El Poder Judicial reconoció sus límites y las entidades aseguraron que la comunidad está “desamparada”

Los resultados de la reunión que el jueves mantuvieron autoridades políticas y referentes de entidades intermedias locales con dos de los tres jueces de Garantías del Departamento Judicial de San Nicolás dejó en claro que el panorama no es para nada alentador en materia de seguridad, prevención del delito e impartición de justicia.

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La estadística delictiva de San Pedro es alarmante. Sigue al frente de todo el Departamento Judicial, que incluye San Nicolás, Baradero, Ramallo, Arrecifes y Capitán Sarmiento, y hay más: la región es la segunda en toda la provincia con mayor cantidad de detenidos por habitante.

“El sistema penitenciario está colapsado”, fue lo que les dijeron a los sampedrinos las juezas María Eugenia Maiztegui y María Laura Vázquez en la reunión. Por primera vez en mucho tiempo, la primera de las magistradas accedió a hablar del tema en púbico y lo hizo el sábado en exclusiva para el programa Sin Galera, por Apa.

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Allí repitió conceptos que expuso ante el intendente Giovanettoni, el Director de Seguridad Manchone, los concejales de la comisión de Seguridad, y los representantes del Foro de Seguridad, el Centro de Comercio, Seguridad Rural y Federación Agraria, quienes ayer, luego de analizar los resultados de ese encuentro, hicieron público un comunicado en el que se refieren con duros términos a toda la dirigencia, pero se excluyen, como si no les cupiera más responsabilidad que la de ser comentaristas de la realidad.

Intimidades de una reunión tensa
Las voces que más se escucharon en la reunión fueron las de Maiztegui del lado del Poder Judicial y la de Giovanettoni del lado de los sampedrinos. La primera dejó en claro en varias oportunidades que su tarea como jueza es actuar una vez que el delito ya fue cometido y se quejó de las voces que dicen que “los jueces  no hacemos nada” para rematar con un “no nos corresponde”.

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“Una vez que se comete el delito nosotros actuamos y tenemos que cumplir lo que manda la ley”, les dijo, tal como explicó el sábado en su diálogo con la Directora de La Opinión. De la misma manera, dijo en ambos foros que hay delitos que son excarcelables y otros que no, que cuando un delincuente es detenido tras cometer un ilícito, si el Código dice que el delito es excarcelable es su obligación liberarlos.

Lo que no dijo la  magistrada es que esa condición de “liberado” corre mientras el propio Poder Judicial tramita la causa en la que está imputado, cuya instrucción no debe durar más de cuatro meses, según el Código Procesal Penal, pero que en la práctica se demora y mucho, lo que alimenta otra estadística alarmante en la provincia: el 70 por ciento de los presos no tiene condena, es decir son procesados a la espera de una resolución que establezca fehacientemte si son culpables y qué sanción les corresponde.

“Toda la tarea de prevención del delito es ajena a nosotros”, fue una oración con la que insistieron las juezas, que revelaron, por  otra parte, que el Gobierno provincial no sólo tiene problemas para prevenir de manera integral el delito -policías, educación, desarrollo social, trabajo, cultura- sino que además ni siquiera puede cumplir como debe con el proceso punitivo: la Unidad Penal de San Nicolás tiene casi 700 presos cuando el cupo es  para 400; en alcaidías con celdas para dos personas hay cuatro; en comisarias donde debe haber cuatro detenidos hay 15.

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Como un chiste de mal gusto, en el Poder Judicial nicoleño respiran aliviados porque el Dr. Gabriel Ganon ahora es titular de la Defensoría de la provincia de Santa Fe y ya  no está en la zona. Su opinión es que el reconocido garantista tenía “una posición muy distinta” y que “todos los días tenía un problema”, lo que equivale a decir que todos a diario observaba las malas condiciones de detención: falta de comida, de colchones, de higiene y, lo peor, aquello que las propias juezas describieron con perfección en la reunión respecto de las cárceles bonaerenses:  “Son máquinas de generar violencia”.

A la Provincia le caben todas esas problemáticas, como los calabozos clausurados que nunca fueron reacondicionados. Si a ello se suma que una ciudad como San Pedro tiene una ínfima cantidad de efectivos policiales, mal equipados y con móviles inutilizados, el panorama es aun más desolador.

