre que no haya recibido nuevos informes sobre la misma persona.