“Cuando la policía logra detener y la población se entera que fueron liberados, se enoja”, les dijo con buen tino Manchone. La respuesta fue esquiva: “Que los delitos sean excarcelables no es algo que dispongamos nosotros”. Es cierto, los códigos no los redactan ellos, sino que los aplican. Con cuánta celeridad es otro tema.

Si bien Maiztegui reconoció que los jóvenes no tienen condiciones para el proceso de rehabilitación, sí consideró que no todo está perdido y que con intervenciones mínimas como el seguimiento escolar puede lograrse mucho. También dijo una verdad de Prerogrullo que muchos candidatos en campaña se ocupan de ocultar en pos de una demagogia punitiva que no contribuye a solucionar el problema: el derecho penal está para sancionar, pero si esa sanción se aplica en las condiciones actuales de las cárceles, nada puede mejorar. “Mi opinión es que sin más educación y sin más trabajo, esto no va a cambiar”, les aclaró.

La reunión se puso complicada cuando Giovanettoni tomó la palabra para decirles que su sensación, finalmente, era la misma que la del año pasado, cuando fue como concejal a un encuentro similar: de preocupación e impotencia. Repitió allí lo que ya dijo públicamente respecto de los incumplimientos de las promesas de su propio Gobierno provincial a través del segundo del Ministro Granados, Fernando Jantus, a quien el apodo “Chantus” lo define en las calles sampedrinas.

El intendente recogió el guante de las juezas que plantearon las responsabilidades de los otros poderes del Estado y les recordó que tanto a los políticos como a los policías y fiscales la población los ve a diario, los puede interpelar con marchas o visitas a sus lugares de trabajo, pero a ellas no. “Si usted camina por las calles del centro de San Pedro, nadie la reconoce”, le disparó.

Un duro comunicado
Las entidades emitieron una opinión tras las reuniones, de las que la del jueves en San Nicolás fue la última tras hacer lo propio con fiscales, autoridades policiales y políticas. No perdonaron a nadie. Consideraron que  “la dirigencia política ha actuado con negligencia e ineficacia” y que no han estado “a la altura de las circunstancias”.

“Educación: Establecimientos abarrotados de alumnos, muchos de ellos en condiciones edilicias  lamentables; Trabajo: Escasa o nula preocupación en la generación de nuevos puestos de trabajo”, señalaron desde el punto de vista social.

“Policía: Grave déficit de capacitación, recursos humanos y materiales; al igual que las escuelas, las dependencias se encuentran en estado deplorable”, agregaron.

“Justicia I: Fiscalías desbordadas de expedientes funcionando en condiciones inapropiadas para la delicada tarea que les compete; Justicia II: Juzgados de Garantías con el sistema carcelario colapsado y jueces con instrucciones precisas de dejar en libertad a la mayor cantidad posible de procesados hasta que las causas prosperen”, apuntaron. 

“Poder Ejecutivo Municipal: Con un amplio esquema de funcionarios que percibe salarios asimétricos para la obra que realizan. Sin programas efectivos de contención para los jóvenes, violencia familiar o social. Sin un plan de acción coordinado para enfrentar estas problemáticas”, dispararon contra el Gobierno.

“Poder Legislativo: Ausente y distraído, también con un alto presupuesto de dietas y un funcionamiento que casi no provee beneficio alguno a la comunidad. Dividido en comisiones que no logran el quórum necesario para tratar los temas urgentes y sin efectuar un control real de las ordenanzas vigentes”, señalaron contra el Concejo, de mayoría opositora.

“Si todos los responsables y especialmente los legisladores y funcionarios no planifican y proveen los presupuestos y medios que hacen falta, seguiremos contando víctimas, describiendo tristes episodios y esperando que si no nos tocó aún, en poco tiempo, también seamos parte de esa lista que ya es mayoría: Los desamparados”, finaliza el comunicado.

El texto difundido ayer no hizo hincapié en las responsabilidades sociales que les -nos- corresponden a todos en una ciudad cuyo proyecto de programa de inserción laboral solventado por la Provincia sólo pudo aplicarse en el Municipio porque no hubo empresarios dispuestos a contar en su staff con personas que tuvieron problemas con la ley penal.

En una ciudad donde, como bien señaló la Jueza, el trabajo es poco y el que hay es precario, lo mejor no es mirar la paja en el ojo ajeno sino propiciar las condiciones para que las soluciones sean colectivas. “Si no trabajamos juntos, a San Pedro no lo saca nadie de la situación en la que está”, es una frase repetida en todos los ámbitos. Pero además de declamarla hay que hacerla posible.